Opinión

  • | 2004/02/20 00:00

    De los propósitos y los medios para alcanzarlos

    Hay formas de emprender programas de gobierno que producen un costo mayor que el beneficio esperado.

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Toda gestión de gobierno, como toda acción humana, tiene aspectos buenos y aspectos malos y, además, formas de verla o de presentarla positiva o negativamente. Todo país progresa (v. gr. menos analfabetismo o más electrificación) y la intención de todo gobernante es la de hacer lo que sea lo mejor para los ciudadanos. De estas premisas debemos partir. Es tan torpe estar en contra de todo lo que hace el gobierno como aplaudir y apoyar ciegamente todas las medidas y políticas del doctor Uribe.

Es imposible un acuerdo sobre qué sería ese 'mejor para los ciudadanos'; por ejemplo, en nuestro caso, si sería la política de 'seguridad democrática', entendida como hasta ahora, por la imposición y puesta en vigencia por vía de la fuerza del mismo orden social imperante que ha producido las manifestaciones que hoy queremos corregir; o si lo sería una política con un enfoque más social y más democrático, que reconozca las deficiencias y grandes injusticias y desigualdades que existen en nuestra comunidad y busque, por vía de atacar sus causas, mejorar las condiciones de convivencia, desactivando los conflictos que ello genera.

Pero más allá de la controversia sobre objetivos, otro debate se plantea alrededor de los medios que se deben utilizar.

Por ejemplo, el objetivo -que cualquiera comparte- de reducir la anarquía, la impunidad, la corrupción y la delincuencia en general, ha sido instrumentado por la vía de reducir las libertades públicas, las garantías ciudadanas y las instituciones democráticas -lo cual muchos consideramos un camino errado-. Las 'pescas milagrosas' en que se detienen cien individuos para terminar judicializando 10 ó 15; las reformas legales que contradicen principios universales de Derecho -como algunas medidas del Estatuto Antiterrorista o la Ley de Alternatividad propuesta-; la promoción y el estímulo de delaciones de vecinos contra 'recompensas'; todos estos son atajos que tal vez permiten evitar un charco pero que conducen a un despeñadero.

La mayor eficiencia administrativa es una exigencia y un derecho de la ciudadanía y ninguna oposición podría haber a ello; pero si esta se consigue desmantelando toda la estructura institucional mediante intervenciones personales que hacen que todo dependa directamente del Presidente (desde las operaciones militares hasta los problemas veredales), entonces el medio para el fin buscado produce un costo mayor que el beneficio esperado, ya que caemos en un régimen de culto a la personalidad, contrario en lo administrativo al funcionamiento por medio de instituciones y en lo jurídico al Estado de Derecho, cuando sobre ellos se funda el país.

La decisión de confrontar a las guerrillas con la fuerza legítima de nuestra Fuerza Pública -lo cual todos consideramos apropiado y necesario-, al acompañarse de un enfoque de 'guerra total', que excluye los acuerdos humanitarios o se admite la impunidad y en alguna forma se legitiman los delitos que bajo la forma del paramilitarismo se cometieron, hace que el respaldo que merece el objetivo propuesto se deba convertir en rechazo por los medios asumidos para adelantarlo.

Incluso en materia económica, reforzar la capacidad militar aumentando los recursos que a ello se destinan (necesario, mas no al punto de recortar para ello las pensiones de los soldados lisiados en esa guerra) se vuelve cuestionable cuando es efecto de aumentar impuestos, desviar la capacidad de la inversión privada y sustraer recursos de la atención social, y no contra el resultado de aliviar las finanzas públicas sino aumentando el déficit fiscal.

Pero peor es cuando el propósito es cuestionable (o indebido), aunque se disimula usando como medio vincularlo a algo que sí puede ser conveniente.

Tal es el caso de la reelección del Presidente Uribe, cuando se plantean los argumentos universales que justifican la posibilidad de la reelección, pero para buscar la de él.

Sobre todo porque estamos ante una ostensible violación a la ley. Al igual que los impedimentos judiciales excluyen la posibilidad de que los funcionarios usen el cargo para beneficio propio, para los mandatarios existe universalmente un principio político que cuestiona que el poder de reformar las instituciones sea utilizable cuando hay interés personal de por medio.

En Colombia esto toma la forma de la prohibición de intervenir en política. Una cosa es proponer cambios a las leyes existentes como parte de la facultad de iniciativa legislativa, y otra es violarlas haciendo política en búsqueda de una reelección. Si la ley se tramita con aplicación a futuro, a partir de la reforma se podrá legalmente intentar repetir mandato mediante el uso del poder y la intervención en política; pero mientras no se haya cambiado, es decir hoy, buscar esa reelección desde cualquier cargo oficial (a comenzar por el de Presidente) es usar indebidamente el poder interviniendo en política.

De estar el Presidente pensando en las instituciones del país y no en su propio caso solo permitiría que se debatiera sobre la aplicación a partir de los presidentes posteriores a él (sin excluir una eventual reelección de él mismo, pero no gestada cuando esto es violatorio de la ley). El doctor Uribe ha sido hábil al no fijar posición al respecto. Pero al igual que por interpuesta persona se adelanta el proyecto, también por interpuesta persona debe ser impedido y sancionado: si el doctor Echeverri tiene el cargo oficial de Asesor del Presidente, su activismo en la promoción de la reelección del presidente Uribe y de la creación de un partido político es ostensiblemente violatoria de la prohibición a los funcionarios públicos de participar en política.

No en la forma mas sí en la esencia, el Presidente no acepta que el principio de un Estado de Derecho y de un régimen democrático es que los gobernantes no solo tienen que hacer lo que la población aprueba sino abstenerse de hacer lo que no se aprueba o no está permitido; que son mandatarios sometidos a las leyes y no soberanos; que incluso para fines deseables hay un límite a los medios utilizables.

El doctor Uribe desconoce el veredicto del Referendo, el fallo de la Corte y la decisión del Congreso; pero igual desafía la jerarquía de la ONU y la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario; o considera que los tratados internacionales que obstaculizan sus propósitos pueden ser denunciados y los acuerdos con otros países (como el Acuerdo de Londres) incumplidos; o califica la búsqueda de un acuerdo humanitario como una forma de ceder a un chantaje; o trata a los órganos de control como oposición; o cataloga de antipatriótica cualquier manifestación contraria a su visión o de subversivos los cuestionamientos a sus métodos (caso de las ONG).

No carece de fundamento la percepción que hay en Europa donde no olvidan que casi todos los casos conocidos de prolongación del mandato mediante reformas durante el mismo ejercicio terminan en catástrofe; y que todos los mandatarios que buscan el poder autocrático lo primero que hacen es crear apariencias legales para extender su permanencia en el poder (desde Napoleón hasta Fujimori, pasando por Bokassa, Pinochet, Idi Amin, Fidel, Hitler, Mussolini, etc.).
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