Opinión

  • | 1999/09/24 00:00

    El costo de la paz

    Bien manejada, la inversión social requerida para lograr la paz no tiene por qué asfixiar las posibilidades de desarrollo. Todo lo contrario.

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Como Chucho Bejarano , al que ya callaron en forma definitiva, soy de quienes creen que la paz no debe lograrse entregando los derechos de las mayorías y menos los derechos de los individuos. Me preocupa que la sociedad colombiana haya llegado, por temor y agotamiento, a aceptar que unos grupos armados, sin respaldo popular y con un ostensible desprecio por la democracia y las libertades individuales, tienen derecho a negociar con el gobierno, o con la mítica "sociedad civil", o con quien sea, el futuro del país.



Hay muchas cosas por las que vale la pena luchar y que un Gobierno democrático está obligado a defender. Las libertades individuales y los derechos de las minorías son una de ellas. Se sabe que la guerrilla ha venido sacando a empellones, de los municipios que les fueron entregados, a los pastores evangélicos, a los curas, a los homosexuales y hasta a los maridos y las señoras que acostumbraban echarse una cana al aire y a los muchachos que querían llevar el pelo largo. Para lo único que ha servido hasta ahora la famosa "zona de distensión" es para mostrarle al país lo que la subversión opina de los derechos individuales.



Pero si he decidido escribir sobre el costo de la paz no es porque crea que tenga que ser alto. Todo lo contrario. Con la condición de que haya claridad sobre las cosas que no pueden entregarse no comparto la opinión, que les he escuchado a varios empresarios, de que el costo de la inversión social para la paz va a sofocar durante años las posibilidades de crecimiento.







No es cierto que el costo de la inversión social para la paz vaya a sofocar durante años las posibilidades de crecimiento.



Cuando escribo esto el Presidente Pastrana inicia una nueva visita a Estados Unidos cuyo principal propósito, según los medios, es conseguir US$3.500 millones como apoyo al Plan Colombia para la paz, cuyo costo total sería de US$7.500 millones. La suma que se aspira a obtener (no en esta primera oportunidad, ni solo de Estados Unidos) equivale al 4% del Producto Interno Bruto colombiano.



La aspiración colombiana no es modesta. El Plan Marshall para la Europa de la posguerra, que costó US$13.000 millones entre 1948 y 1951 (unos US$90.000 millones de hoy) no alcanzó a representar más del 5% del Producto Interno Bruto de ninguno de los países apoyados, donde la infraestructura productiva había sido destrozada por la guerra.



Pero, de otro lado, cuando se compara la ayuda solicitada con la producción sacrificada por la recesión o con el déficit de la balanza corriente, es claro que, más productiva que la actitud pedigüeña, tan propia del espíritu nacional, sería una buena política económica.



¿Sabía usted que los US$3.500 millones que ahora estamos solicitando al resto del mundo serán como la mitad de la diferencia entre el PIB de US$95.500 millones que se hubiera podido lograr este año con un crecimiento de 3%, y los US$89.000 millones o menos que vamos a registrar, tras una caída de 3%? ¿O que, debido a una política de sobrevaluación del peso y a las locuras monetarias de nuestro banco central independiente, entre 1993 y 1998 acumulamos un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que es ocho veces la suma por la que ahora estamos pasando la escudilla?



Pero mi punto va más allá de señalar que la suma para las inversiones del Plan Colombia, que a tantos preocupa y les parece difícil de cubrir, es apenas una fracción de lo que hemos feriado. La cuestión de fondo es que, cuando un país dispone de muchos recursos ociosos, un aumento de la inversión no tiene por qué tener un costo neto. Decir que el costo de las inversiones de paz "nos sofocará" es comparable a opinar, en la Europa de la posguerra, que la colosal tarea de reconstruir la infraestructura mantendría deprimidas durante lustros a esos países.



Es casi lo contrario. Del cuero saldrán las correas, por lo menos mientras se sigan políticas adecuadas. Si la política económica está a la altura requerida, como en la Europa de los 50, el proceso de la reconstrucción y la atención de las múltiples necesidades insatisfechas puede convertirse en un potente catalizador del desarrollo.



¿Quiere decir lo anterior que el proceso de canalización de los recursos ociosos hacia las inversiones y los gastos de la paz ocurrirá en forma automática, sin que se presenten desequilibrios y aun traumatismos transitorios?



De ninguna manera. El problema de canalizar hacia la producción recursos inicialmente ociosos es casi tan complejo como el del crecimiento de un organismo vivo, y rebasa cualquier posibilidad de planeación. Solo el mercado está en capacidad de resolverlo, y el combustible del mercado son los desequilibrios.



Pero, como en la Europa de la posguerra, donde a nadie se le hubiera ocurrido la necedad de que la prioridad absoluta tenía que ser el equilibrio fiscal, la función clave de las autoridades, y la única de tipo económico donde son irreemplazables, es la de mantener un volumen adecuado de demanda agregada y preservar la vigencia del mercado.





Ahora. ¿De verdad es indispensable esperar a que Tirofijo las exija para que comencemos a hacer las inversiones que tendrían que hacerse?
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