Opinión

  • | 2007/08/17 00:00

    Diversidad cultural, reto para el desarrollo y la paz

    La aplicación de la Constitución de 1991 se ha quedado rezagada y hoy la situación de los pueblos indígenas es crítica.

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El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una celebración que, como todos los años, busca llamar la atención de los gobiernos y demás sectores de la sociedad sobre la difícil situación que atraviesan estas comunidades en muchas regiones del planeta, así como en nuestro país.

Un dato que muchos desconocemos es que Colombia ocupa el tercer lugar en América en cuanto al número de grupos étnicos. La diversidad cultural, coincidente con nuestra diversidad biológica, está expresada en 91 grupos indígenas con una población estimada de 850.000 individuos, algo así como el 2% de la población nacional, y la existencia de 64 idiomas y cerca de 300 dialectos.
 
Su supervivencia depende en gran medida del acceso a sus recursos naturales y sitios sagrados, en otras palabras al mantenimiento de la territorialidad que permita garantizar su desarrollo cultural a partir de un manejo armónico de su entorno. Las evidencias muestran cómo las principales áreas de bosque con que cuenta aún nuestro país coinciden con los territorios indígenas.

La Constitución del 91, una de las más avanzadas en la protección de los derechos indígenas a nivel mundial, entendió estas realidades al reconocer que Colombia es un país multiétnico y pluricultural y consagró los derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación, y la protección de la diversidad de la nación colombiana.
 
Sin embargo su aplicación ha quedado rezagada y en la actualidad la situación de los pueblos indígenas, según observa la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es crítica "por las difíciles condiciones en que se desarrolla la vida de estos pueblos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive la sociedad colombiana".

Sin duda estas poblaciones son unas de las más vulnerables en el contexto nacional y están sometidas, tal como lo menciona el informe presentado por la Alta Comisionada en 2006, a homicidios, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento y reclutamiento forzado, toma de rehenes, ataques contra la población civil, restricción al paso de alimentos, medicamentos, combustibles y personas, al igual que muertes a causa de minas antipersonal, detenciones y ejecuciones extrajudiciales.

Algo que llama especialmente la atención es cómo sumado "a estas condiciones adversas también contribuye la ejecución de megaproyectos desarrollados sin atender los legítimos intereses colectivos de los grupos étnicos en cuyos territorios se llevan a cabo". En otras palabras sin aplicar la consulta previa, procedimiento requerido y amparado por el Convenio 169 de la OIT, cuando algún proyecto afecta un territorio indígena y su cultura. El gobierno está obligado a garantizar esta consulta no solo en la promulgación de nuevas leyes sino también en los procesos de desarrollo.
 
Por su parte los empresarios deben ser particularmente concientes y cuidadosos con este procedimiento puesto que hacerle el esguince a la legislación por lo general termina mal, no solo por el daño irreparable a la reputación, sino porque por lo general estos casos concluyen, luego de largos litigios, siendo fallados por las Cortes en favor de los pueblos indígenas, cuya única arma, además de su resistencia, es la acción de tutela.

En su mensaje, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos recuerda como el centro de atención en asuntos indígenas se trasladará en las próximas semanas a la Asamblea General de la ONU cuando se someta a aprobación final la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, la cual establece estándares mínimos para su protección e invita a los Estados miembros a su adopción. La Declaración ya había sido adoptada en 2006, en un primer paso, por el Consejo de Derechos Humanos luego de un proceso que tardó 20 años.

Colombia ha mostrado reserva en cuanto a la aprobación de la Declaración con lo cual se observa una seria contradicción con los derechos que otorga nuestra Constitución a los indígenas. Ojala esta posición cambie y se reestablezca la confianza para garantizar un desarrollo en el cual quepamos todos los colombianos, camino seguro para avanzar hacia una paz con justicia social.
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