Opinión

  • | 2004/01/23 00:00

    El debate sobre los acuerdos humanitarios

    ¿Cuáles son los alcances de un acuerdo humanitario y cómo explicar la confusión que se ha generado sobre el intercambio de presos por retenidos en poder de la guerrilla?

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Por la necesidad de diferenciar el Proceso de Paz y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario se ha solicitado al Gobierno que designe un responsable de los temas humanitarios -en particular de los Acuerdos Especiales- distinto del Alto Comisionado para la Paz (como se hizo en el Congreso de la República).

Esto no se ha logrado, pero aparentemente escogió el Presidente al doctor Jaime Jaramillo Panesso, como vocero más que oficioso, cuasioficial (dada su cercanía y el protagonismo que le ha dado al invitarlo a la reunión semisecreta del Presidente con Felipe Torres y autorizarlo -se supone- a publicar información sobre la misma). En tal condición es pertinente comentar sus opiniones.

El DIH es más un código de Etica que de Derecho. No es propiamente una jurisdicción en la medida en que no tiene jueces, ni derecho procesal, ni penas, etc.; ni en particular, órgano estatutario responsable y competente para definir sobre posibles interpretaciones de sus preceptos (como la Corte Constitucional respecto a la Constitución). Además, por lo reciente de su desarrollo, se puede decir que apenas está en evolución.

Eso explica las divergencias que se presentan, ya que cada cual escoge en él los conceptos que coinciden con la posición que asume sin que sea posible acudir a una interpretación de autoridad que resuelva el caso.

Hay un error (y grave) del doctor Jaramillo al describir al Comité Internacional de la Cruz Roja como "órgano de la ONU, intérprete y guardián del DIH", puesto que la importancia de la organización Cruz Roja radica en su condición de apolítica, neutral y con un objetivo único estrictamente humanitario, en contraste con la función y la naturaleza política de la ONU (razón existe para que los delegados de este organismo benevolente se sientan molestos con esta confusión); y puesto que, a pesar de ser la máxima jerarquía en el ámbito del DIH, no es responsable de ninguna de las dos funciones que el columnista le atribuye.

Podría ser esta una confusión por la situación particular de Colombia, donde, al acordar la venida de un Delegado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se le asignó la función de asesorar también en temas del DIH. Eso explica que, aunque en principio no sea función o competencia de los funcionarios de la ONU pronunciarse sobre el DIH, el señor Frühling, quien en este momento ejerce ese cargo, opine naturalmente en el sentido que lo ha hecho el vocero del CICR.

Lo cual nos lleva a estudiar las declaraciones del representante del CICR Juan Pedro Schaerer, cuando afirma que una negociación para intercambiar los retenidos en poder de la guerrilla por presos de esa agrupación sería un acuerdo político pero no humanitario, dada la prohibición de tomar rehenes.

Respetando la jerarquía del CICR y de su representante, y repitiendo que el debate es bizantino porque no hay instancia competente para resolverlo y porque la interpretación efectiva será la del desarrollo que se le dé -es decir, la voluntad de quien lo aplique-, valen algunas consideraciones:

- La toma de rehenes puede suceder durante la guerra y proponer que el DIH veta la búsqueda de acuerdos para liberarlos al existir esa prohibición es como afirmar que se puede bombardear un sitio donde los militares se mezclan con los civiles porque esta estrategia está prohibida. Un acto que no tiene propósito ni efecto distinto que el alivio de las víctimas de la violación al DIH no puede estar excluido del mismo.

- En cuanto a lo jurídico, en ninguna parte lo dice y en derecho es bien sabido que las prohibiciones tienen que ser expresas. Lo prohibido es la toma de rehenes, no los posibles acuerdos para acabar con dicha situación una vez creada. De la posibilidad de violación a una norma se deriva la regulación al respecto, es decir, la sanción, la corrección, la reparación, etc. Bien entendido el Artículo 3, con esto se relacionan los Acuerdos Especiales. Aunque el DIH es imperativo en cuanto a la obligación de buscarlos ('las partes harán lo posible.') y en cuanto al propósito de ellos ('por poner en vigor . la totalidad o parte de las otras disposiciones del convenio'), al ser 'acuerdos' y ser 'especiales' no son regulados, sino opcionales en cuanto a su contenido.

- El Protocolo II, aplicable a nuestro conflicto interno, 'desarrolla y complementa' el Artículo 3 común e idéntico en los 4 Convenios de Ginebra y se aplica sin distinción alguna a 1. 'heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña'; 2. 'heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; 3. 'prisioneros de guerra'; y 4. 'personas civiles en tiempo de guerra'. Son todos 'retenidos' o 'privados de libertad' que es la única categoría que el Protocolo II contempla. Sin una definición de cuándo o por qué un 'privado de libertad' sale de dichas categorías y se convierte en rehén, el debate es bizantino.

- Infortunadamente (y con seguridad involuntariamente), la calificación de 'acuerdo político' refuerza la posición del Presidente de condicionar la posibilidad de una negociación a las ventajas que en él se logren y no al propósito de alivio de las víctimas.

- Lo que es claro es que la esencia de esta codificación ética y humanitaria es similar a la del Juramento Hipocrático de los médicos; no hay mecanismos coactivos para imponer su aplicación pues la obligación emana del compromiso con uno mismo y con el conjunto de la humanidad, no está sujeta a reciprocidades contractuales. Su naturaleza no es punitiva ni incluye medios para cumplir funciones preventivas ya que es más una declaración de principios.

- Para darle efectividad ('dientes'), se creó la Corte Penal Internacional donde en una estructura propiamente jurisdiccional (Estatuto de Roma) se recoge el espíritu y casi toda la letra de los Convenios, en este caso sí mediante instrumentos jurídicos que permiten imponer su cumplimiento.

De ahí lo interesante de lo planteado por el doctor Jaime Arrubla (quien como Secretario Jurídico del Gobierno Pastrana analizó el tema) al destacar que el cambio de calificación dada por la Fiscalía al delito en el caso de Ingrid Betancur (sustituyendo 'secuestro' por 'toma de rehén') tiene varias connotaciones. No que signifique darle categoría de beligerante a la subversión y menos que de esta calificación dependa la vigencia del DIH y del Protocolo II; pero sí que implica que sí hay condiciones de guerra y no solo acciones terroristas y que se excluye de la competencia de la Corte Penal por pertenecer a la categoría de 'crímenes de guerra' sobre la cual Colombia mantuvo la reserva por 7 años.
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