Opinión

  • | 2003/08/08 00:00

    ¿Debemos votar el referendo?

    Si uno no entiende todas las preguntas, cada una, y la resultante de la combinación de todas, no debe votar.

COMPARTIR

La respuesta a esta inquietud es muy simple:

Si uno no entiende alguna de las preguntas o no está seguro del efecto que produciría el voto, no debe votar. Es elemental: si uno no sabe las consecuencias de la acción que le proponen realizar, lo lógico es no realizarla; si no tiene claridad sobre el verdadero resultado de lo que las reformas proponen, no tiene sentido pronunciarse sobre ellas. Aún más: como las preguntas son supuestamente un paquete consistente, no basta entender una pregunta, ni varias, ni todas, sino comprender además lo que produce el conjunto de ellas. Por eso, si uno no entiende todas, cada una, y la resultante de la combinación de todas, no debe votar.

Para los que sí entienden de qué se trata la decisión que van a tomar, esta es aún más fácil y más clara: lo propuesto no es un referendo, luego, si lo que se desea es defender la importancia de esta figura jurídica, debe uno oponerse a la manipulación que se pretende hacer desnaturalizando esa conquista de nuestro sistema político. La Corte se pronunció, hasta donde lo permite su capacidad jurídica y tan explícitamente como se puede, en el sentido de señalar el propósito ya visto de usar indebidamente ese instrumento. Corresponde a la instancia política, es decir, al votante, ratificar su respeto por la institución y el interés por que esta se respete, impidiendo que llegue a validarse esta desfiguración o engendro como mecanismo válido de gobierno. Y se enfatiza 'mecanismo de gobierno', porque eso es el uso que se le pretende dar, desconociendo la trascendencia que corresponde a un cambio en las 'reglas del juego' como es la Constitución, para utilizar el referendo como simple instrumento de administración.

Pero también para aquellos que no se interesan en la naturaleza jurídico política del referendo y piensan en votar solo en función de las preguntas, la respuesta es inmediata: lo que se refiere esencialmente a 'la politiquería' -es decir, los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 15- ya está vigente pues las respectivas normas fueron aprobadas en forma prácticamente idéntica en la reforma política (los llamados 'puntos clonados'). Aparte del retorno a la operación avispa al eliminar las listas únicas, las demás novedades son intrascendentes: personería para movimientos cuyo candidato obtenga más del 5% en la elección presidencial; eliminación de las suplencias; entrega de la labor administrativa del Congreso a una entidad privada; y, por una vez, las circunscripciones especiales de paz.

Y en lo relacionado con el aspecto fiscal, la prohibición de auxilios parlamentarios (punto 11) ya existe; el 'ahorro' por la supresión de contralorías (punto 9) no es ninguno (ya lo explicaron la Contraloría y la Auditoría de la Nación); y en consecuencia la supuesta destinación de este ahorro a educación y saneamiento básicos (punto 12) es inexistente; y la obligación de asignar para cobertura educativa y salud los recursos de las regalías (punto 13) simplemente compensa la reducción de las transferencias que tienen ese destino.

Es decir, del Referendo lo único que realmente tiene incidencia es la congelación de salarios y pensiones y la modificación de estas (puntos 8 y 14). Todos los otros puntos son carnadas para inducir en forma engañosa al ciudadano a votar, ya que no deciden nada, por ser innecesarios -pues ya existe la misma norma-, o por inútiles -por ser su efecto inocuo-.

Hasta la Iglesia Católica abandonó el estímulo a la autoflagelación y la promoción del valor del martirio, por ser contrarios a la naturaleza humana: nadie debe buscar su propio perjuicio. La propuesta implica, en la práctica, disminuir esos ingresos en el equivalente a la inflación de dos años (por lo menos 15%). Es de suponer que aquellos afectados por estas medidas no tienen interés en darles vigencia, luego lo conveniente es no votar (por el 'sí' o por el 'no' cualquier voto apoya el referendo). Y pensaría uno que aquellos cuya supervivencia no depende de salarios ni pensiones se sentirían impedidos moralmente de aprobar normas que no los afectan a ellos pero sí perjudican a otros menos privilegiados.

El argumento de la necesidad de pensar en términos del bienestar colectivo es válido. Es irrefutable que es una responsabilidad de todos salvar el Estado de una quiebra que a todos afectaría. Y es verdad que, en la forma planteada, del esfuerzo participaría una gran mayoría de ciudadanos en un país donde más del 95% de la población solo conoce estas fuentes de ingreso. Pero si ese país es el que tiene el nivel de desigualdad más grande del mundo entre ellos y el 5% restante -como es Colombia-, lo correcto sería que el propósito fuera amparar esos sectores desfavorecidos cargando el costo a esa minoría privilegiada. La solidaridad esperada sería de los ricos hacia los pobres y no al revés, y las reformas al Estado habría que orientarlas a que esa relación cambie y no a que se refuerce.

Por mi parte, debo reconocer que tengo una prevención y un temor: desde siempre he compartido el cuestionamiento a que los candidatos a manejar un país se vendan como pastas dentales, como cualquier producto de la sociedad de consumo, mediante técnicas de mercadeo que son indiferentes a la calidad o contenido del producto. Aplicar tal sistema a la promoción de normas constitucionales no predice nada bueno, y el énfasis que se hace en que quien preside el movimiento por el Referendo sea el ex director de mercadeo de Procter & Gamble (la compañía más grande del mundo especializada en ese tipo de mercadeo) parece señalar que ese es el propósito. ¡Que no nos pase como al ama de casa que, convencida por las campañas publicitarias, compra un jabón que garantiza limpiar todas las manchas, y que al usarlo cumple lo prometido, pero porque acaba con el tejido de las prendas! ¿La promoción multimillonaria que entre el gobierno y los defensores del referendo piensan hacer será verdaderamente neutral para ilustrar la ciudadanía sobre las alternativas que tiene, o será más bien para sacarle el voto mediante estrategias mediáticas? ¿Será que honestamente intentan hacer la 'labor de pedagogía' de enseñar al votante raso los conocimientos de Economía, de Ciencia Política, de Derecho Constitucional, etc., para que pueda entender en dos meses lo que tomó un año de debates al más alto nivel entre los sabios del gobierno, los especialistas del tema en el Congreso de la República y los magistrados de la Corte Constitucional?
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?