Opinión

  • | 2006/08/18 00:00

    Ecopetrol: ¿la decisión correcta?

    El meollo del tema es si la operación propuesta es necesaria —primero— y, subsidiariamente, si es conveniente.<br><br>

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No es por casualidad que tomo el titular del editorial del número anterior de esta revista, pero en forma interrogativa y no afirmativa.

Aunque el propósito de ese editorial no era hacer claridad respecto a la verdadera disyuntiva sobre la cual corresponde debatir (solo buscaba exponer argumentos a favor de la operación de venta del 20% al sector privado), y aunque por ser columnista de la revista pudiera parecer algo 'lambón', me parece que resumió bien los elementos que al tema se refieren y en esa medida sirve de guía para tratarlos.

No hay duda de que para su funcionamiento como empresa y para las conveniencias de la política petrolera, para Ecopetrol son indispensables la autonomía y la independencia de las necesidades de las finanzas del Estado.

Tampoco hay duda de que se necesita buscar la autosuficiencia petrolera y que para ello se necesitan inversiones.

Probablemente habría también consenso respecto a que la posibilidad de que el Ministro de Hacienda asigne cada año en el Presupuesto Nacional los recursos para las inversiones destinadas a ello es una mala solución. E incluso sería bastante aceptable que, si la falta de otra respuesta a este problema llevara a la crisis y la propuesta sí la evitara, el Presidente tendría una justificación algo válida para el incumplimiento de las promesas electorales y la violación de los compromisos suscritos con los estamentos opuestos a esa operación.

Y tienen razón ese editorial y todos quienes abogan por que las utilidades de Ecopetrol se destinen a que cumplan el objeto de garantizar su propia supervivencia y continuidad para —mediante ella— adelantar la exploración, desarrollar la explotación de nuestro propio petróleo y satisfacer prioritariamente el abastecimiento de las necesidades del país.
 
En efecto, no tendría sentido vivir bajo la alternativa permanente de que según las necesidades presupuestales se destinara parte de estas sumas a propósitos diferentes poniendo todo lo anterior en riesgo.

Si se hace abstracción de cualquier otra consideración, también es válido el argumento de que con capital privado se aumentaría la capacidad de la empresa, y en gracia de discusión se podría convenir en que el sector privado es un mejor administrador que las entidades públicas.

Y, aunque en ese editorial no se mencionaba, unos posibles nuevos ingresos en forma de 'capitalización' o de 'venta' permitirían iniciar proyectos para los cuales todavía no se ha decidido la fuente de recursos (como la refinería de Cartagena).

En fin, estos y otros planteamientos alrededor del tema parecen ser totalmente acertados, o, como dice el editorial, 'correctos'. Pero lo que es importante es que de ellos no se deduce que al 'democratizar' el 20% de las acciones de Ecopetrol se logra eso, y, muchísimo menos, que se deba adelantar tal proyecto sin contemplar otras alternativas.

De ninguno de los argumentos expuestos, y menos de todos ellos en conjunto, se concluye que esa operación sea necesaria —en el sentido de que de no hacerlo no se pueda lograr el mismo resultado—, ni que sea la mejor opción, ni siquiera que sea una buena solución. Nada dice que no sea posible, pero lo argumentado lejos de llevar a la conclusión de que la 'decisión es correcta' lo que muestra son razones para pensar lo contrario.

Si lo que se necesita son recursos, el Fondo de Estabilización los tiene y en sumas mayores a los que así se lograrían; si no hubiera posibilidad de disponer de ellos, se pueden conseguir nuevos recursos por el camino del crédito; si el impedimento para adquirir préstamos autónomamente es su condición jurídica, una ley del Congreso la puede cambiar; si se busca evitar el peligro de que suceda como bajo este cuatrienio que el gobierno financie otras actividades con lo que esta empresa produce, un cambio de naturaleza jurídica lo puede impedir; en general, las alternativas a cada punto existen y no se puede ver la superioridad de la opción 'capitalizar'.

En cambio, las razones para preferir otros caminos deben ser tenidas en cuenta. Lo de mayor eficiencia de la administración del sector privado o la 'mayor gobernabilidad' implicaría que quedarían en esas manos 'más eficientes' la toma de decisiones, pero, como es lógico, que las tomarían en función de sus intereses y no de los del Estado o los de los 44 millones de colombianos.
 
En ese editorial es diciente y honesta la omisión de exponer la defensa del proceso como desarrollo del 'capitalismo social', o sea, la que plantea que los adquirentes serían los ciudadanos colombianos y que por medio del sistema solidario y mediante quién sabe qué medios se impediría que empresas oligopólicas accedieran a esas acciones; en efecto, mal puede servir tal supuesto como elemento de análisis, cuando no se concreta simultáneamente la forma en que esto que parece imposible se lograría, y no se tiene en cuenta que sería además contrario a las consideraciones que desde el punto de vista meramente empresarial se están presentando.
 
Además si, como se estima, el monto de esa participación es de US$1.000 millones, nunca podrían los privados colombianos alcanzar esas sumas; y para el sector solidario (fondos de pensiones, de cesantías, etc.) no solo coparía eventualmente su capacidad sino sería insensato —y hoy prohibido por ley— poner todos los huevos en una canasta tan volátil e inestable como los precios del petróleo. (Además, habría que asumir que el antecedente de Invercolsa y el testaferrato de Fernando Londoño no fueran repetibles).
 
Tampoco se dice por qué o cómo se garantizaría el límite del 20%, cuando todos los argumentos propuestos son igualmente válidos no solo para justificar la venta de cualquier cantidad —30%, 40% o 50%— sino para hacerlo por una cantidad mayor.

En cambio es de destacar lo artificioso de la 'prueba reina' al mostrar que desde que se vendió el 30% Petrobras dejó de ser una empresa que daba pérdidas para pasar a producir grandes utilidades, pero sin tomar en cuenta que esto se debe sin lugar a dudas muy principalmente al alza de precios del crudo: la otra cara de la moneda es cuánto dejó de ganar el Estado brasileño al no percibir el porcentaje que privatizó (obviamente comparándolo con lo que por esa participación recibió).

El meollo del tema es si la operación propuesta es necesaria —primero— y, subsidiariamente, si es conveniente; si alguna de estas dos condiciones se llenara, se aceptaría la conclusión de que es una 'decisión correcta'. Las consideraciones anteriores sugerirían que la primera en ningún caso se cumple y que, entre los argumentos a favor y los argumentos en contra de la segunda, la propuesta tiene más de discutible que de convincente.

Otro sería el análisis si el objetivo fuera llegar a la privatización; y/o si, contrariamente al principio de que las privatizaciones no son buenas ni malas per se, se aceptara que hay un beneficio por el mero hecho de privatizar. Como se supone que ambas razones están descartadas, lo que se debe debatir es si, al no tener por propósito la privatización, le queda alguna razón de ser a la propuesta —en cuanto a necesaria o conveniente—; o plantear honestamente la controversia alrededor de si se privatiza o no la empresa más importante de Colombia.
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