Opinión

  • | 1997/11/01 00:00

    DIVORCIO DEL PACTO ANDINO

    Para que el Grupo Andino se revitalice, se necesita voluntad política para aplicar el Arancel Externo Común y negociar en bloque con Mercosur.

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Si bien las bondades de la integración han quedado ampliamente demostradas por esquemas tan exitosos como el de la Unión Europea, también es cierto que la falta de disciplina y voluntad política para cumplir los compromisos que se adquieren en estos acuerdos, puede convertirlos en una verdadera trampa.



Este pudiera ser el destino que le espera al Grupo Andino, si persisten en conferir, a diestra y siniestra, preferencias arancelarias a terceros países, sin tener en cuenta que ellas erosionan por completo el Arancel Externo Común.



No nos llamemos a engaño. Mientras subsistan estas preferencias, jamás podrá alcanzarse a cabalidad la etapa de la Unión Aduanera y menos aún, las fases posteriores de la integración.



Y es que el Acuerdo de Cartagena ha quedado reducido a una comunidad menesterosa, plagada de contradicciones intrínsecas. La ambigüedad y confusión sobre las prioridades y objetivos en materia de integración son una característica común entre sus miembros.



La experiencia del sector azucarero colombiano constituye un típico ejemplo de esta realidad. Desde 1985 y 1986 Venezuela, en virtud de acuerdos de alcance parcial celebrados con Guatemala, El Salvador y Honduras, confirió preferencias arancelarias del 100% a las importaciones de azúcar procedentes de esos países.



Esas preferencias constituyeron una perforación al Arancel Externo Común que, indudablemente, llevaron a un incremento inusitado de las importaciones de azúcar, provenientes de Centroamérica.



Lo anterior produjo como resultado, no sólo que el azúcar colombiano se viera desplazado de ese mercado, sino que Venezuela, que tradicionalmente ha sido deficitario en la producción de azúcar crudo, blanco y refinado (hasta el punto que en 1995 el déficit alcanzó las 340.634 tm), comenzara a experimentar una significativa acumulación de inventarios (en julio de 1995, los excedentes de azúcar alcanzaron las 105.869 tm).



Como era de esperarse, los excedentes registrados en Venezuela comenzaron a ser exportados masivamente a Colombia, es decir, que los productores colombianos terminaron por asumir los costos y distorsiones derivados de las preferencias otorgadas por Venezuela a otros países.



Así las cosas, un esquema que se concibió para fomentar el intercambio comercial entre los países miembros, se convirtió en un instrumento de triangulación y de reorientación anormal del comercio lo que, de hecho, generó gravísimas perturbaciones y perjuicios.



Además de la dispersión arancelaria que existe como consecuencia de la promiscuidad comercial, existen notables vacíos en las normas de origen que agravan, aún más, los efectos nocivos de la reorientación anormal del comercio.



Las disposiciones de origen vigentes hoy en día, permiten que los bienes importados al mercado andino por aquellos países que confieren preferencias incoherentes con el Arancel Externo Común, puedan obtener la calificación de origen subregional, por la circunstancia de ser sometidos a operaciones elementales que no representan un valor agregado significativo y, en algunas ocasiones, por el solo hecho de transitar por un país miembro del Grupo Andino, sin que sean sometidos siquiera a ningún tipo de proceso en la subregión.



Estos factores podrían contribuir a explicar el desgano de los países respecto del Acuerdo de Cartagena, pues la experiencia demuestra que en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, los estados están dispuestos a abrir sus mercados en aras de un comercio competitivo, pero ninguna nación está dispuesta a sacrificar su actividad productiva en beneficio de un intercambio distorsionado.



Si realmente se quiere avanzar con seriedad en la integración andina, es urgente, además, adelantar una serie de acciones, entre las cuales se pueden citar las siguientes:



1. Reestructurar a fondo las normas sobre origen y competencia comercial que adolecen de errores conceptuales gravísimos.



2. Desarrollar unas normas que permitan sentar las bases para una política agrícola, que garanticen el ingreso de productores y agricultores.



3. Fomentar una diplomacia andina que permita prevenir la erosión de los compromisos y ponerle seriedad a la situación ciclotímica del Perú, que entra y sale del Grupo Andino, según las conveniencias del momento.



4. Armonizar las políticas fiscales y comenzar a trabajar en unos niveles mínimos de exigencia ambiental, cuya disparidad se constituye en uno de los principales factores que distorsionan las condiciones de competencia.



5. Revisar el régimen de salvaguardias contemplado en los Artículos 79 y 79A del Acuerdo de Cartagena, con el fin de definir de manera precisa, los criterios para aplicar estas medidas.



6. Permitir a los particulares acceso directo al Tribunal Andino de Justicia, mediante la acción de cumplimiento.



7. Eliminar la exigencia para los particulares de demostrar el perjuicio, como requisito para intentar la acción de nulidad ante el Tribunal.



Pero más importante que todo lo anterior es la voluntad política que se requiere por parte de los países andinos para aplicar con disciplina férrea el Arancel Externo Común y, por otro lado, para negociar en bloque con Mercosur, conforme con la iniciativa liderada por Colombia en este sentido. Si Colombia logra sacar adelante esta iniciativa, las negociaciones constituirán una oportunidad que puede servir de base para devolverle algo de credibilidad al Acuerdo de Cartagena. De lo contrario, es decir, si los miembros insisten, de manera miope, en adelantar negociaciones individuales, se habrá extendido el acta de defunción del Grupo Andino.
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