Opinión

  • | 2009/06/26 00:00

    Del Estado de Derecho al Estado de Opinión

    La característica principal de cualquier Estado de Derecho es que el Estado mismo y, en consecuencia, quienes lo representan están sometidos a unas reglas que garantizan a quienes no ejercen el poder que este, en ningún, caso podrá ser usado arbitrariamente.

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Pensaría uno que se equivocan quienes afirman o creen que el contenido de la sentencia vigente de la Corte Constitucional (según la cual no es posible una segunda reelección) desaparece o depende de la forma en que se tramitó la anterior reforma, y que por eso no aplicaría ante una que se aprobara por vía del referendo.

Parece que hubiera hecho carrera la novedosa propuesta del presidente Uribe según la cual 'el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de Derecho'.

Lo cierto es exactamente lo contrario: el Estado de Derecho surgió como reacción contra lo que sería el Estado de Opinión, o más exactamente el Gobierno de Opinión, entendido éste como aquel en el cual la voluntad de las mayorías es omnipotente.

El Estado de Derecho reemplazó los sistemas bajo los cuales quien ejercía el poder, fuera a nombre de Dios o a nombre de las Mayorías, tenía la discrecionalidad absoluta para tomar cualquier decisión. La característica principal de cualquier Estado de Derecho es que el Estado mismo y, en consecuencia, quienes lo representan, están sometidos a unas reglas que garantizan a quienes no ejercen el poder que este en ningún caso podrá ser usado arbitrariamente.

Se desarrolla, por eso, alrededor de una Carta Superior que concreta esa garantía y de unas estructuras de división de poderes que permite que tal propósito se cumpla. En otras palabras, la esencia misma de un Estado de Derecho es evitar cualquier tiranía, y entre ellas la de las mayorías.

Si no fuera así, si no hubiera garantías para las minorías y si no estuviera el mismo Estado amparado y sometido a las reglas que garantizan su propia perpetuación, un Gobierno de Opinión podría legalmente ordenar el exterminio de la oposición, declarar permisible la tortura o convertir al gobernante en dictador o monarca.

La idea de que las mayorías pueden gobernar sin cortapisas de ninguna clase está en la raíz y fue la que permitió el desarrollo, por vías legales, del fascismo y el nacionalsocialismo.

La Corte Constitucional como 'guarda de la integridad y supremacía de la Constitución' (Art. 241) ha entendido que esta admite reformas, mas no que pueda ser sustituida por una Carta fundamentalmente diferente.

Uno de los propósitos explícitos y centrales del cambio de la Constitución anterior por la del 91 fue la eliminación de la concentración del poder presidencial mediante la abolición de la reelección -bajo cualquier forma que fuera-; pero además, esta premisa se complementó con toda la estructura orgánica acorde a ello, de tal manera que los poderes pudieran ser autónomos e independientes -para ser funcionales dentro del Estado que concebimos- porque el periodo presidencial no interferiría con la forma en que estos se conforman.

Por tal razón, la sentencia de la Corte Constitucional sostuvo que una prolongación adicional de un periodo presidencial mediante una segunda reelección inmediata cambiaría la esencia del actual Estado. De otra manera, el poder presidencial -y personal- va superponiéndose a los demás poderes, entes de control y organismos autónomos que suponían haber sido diseñados para mantener como prioridad el interés general sobre el interés del gobernante o de las mayorías de turno.

Más sustancial que si hay referendo o si hay reelección de Uribe es si la Nación está tan bajo el embrujo Uribista que no alcanza a entender la dimensión de lo que se encuentra detrás de la propuesta del Presidente cuando dice: "creo que la característica más importante del Estado colombiano es que es un Estado de opinión".

Consistente con esa visión del Dr. Uribe es que se proponga el referendo, la reelección y, en la reforma política, los mecanismos para avanzar en dirección de ese Estado de Opinión; y que el reajuste para corregir los defectos que se producen sea secundario, porque por cuenta de esta peligrosa concepción, esta no se viola cuando se cuenta con la opinión de las mayorías, luego da lo mismo cual sea su contenido.

Es en desarrollo de tal concepción que tenemos actualmente: un fiscal escogido entre candidatos presentados por el Gobernante a quien debe controlar; un contralor y un procurador impuesto (así solo sea mediante 'guiño') por el jefe del Gobierno al cual tienen que vigilar; una Corte Constitucional conformada por Magistrados que deben su cargo a quien tienen que impedir que desconozca la Constitución; un manejo de la supuesta independencia del Banco Central por quienes son escogidos por el mandatario de turno; unos responsables de aislar los medios de comunicación del control estatal pero que deben su cargo a quien necesita ese poder; todas estas perversiones porque se rompió el esquema sobre el cual se basó nuestro Estado.

En el Estado de Opinión, los estrados judiciales del Estado de Derecho son remplazados por los escenarios de los medios masivos de comunicación, que consolidan más -si aún cabe-, y en todo caso dan más legitimidad, a la condición que han asumido de investigador, acusador y juez de los ciudadanos. El poder de impartir justicia queda, de facto, en manos de quienes tienen más capacidad de movilizar a las masas; es el sistema de linchamiento al cual ha intentado acudir el Dr. Uribe.

Por inercia, en un Estado de Opinión las mayorías tienden a volverse unanimismo, puesto que quien no está con ellas queda excluido en una especie de gueto en el cual nada depende de su participación u opinión.

Se guía por una meritocracia diferente a las capacidades y preparación para acceder a un cargo; y el parámetro de medición pasa a ser la afinidad o alineación con esa opinión mayorista y la cercanía con quien la representa.

Y, por supuesto, el mayor delito en un Estado de Opinión es pensar diferente a lo que se establece como línea oficial.

Desde que se tome a nombre de la opinión mayorista, toda decisión se considera legítima, goza de una especie de supralegalidad, desaparece la responsabilidad del Estado y no hay por qué tener en cuenta las víctimas causadas por el Gobierno, por sus políticas, o por sus funcionarios.

El permitir y contribuir a la liberación del cabo Moncayo (y los otros retenidos) deja de ser una función y una responsabilidad del Estado y de quien lo representa, porque el respaldo mayoritario al Presidente lo releva de cumplir el Derecho Humanitario.

Se pasa una ley de reparación administrativa que no cobija a los afectados por quienes obran a nombre del Estado (v. gr. 'falsos positivos') porque las víctimas que produce una política respaldada por las mayorías no puede ser culpable de, o responsable de, la forma en que la desarrollan sus agentes.

Se puede ser indiferente ante la tragedia de ser el país con más desplazados del mundo (tres millones, según Acnur) -e incluso responsabilizarlos de su suerte tratándolos de 'migrantes internos', como si fuera por su voluntad que escogieron tal opción-, porque ellos no forman parte de las mayorías que miden las encuestas.

370.000 nacionales bajo la condición de refugiados en el extranjero (también una de las cifras más altas del mundo) y que están en otros países, reconocidos en calidad de víctimas, no solo son para un Estado de Opinión donde son disidentes que no gustan lo que a las mayorías beneficia.

¿Aceptará Colombia seguir siendo el 'Estado de Opinión' que proclama Álvaro Uribe?

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