Opinión

  • | 2008/02/28 00:00

    El despropósito del multipropósito

    Ya se había acordado que no era necesaria, conveniente ni factible la ejecución del proyecto Urrá II. Ahora el Ministro de Minas la revive.

COMPARTIR

El reciente anuncio del Ministro de Minas y Energía sobre desempolvar el tema de la construcción de una segunda fase de la hidroeléctrica Urrá, mejor conocida como Urrá II, ha despertado todo tipo de reacciones. Y es que no es para menos. La construcción del proyecto multipropósito Urrá I -producción de energía y control de inundaciones- ha sido uno de los principales despropósitos del país, no solo por sus precarios beneficios económicos y energéticos sino especialmente por los impactos ambientales y culturales ocasionados.

Hagamos un poco de historia. El Plan de Expansión del Sector Eléctrico del gobierno nacional 1986-2000 incluyó como prioritario el proyecto hidroeléctrico Urrá. Eran épocas del famoso apagón, situación que influyó para que el gobierno nacional se dejara torcer el pescuezo por parte de la bancada parlamentaria de ese momento para retomar un viejo anhelo que había sido descartado en diversas oportunidades. La represa, con un costo superior a los US$800 millones, solo generaría un 3% del total de la energía nacional.

En su momento (1993) el Inderena otorgó la licencia ambiental a Corelca para la etapa de construcción de la represa pero condicionó su llenado y operación al cumplimiento de todos los requerimientos ambientales. Simultáneamente, entre 1993 y 1996, el Incora constituyó dos resguardos indígenas en los ríos Sinú, Verde y Esmeralda para las comunidades Emberá Katio, reconociendo de esta manera el derecho a los territorios históricos y tradicionales de estas etnias, parte de los cuales quedarían bajo las aguas del embalse.

Una vez creado el Ministerio del Ambiente este asumió el tema y ordenó, a partir de los nuevos derechos otorgados a las comunidades indígenas por la Constitución del 91, realizar la consulta previa y satisfacer los requerimientos ambientales, aun no cumplidos, antes de iniciar el proceso de llenado y operación. Para ese momento la represa ya estaba construida. Las comunidades indígenas, al ver vulnerados sus derechos, interpusieron una acción de tutela que fue considerada improcedente, en primera y segunda instancia, tanto por el Tribunal Superior de Montería como por la Corte Suprema de Justicia, situación que llevó a la Corte Constitucional a su revisión.

Para esa Corte la situación ameritaba una medida provisional de protección de los derechos fundamentales del pueblo Emberá-Katio, por lo que ordenó suspender el llenado y funcionamiento del embalse hasta decidir sobre el amparo judicial, para lo cual inició una serie de averiguaciones sobre lo que realmente estaba sucediendo. La Corte estimó que "la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se cumplió en forma irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Emberá-Katio, pues se omitió la consulta que formal y simultáneamente debió hacérsele". La Corte ordenó indemnizar a cada uno de los indígenas durante 20 años con el fin de garantizar sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcción de la represa.

Mientras tanto, la región del Alto Sinú era escenario de una fuerte disputa territorial entre guerrillas y paramilitares. El campamento central de Carlos Castaño se localizaba en el Nudo de Paramillo, donde nacen los ríos que surten el embalse. Fueron muchos los indígenas asesinados o desaparecidos en medio del conflicto.

Ante un costo humano, económico y social tan alto, uno de los acuerdos a los que se llegó a lo largo del proceso de concertación entre el gobierno nacional, la empresa y las autoridades indígenas, por orden de la Corte Constitucional, dice textualmente: "Dentro de la política del sector eléctrico, el gobierno nacional no encuentra necesario, conveniente ni factible la ejecución del proyecto Urrá II...".

En vez de desconocer este acuerdo, el Ministro Martínez debería más bien mirar cómo regular la producción de energía de Urrá I, puesto que las inundaciones que afectan a Montería y vastas zonas productivas de la región son causadas en gran parte por el aumento del caudal del río, producto de la generación de energía cuando los precios están altos, sin considerar ningún tipo de consecuencias aguas abajo. Otro despropósito del proyecto multipropósito.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?