Opinión

  • | 2007/09/14 00:00

    Defendiendo la Democracia, maestro!

    Ante las nuevas relaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante el holocausto del Palacio de Justicia, es necesario distinguir la democracia como medio, de ella como fin.

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Esa fue la respuesta y la convicción del oficial a quien se preguntó que cómo se sentía en la mitad del operativo que después culminaría en el holocausto del Palacio de Justicia; así lo vieron entonces y así piensa gran parte de los colombianos respecto no solo a lo que sucedió en ese momento sino a las políticas y acciones que hoy se desarrollan.

Sin embargo, recientemente han aparecido y producido escándalo las investigaciones y las revelaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante esa operación.

El proceso tiene ya comprobada la 'desaparición' de los 11 empleados de la cafetería, y la de Irma Franco. Lo más publicitado ha sido la confirmación de la salida vivo del Magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, de acuerdo al video aportado al juicio, el cual fue confirmado por testimonios que eliminan cualquier duda al respecto (en el mismo aparece también Cristina Guarín, una de las desaparecidas de la cafetería). Nada de esto era desconocido, ni hasta cierto punto sin probar, puesto que la misma información existió desde el inicio de las investigaciones. También el padre del administrador de la cafetería (Carlos Rodríguez) ha sostenido estar seguro de haber reconocido a su hijo saliendo vivo del Palacio. El otro elemento pendiente de comprobación es la salida del guerrillero Almarales herido en una pierna y llevado por dos militares, de lo cual varias personas han dado testimonio y lo cual debe aparecer en un video de la CNN, entonces recién creada. Como las necropsias tanto de Urán como de Almarales revelan tatuaje de tiros de contacto -o sea de ejecuciones a quemarropa-, pero ambos aparecieron al interior del Palacio y como muertos en los combates, se adiciona a lo probado sobre desapariciones las ejecuciones extrajuicio, las torturas, y queda además establecido que hubo un manejo para aparentar hechos falsos y encubrir tales delitos. Se explica entonces el porqué de las irregularidades en cuanto a impedir el acceso inicial a los funcionarios de medicina legal, el traslado y lavado de los cadáveres, etc... (También en una lista que supone ser la de los guerrilleros que murieron en la retoma, se encontró adicionado a mano el nombre del magistrado Urán)

No es casualidad que apenas 22 años después y en forma muy parcial venga a enjuiciarse eso. Quienes ven que así se defiende la democracia o quienes como lo dijera entonces el General Samudio —quien dirigió las estrategias como Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas— consideran que 'es un ejemplo para el mundo' la forma en que se trató esa acción terrorista, han impuesto esa visión al país.

Infortunadamente ese evento fue tan solo un concentrado en el espacio y el tiempo de lo que desde entonces vivimos.

Quienes se montaron en el macabro aparato del paramilitarismo aseguran que les tocó hacerlo también para 'defender la democracia'. Y lo grave es que así lo vieron quienes los aceptaron, al igual que quienes los respaldaron y apoyaron, y al igual que quienes consideran que son apropiadas las leyes y los procesos que se desarrollan para que las penas que les caigan sean menores.

Es pública y conocida la información sobre las motosierras, las escuelas para destajar y destripar a las víctimas, los juegos de fútbol con la cabeza de los asesinados, y por supuesto sobre los miles de muertos y los centenares de miles de desplazados que perdieron sus bienes y sus hogares.

También las sentencias en las diferentes jurisdicciones internacionales de Derechos Humanos producidas en contra del Estado por su responsabilidad ante esta barbarie.

También es de conocimiento público que los paras apoyaban y apoyan este gobierno; que, como confesara el paramilitar Mancuso de un lado o lo reconociera el vicepresidente Pacho Santos de otro, más del 30% del Congreso fue elegido gracias a ellos; que ya van 17 Congresistas presos por ello y que cerca de 30 más están en trámite de investigación; en fin, que si algo es afin al proyecto político de los paramilitares es el Gobierno actual.

Que Uribe mismo no sea paramilitar no quita que los candidatos de los paras fueron elegidos, que el paramilitarismo accedió al poder, y que lo que ha hecho el gobierno es asumir en el marco de la legalidad el proyecto que ellos defendían, buscando reconocer hasta donde le sea posible alguna legitimidad a lo que fueron sus acciones. Sin embargo nadie puede negar que el proceso que subió al poder al actual gobierno y el que desde allí se desarrolla cumplió entonces y cumple hoy las formalidades de la democracia.

Ni la barbarie de la guerrilla llegó a las atrocidades del paramilitarismo, ni la manifestación de simpatía de las Farc por alguna propuesta política ha llegado a concretarse en la forma que lo hicieron los grupos paramilitares con este gobierno, ni los subversivos han logrado llegar al gobierno como sí lo lograron los candidatos paras.

Pero, como en el caso del Palacio de Justicia, se considera que se deben cerrar los ojos ante todo esto porque lo que importa es que todo cuanto sea contra los subversivos se justifica: que 'lo demás es ópera', como lo editorializara entonces el periódico El Tiempo, y que mientras Uribe no sea él mismo un paramilitar sus políticas respecto al paramilitarismo no deben ser cuestionadas, porque cuenta con el 'respaldo democrático' de la mayoría de los colombianos.

Pero si no queremos que dentro de 20 años nuestros hijos se sorprendan y escandalicen con nuestra forma de 'defensa de las instituciones' es necesario distinguir la democracia como medio, de ella como fin. Las elecciones al dar participación a todos los ciudadanos en la toma de decisiones buscan ser el instrumento o mecanismo que permite avanzar en la democratización de un país, es decir en la búsqueda de reducir la concentración de poder y de riqueza de una minoría para así lograr una sociedad más igualitaria. Pero el voto de las mayorías puede servir propósitos contrarios a lo que sería un proyecto democrático. Esto porque puede ser distorsionado de forma tal que no se expresara realmente la voluntad de las mayorías; o porque, así se cumpla el requisito del voto mayoritario, el objetivo pueda ser contrario a lo que sería ese sentido de democratizar.

En Colombia el paramilitarismo encarna los dos vicios: el objetivo era (y es) la defensa del orden existente —en particular en lo que concierne al derecho de propiedad sobre el sector rural— y el medio fue la coerción sobre el elector para hacer llegar al poder a quienes compartían esa visión.

La pregunta que surge es si los paramilitares actuaron en defensa de la democracia como lo ven —y con ese argumento respaldan al gobierno— esas mayorías de hoy; o si, por el contrario, acabaron lo poco que se pudiera estar democratizando Colombia... Si estamos viviendo un proceso de reivindicación de los principios y los propósitos democráticos y así estamos acabando con el paramilitarismo, o si, por el contrario, estamos cooptando su visión y renunciando a esos principios y propósitos.

La verdadera preocupación no son los resultados administrativos del gobierno sino en qué forma se logran y hacia dónde se orientan. ¿O acaso la inquietud hoy es sobre cómo se administró en lo puramente militar la operación en el Palacio de Justicia? ?
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