Opinión

  • | 2010/05/28 00:00

    El boom de los commodities

    Cualquiera que sea el nuevo gobierno, debe ofrecer seguridad jurídica y reglas claras del juego no solo a las comunidades étnicas, sino a todas aquellas comunidades y sectores que se puedan ver afectados por los impactos de la minería, así como al sector privado.

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Muchos nos preguntamos cuáles pueden ser las implicaciones que el boom de los commodities llegue a tener sobre la base natural del país. Todo parece indicar que las oportunidades económicas de corto plazo, basadas en la extracción de los recursos naturales no renovables, serán el principal motor de nuestra economía.

 

Según el Banco de la República, en los primeros cuatro meses del año el 86,2% de la inversión extranjera directa que llegó al país estuvo dirigida a los sectores de minería e hidrocarburos, con un aumento del 21,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar US$2.645 millones.

 

El atractivo de Colombia como país minero, ante el aumento de los precios de los minerales y del petróleo en los mercados internacionales, ha llevado incluso a que, por primera vez, China e India nos empiecen a ver como socio estratégico y proveedor de materias primas básicas. Se trata de una tendencia global y, seguramente, al igual que ha sucedido en otros países, se constituirá en uno de los sectores que permitan el jalonamiento de la economía en los próximos años.

 

Además de los debates que el tema ya suscita entre los economistas, sobre cómo manejar estos grandes flujos de recursos y evitar la enfermedad holandesa, el problema también radica en que Colombia aún no está preparada para manejar este gran boom, en particular el de la minería.

 

Las decisiones gubernamentales ambientales sobre proyectos como el de la mina Angostura, de la multinacional Greystar, para evitar el daño irreversible de los páramos; así como los conflictos por los que atraviesa el proyecto de la mina de oro La Colosa, de la Anglo Gold Ashanti, en el municipio de Cajamarca, y la más reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el proyecto minero Mande Norte de la Muriel Mining Corporation, por no haber procedido a realizar un proceso de consulta previa adecuado con las minorías étnicas en el Chocó, muestran las dificultades legales e institucionales de nuestro país en este campo.

Para nadie es un secreto que la gran minería genera enormes impactos. En el caso colombiano, estos no solo se dan en el medio ambiente, sino también sobre las comunidades que habitan territorios donde se encuentran los yacimientos. La mayoría de los prospectos mineros se sobreponen no solo a ecosistemas estratégicos ricos en biodiversidad y agua, sino también con territorios étnicos, los cuales están amparados por derechos constitucionales especiales. Colombia no es solo un país biodiverso sino un país de extraordinaria diversidad cultural. Además, no podemos ignorar que a donde llegan los proyectos mineros la situación de inestabilidad, orden público y Derechos Humanos se vuelve más compleja.

El procedimiento actual con que se enfrenta la minería es insuficiente y a lo único que conduce es a generar conflictos institucionales, ambientales, culturales y territoriales.

Ingeominas otorga títulos mineros sin tomar en cuenta estas particularidades. El Ministerio del Interior cuenta con una División de Asuntos Indígenas y de Afrocolombianos para tramitar y acompañar los procesos de consulta previa, sin contar con la capacidad institucional para desarrollar su mandato y defender los derechos constitucionales de las comunidades, tampoco cuenta con procedimientos claros y concertados y, por lo general, está sometido a presiones políticas e intereses particulares. Por su parte, el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial debe expedir licencias ambientales en medio de los vacíos y presiones antes mencionadas. Y qué decir de muchas empresas que ante el afán de desarrollar sus actividades, en medio del caos antes descrito, terminan haciendo ofrecimientos equivocados y desarrollando actitudes non sanctas para el logro de sus objetivos.

Cualquiera que sea el nuevo gobierno debe tomar el toro por los cachos para ofrecer seguridad jurídica y reglas claras del juego, no solo a las comunidades étnicas, sino a todas aquellas comunidades y sectores que se puedan ver afectados por los impactos de la minería, así como al sector privado. El tema no es de poca monta y requiere transparencia en el debate y la más alta voluntad política para lograr soluciones equitativas y efectivas.

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