Opinión

  • | 2003/10/04 00:00

    El costo político de las reformas estructurales

    Reformar cuesta votos y no es una estrategia recomendable para políticos temerosos.

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La apertura, las privatizaciones, la liberación financiera y otras reformas pro mercado fueron la orden del día durante los 90, pero hoy se encuentran estancadas en la mayoría de los países latinoamericanos. La principal razón de ese estancamiento es que el público no cree en sus beneficios y ha castigado en las urnas a los reformadores.

Solo uno de cada cuatro latinoamericanos cree que las privatizaciones han sido benéficas, según las encuestas más recientes de Latinobarómetro, mientras que hace cinco años, quienes estaban a favor todavía eran mayoría. Lo mismo ha ocurrido con las opiniones sobre otros puntos de las reformas.

Como es de esperarse, el descontento con las reformas ha tenido efectos electorales. Este costo electoral no es fácil de calcular, porque en las decisiones electorales inciden numerosos factores. El que al partido político de un gobierno reformador le vaya bien o mal no es prueba suficiente de que las reformas que hizo le hayan producido beneficios o costos electorales. Eso solo puede saberse analizando un cierto número de elecciones, de manera que la influencia pueda aislarse de otros factores.

Es lo que hemos tratado de hacer Mauricio Olivera y yo en un estudio econométrico basado en 40 elecciones recientes en países latinoamericanos1. La conclusión a la que hemos llegado es que el partido de un gobierno que adelanta reformas pro mercado relativamente ambiciosas (como Gaviria a principios de los 90) puede pagar por ello más o menos una cuarta parte de su caudal electoral.

Los politólogos tienen buenas razones para pensar que ese costo electoral es menor cuando las reformas son respuesta a una situación de crisis, cuando a la economía le va bien durante el gobierno reformador y cuando las reformas se hacen cumpliendo promesas electorales, en vez de ser por sorpresa, como ocurrió a comienzos de los 90 en Argentina y Perú. Quizás, pero nuestros estudios no han dado ningún soporte a estos argumentos.

Lo único que definitivamente alivia el costo electoral de las reformas estructurales es hacerlas en paquete con medidas macro que reduzcan muy fuertemente la inflación. Fue lo que hicieron, precisamente, Menem y Fujimori a comienzos de los 90, gracias a lo cual fueron reelegidos. El problema es que las hiperinflaciones pueden matarse una sola vez. Cuando trataron nuevamente de ser reelegidos, ambos fueron vapuleados.

Puesto que los electores castigan a los partidos reformadores, no es una sorpresa que las reformas hayan tendido a estancarse. Pero, ¿quiere decir esto que empezarán a revertirse? No necesariamente, porque los cambios en sentido contrario también pueden ser costosos electoralmente, como lo es cualquier política que altera en forma importante el statu quo.

¿Demuestra esto que los críticos del "modelo neoliberal" tienen la razón? Tampoco, porque nadie ha demostrado que las opiniones populares sobre las reformas sean un juicio acertado sobre su eficacia. La opinión está reflejando más bien la percepción sobre la transparencia con que se han hecho las reformas y el descontento con el mal desempeño reciente de la economía, que puede deberse a razones que nada tienen que ver con las reformas, como la violencia y el desarreglo fiscal en el caso colombiano.

Reformar cuesta votos y no es una estrategia recomendable para políticos calculadores, que pueden salir mejor librados adaptándose a la opinión en vez de guiarla. Pero para los políticos con visión de largo plazo y capacidad de liderazgo pueden ser una apuesta atractiva para enfrentar el estancamiento económico y social de sus países.



Nota: El autor está vinculado al BID, pero esta columna no compromete a esta institución.

1. "The Electoral Pay-off of Economic Reforms", presentado al Seminario de Economía Política de Lacea y Fedesarrollo, Cartagena, septiembre, 2003.
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