Opinión

  • | 2011/04/27 00:00

    El estado del país

    No debemos olvidar en qué situación se encuentra Colombia. Nunca había estado tan mal.

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Decir que al Dr. Santos le está yendo bien es innecesario: eso nadie lo discute. Nos sentimos mejor con un mandatario prudente y mesurado que con un cazapeleas que mantenía erizado a todo lo que tenía que ver con él. Lo malo es que por eso se nos olvide pensar en qué estado se encuentra Colombia.

La nueva manera de manejar las situaciones y los problemas no implica que hayan desaparecido. La fijación de juzgar alrededor de las personas -los escándalos de los Nule y de los funcionarios del anterior gobierno y el despliegue a las actuaciones del presidente Santos-, no solo trae el vicio de buscar chivos expiatorios o mesías como único foco de atención, sino hace olvidar que los males siguen y que si no se reconocen y se estudian para ver qué nos está pasando y qué balance nos dejan, no se corregirán.

Se vuelve estadísticas todo lo que se divulga sobre las calamidades que nos acontecen pero se citan sin pensar lo que significan.

Se enfatiza el aumento de las capturas de delincuentes sin destacar la forma en que el fenómeno del crimen ha subido, ni la incapacidad de los sistemas carcelario y judicial ante este incremento.

Al decir que el Estado perdió el año pasado procesos judiciales por $1,1 billones no sabemos ni qué pasa con los culpables de ello, ni nadie nos recuerda que nosotros, todos los colombianos como contribuyentes, lo pagamos con impuestos. No se destaca que además el Gobierno estima que hay otras pretensiones contingentes por $431 billones en trámite (¡y quién sabe cuánto con altas posibilidades de concretarse!)

Al caos climático se adicionan el caos legislativo y administrativo: de 29 decretos estudiados, de los expedidos como emergencia por las inundaciones, solo cuatro de los que tenían que ver con las fuentes y los destinos con que se iba a enfrentar esa situación fueron aprobados por la Corte Constitucional, lo que deja en el limbo casi todo lo que suponía ser el manejo de la tragedia (¿quién o quiénes son o qué se ha oído de los responsables de ese manejo).

Al día de este escrito hay 36 carreteras cerradas y más de 200 con paso restringido. Pero la multiplicación por tres de los vehículos en circulación y un Ministerio de ocho años que solo el último mes del mandato se acordó de la necesidad de tener troncales, acabaron con la movilidad en el país: con o sin aguaceros el tránsito por carretera será un imposible mientras estas se construyen.

Hay 2'800.000 damnificados por las aguas, reconocidos por el Ministerio del Interior, pero no todo es atribuible a deslizamientos e inundaciones; el abandono de las zonas marginales -que es donde sufren estas afectaciones- fue en la práctica parte de una política de Gobierno; tanto se dedicó a la 'guerra a las Farc' como se desvió de inversiones alternativas para prevenir o aliviar la situación de esos marginados de nuestra sociedad. También el retorno de los desplazados de la violencia sin resolver el conflicto ya está demostrando el resurgimiento -o la continuidad- de la misma.

Los datos halagadores sobre crecimiento no dicen en qué está basado ni cuáles efectos produce. Ningún estudioso de la economía o del desarrollo puede decir que es un avance el disminuir la participación de los sectores productores de riqueza y de empleo -como la industria o el campo- y sustituirlos por un modelo extractivo donde solo se vive de consumir recursos no renovables y de reemplazar mano de obra por maquinaria. Tampoco son muchos los que aún defienden que primero está el crecimiento y que después la distribución vendrá por añadidura… menos en uno de los países de más desigualdad del mundo y el de más brecha de todos los países con desarrollo comparables.

Mal se puede hablar de que es suficiente la vigencia de un sistema electoral para representar una democracia, cuando en lo económico y en lo social se manifiesta una marginación y exclusión de sectores enteros de la población con la más antidemocrática distribución del ingreso y la riqueza, y del poder y las oportunidades. Difícil aceptar que se ha preservado el régimen democrático porque la Corte Constitucional impidió la repetición del cambio de un 'articulito' cuando al tiempo se aceptó el fruto de un cohecho que además se pretende que puede ser unilateral. Es apenas natural que en clientelismo y corrupción derive el sistema que nos rige.

No parece ser exageración pensar que, si antes el TLC fue visto como un tratado de adhesión donde desde la propuesta hasta los textos los aportaba la contraparte, hoy, cuando 'no aceptaremos ningún cambio de lo firmado' pero sí 18 condiciones previas con listado y cronograma para cumplirlas, puede ser visto como un acto de vasallaje, un tratado de humillación que se acepta sin vergüenza alguna.

La corrupción no nace espontáneamente porque los colombianos son corruptos. Es el resultado de unas políticas que no se ha ni siquiera insinuado cambiar (todo el modelo neoliberal con sus AIS, sus concesiones, sus privatizaciones, etc.); la promueven -así sea involuntariamente- los que en forma prepotente las defienden sin consideración a las consecuencias malignas que producen; y que llevan a lo peor, como es la institucionalización de la 'presunción de delincuencia' para los funcionarios que las ejecutan, y de impunidad para quienes las deciden y/o se benefician de ellas.

A estas horas ya quienquiera que haya tomado un mínimo de tiempo para informarse y reflexionar tiene claro que la truculencia de los medios de comunicación convertida en 'opinión pública' (todos opinamos de acuerdo a lo que nos informan) se convirtió en algo peor que una cacería de brujas; peor que el mal de la 'corrupción', puede ser el de una Justicia Mediática a la que motiva solo el rating o los intereses protagónicos de sus miembros.

Pero lo más diciente como realidad brutal del país, lo plantean las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH volvió a incluir a Colombia en su "lista negra", preocupada con los 1.244 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, de los cuales dictadas solo van 40 sentencias condenatorias y 10 absolutorias (esto agravado por los 'conflictos de competencia' entre la Justicia Militar y la Ordinaria pues, aunque han trasladado 299 casos, hay 200 más sin resolver). Con un proceso de 'Justicia y Paz' donde solo se han producido dos sentencias, y eso sin que aún se encuentren en firme. Con la persistencia de bandas criminales de narcos y ex paramilitares -las Bacrim- que continúan con las masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones en contra de la población. Con la política de extraditar a los líderes paramilitares a Estados Unidos afectando los aspectos de Verdad, Justicia y Reparación, ya que a pesar de los mecanismos supuestos de cooperación con ese país lo que se ha visto es que 'aún no han producido resultados'. También lamenta el manejo del tema del DAS, con el asilo político de los responsables ante inminentes actos de imputación de cargos y la creación de la nueva agencia civil de inteligencia. 

No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno sino de constatar hasta dónde ha bajado: nunca Colombia había estado tan mal.
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