Opinión

  • | 2008/02/28 00:00

    El caso Carimagua

    La modalidad que ahora se ofrece tiene por único objetivo que los activos de la nación sirvan para que con el mínimo de riesgo inicial se enriquezcan más unas empresas poderosas; no se ve cuál es la compensación que recibe el Estado o la ciudadanía por esto.

COMPARTIR

El intento de cambio de destinación del predio Carimagua -de propiedad del Estado-, para 'concesionarlo' a unas empresas palmicultoras en vez de cumplir con el compromiso de adjudicarlo a familias de desplazados, abrió demasiados interrogantes para que deba ser cerrado solo con la declaración del Ministro de Agricultura.

El argumento para no cumplirles a quienes se les había prometido es lógico y válido tal cual lo presenta hoy el gobierno: se puede ir incluso más allá y hacer claridad respecto a que la entrega de tierra a una persona nunca le permitirá competir contra la producción agroindustrial, ya que la disminución de costos por economías de escala, eficiencia administrativa, capacidad financiera, investigación y tecnología, etc. hace que el precio de venta que ponen las agroempresas en el mercado sea inferior a los costos del productor campesino, o sea dentro de las leyes del mercado su explotación será a pérdida (solo tendría sentido si se pretende que vivan aislados en modelos de autosuficiencia). La tierra como factor de producción hoy no representa casi nada en comparación con los otros factores como los costos de un riego, la maquinaria, la capacidad de endeudamiento, y mucho menos cuando son tan pobres como esas y se requiere tantos complementos y tanta inversión que toca comenzar por lo que llaman 'hacer la tierra' (fue el caso del famoso 'cerrao' brasilero donde inversiones planeadas y subsidiadas por el Estado durante 20 años las convirtieron en rentables).

Pero ¿por qué ese análisis tan obvio no se hizo antes y se decidió entonces por lo que hoy se aclara que era absurdo? Lo mínimo que muestra es que hay falta de seriedad y demagogia barata en el trato a los desplazados (lo cual no es un buen mensaje para los países y las organizaciones que han ayudado en este problema).

Viene ahora la propuesta de entrega a las empresas palmeras. Pero resulta que se propone bajo una nueva modalidad que en la práctica consiste en que acceden a la tierra sin tener que comprarla. Ya se ha destacado la cantidad de beneficios que se ha otorgado al sector palmicultor (exención de impuestos de patrimonio, financiación blanda, subsidios para biodiesel, etc.). Vale la pena destacar que además, al estar exentas de gravamen las utilidades durante 10 años, no solo se beneficia la promoción de esta actividad en empresas sanas para bien del país, sino que, entendiendo que 'lavar' o 'blanquear' capitales no es circularlos en economías irregulares (como el contrabando o los Sanandresitos) sino volverlos declarables y que puedan aparecer en la economía formal, también se convierte en la más eficiente y barata lavandería para capitales sucios, puesto que basta con no reclamar fiscalmente los gastos y así todo lo que se presenta como alta rentabilidad queda limpio de mancha y pecado. El vínculo que ha encontrado la fiscalía entre algunas de esas empresas y el paramilitarismo deja muy mal sabor a esta propuesta.

Y respecto al cambio de destino de estas tierras -sea para los desplazados o para las empresas- falta también la explicación de por qué se abandona la función que estaba cumpliendo de centro de investigación: sea cierto o solo demagogia el proyecto publicitado de la gran explotación de seis millones de hectáreas de la altillanura, es claro que lo que más se necesitará es desarrollo del conocimiento y de las tecnologías para adelantarla; esa granja no solo tiene ya un recorrido con una cantidad de recursos invertidos (porque sí es verdad que son tierras lejanas, inhóspitas y pobres, pero por eso el Estado ha usado decenas de miles de millones en ensayar adecuaciones y crear infraestructuras para ver cuándo y cómo se vuelven productivas y rentables) y un acerbo de información que se perdería, sino también experimentos en trámite que se abandonarían. La justificación para esto no se conoce ni parece que exista.

Pero muchísimo más debatible en el fondo que la pregunta hasta ahora planteada de ¿a qué se deben destinar las tierras? es el cómo y el porqué de esa propuesta del Ministro.

Se ha insinuado que podría mediar algún interés personal o alguna forma de 'corrupción' detrás de esta decisión; las declaraciones de quien por tener relación con el Ministro de Hacienda y con una de las entidades 'invitadas' aparecía como 'sospechoso' parecen aclarar que no es este el caso. Sea como sea, el buscar la corrupción siempre como explicación es buscar el mal en las ramas y no en las raíces: mucho más grave que un sistema sea mal utilizado y que por la intervención de individuos pervertidos se causen eventualente perjuicios, es que el modelo o sistema mismo dentro de su funcionamiento genere los males.

Detrás de esta decisión hay una concepción del Estado y de la función de la economía que considera que la generación de riqueza es la única razón de ser de ambos, y que relega a un papel secundario lo social, lo político y lo jurídico.

La figura de la concesión o aún la de las privatizaciones de las responsabilidades del Estado -v. gr. los servicios públicos- son justificables porque sirven una necesidad colectiva; así, aunque sea cuestionable que esa enajenación del patrimonio del Estado sea solo para sufragar gastos de funcionamiento (la venta de la nevera para pagar el mercado), queda el resultado de que se sigue atendiendo el interés público; pero la modalidad que ahora se ofrece tiene por único objetivo que los activos de la nación sirvan para que con el mínimo de riesgo inicial se enriquezcan más unas empresas poderosas; no se ve cuál es la compensación que recibe el Estado o la ciudadanía por esto.

Y más inquietudes que el ningún interés social detrás de tal propuesta produce el manejo que se le ha dado a esto. Ante la aparición de un concepto de la Procuraduría, dijo el Ministro que se le olvidó informar a los órganos de control; eso en plata blanca quiere decir que lo hacía a espaldas de estos, y, por voluntad o por indiferencia, en forma clandestina. Teniendo en cuenta lo novedoso y al mismo tiempo objetable de tal iniciativa (se ha visto más que objetada) no satisface esa simple explicación para justificar lo sucedido. Menos aún cuando se vino a saber que se habían escogido unas empresas 'interesadas' y que la audiencia pública tenía una fecha cierta que no había sido divulgada (o lo que sería peor: que llenó las formalidades legales pero se mantuvo fuera del conocimiento de otros posibles interesados). La actitud del Ministro en la entrevista donde por primera vez tocó el tema pareció más bien desafiante, cuando a la anotación de que la Procuraduría había emitido un concepto desfavorable respondió que al respecto 'ya veremos' y anotó a renglón seguido que de todas maneras ese concepto no obligaba.

Más que lo inesperado del cambio de destino de las tierras debe inquietar el cómo funciona nuestro gobierno; las hojas están mal cuando las raíces están enfermas. Lo que tenemos es una muestra de un talante claramente autocrático, de extrema derecha y en consecuencia enemigo de los controles, de la división de poderes, de las restricciones que impone un Estado de Derecho, que usa la demagogia para engañar a la opinión, que improvisa sin sentir responsabilidad ante nadie ni por nada, que no conoce ni reconoce limitación diferente de su propia convicción.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?