Javier Fernández Riva

| 2/8/2003 12:00:00 AM

Economía y referendo

No es cierto que el referendo vaya a hacer una contribución decisiva al ordenamiento económico. Mucho menos que, si fracasa, el país quedará al borde del abismo.

Después de la avalancha

de leyes económicas del año pasado tenía la esperanza de que en este pudiéramos concentrarnos en los asuntos de fondo: crecimiento, empleo y orden público. Pero no va a ser así. El referendo estará con nosotros durante meses, y antes del voto se van a botar megatones de corriente.

Aunque me inquieta la propensión de los apóstoles del referendo a emplumar a quienes piensan distinto, voy a votar afirmativamente la mayor parte del mismo. Cosas como la reducción del Congreso, las causales de pérdida de investidura de los congresistas, la eliminación de las contralorías departamentales y el tope a las pensiones con cargo a dineros públicos.

Votaré NO la pregunta 4, en la cual se establece que el presupuesto de inversión aprobado por el Congreso recogerá los resultados de audiencias públicas, y se prohíben las partidas globales de inversión, porque Enrique Peñalosa habla con autoridad cuando descalifica tales procedimientos como ineficaces y peligrosos, y porque creo que ni el gobierno ni el Congreso deberían desgastarse en audiencias públicas en aras de una espuria "participación comunitaria".

También votaré NO la pregunta 16, en la cual se establece que se sancionará el consumo y porte de estupefacientes para uso personal, porque creo que, mientras no perjudique a otros, cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y también por mi convicción profesional de que esas prohibiciones solo empeoran las cosas.

Y votaré NO la pregunta 17 que prorroga el período de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, porque la inclusión de ese artículo fue un mico politiquero, y porque a varios de esos dignatarios me gustaría recortarles, si no se puede otra cosa, por lo menos el período.

Sé que después de votar quedaré con el sentimiento incómodo de que, por esa manía profesional de optar por el mal menor, a pesar de mi voto negativo a algunas propuestas habré ayudado a que se aprueben, y con rango constitucional y todo, cosas que repugnan a mis convicciones. Por ejemplo, la intromisión del Estado en la decisión personal de cada quien de escoger su veneno personal.

Pero como se supone que esta columna trate temas económicos, vamos al asunto básico. Después de haber hecho todas las sumas y restas estoy convencido de que el referendo no tiene la importancia económica que se le ha querido dar, y que es un despropósito sugerir que, si llegara a fracasar, el país quedaría al borde del colapso.

La contribución fiscal del referendo se ha estimado en 0,66% del PIB. Mis cálculos dan menos, porque el congelamiento de los salarios y pensiones reducirá los impuestos, porque el ahorro de costos con la supresión de las contralorías tendría que calcularse neto de los costos en que tendría que incurrir la Contraloría General para asumir sus funciones, y por otras razones. Estimo que el ahorro neto, buena parte de él transitorio, no excederá 0,50% del PIB. Es absurdo que se diga que nuestro futuro fiscal depende de ese ahorro, sobre todo en este país, que suele recibir con indiferencia el aumento de los intereses de la deuda pública, donde cada punto se come de sobra la ganancia potencial del referendo.

Pero lo que más me preocupa en este momento, porque en materia de decisiones políticas nada debe darse por sentado, es que se insista en presentar ante los medios económicos locales e internacionales el referendo como un asunto de vida o muerte. El referendo tiene muchas cosas positivas, pero dista de ser la panacea que se ha sugerido y, si llegara a fracasar, el país no quedaría al borde del abismo. Lo que sí lo tiene al borde, y sigue empujándolo, es el terrible aumento del desempleo y la miseria.

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