Opinión

  • | 1994/10/01 00:00

    De María Eugenia a Nanny

    La vivienda de interés social vuelve al ruedo. El presidente se acordó de otra promesa de campaña.

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La vivienda es uno de esos temas sobre el cual se habla mucho, especialmente al calor de la demagogia electoral. Cada cuatro años los nuevos funcionarios, armados de estadísticas, por lo general inventadas, del déficit cuantitativo y cualitativo, montan programas que prometen que, ahora sí, se resolverá el problema. Ningún gobierno reciente lo ha logrado, pero sí hubo algunos que se destacan por haberlo empeorado: el cuento de las casas sin cuota inicial sirvió para generar una cartera incobrable en muchas entidades financieras y un desorden urbano que no había existido antes. Y es que el problema de la vivienda para pobres, como anota el arquitecto Germán Samper, no está en la vivienda sino en la pobreza. La única solución real es aumentar los ingresos de la gente para que pueda pagar, entre otras cosas, su casa.

Pero como el problema no da espera y el Estado tiene que afrontarlo, ha optado en muchas partes por volverse constructor, con resultados lamentables. Lo mismo que le ha pasado cuando se ha vuelto industrial, banquero, operador de telecomunicaciones o minero. Con muy buen sentido el gobierno anterior decidió cambiar el sistema de subsidiar la oferta de vivienda, mecanismo que se prestaba a las más grandes ineficiencias y a no pocos chanchullos, por el subsidio a la demanda. La idea, ejecutada por Samper en su paso por el Ministerio de Desarrollo, permitió acabar con el antiguo Instituto de Crédito Territorial que sobrevivió inclusive a María Eugenia Rojas. Es increíble que durante tantos años se haya tolerado esa entidad, ejemplo de burocracia ineficiente, donde, según Planeación Nacional, los costos administrativos y la cartera perdida pasaban del 70% del costo de la vivienda entregada, lo que constituía en la práctica un descomunal subsidio oculto que no llegaba a las manos de los que lo necesitaban, sino que se quedaba en los bolsillos de la burocracia, de los adjudicatarios que no pagaban su deuda y de no pocos contratistas que se hicieron ricos por cuenta del ICT. En buena hora se optó por el subsidio directo al comprador, buscando matar dos pájaros de un tiro: acabar con la burocracia del Estado constructor entregándole la plata al pobre para que él escoja su vivienda y propiciar una sana competencia entre los constructores que buscan acceder al mercado ampliado por los subsidios. Sin embargo, después de cuatro años los resultados distan mucho de ser los esperados.

El Inurbe, sucesor del ICT, tampoco se ha distinguido por su eficiencia. A pesar de que prometieron 400.000 viviendas, sólo se ha asignado subsidios para algo menos de 120.000 en todo el país y, lo que es más grave, se ha desembolsado menos de la mitad. ¿Por qué? En primer lugar por falta de plata, pues nunca aparecieron todos.,: los millones que se habían prometido, por los trámites inventados por el Inurbe que tienen represada una buena suma, por falta de información a la gente que aún no cree en regalos y finalmente por falta de oferta de viviendas. Y esto último, que parece insólito, tiene mucho que ver con las administraciones municipales. Tomemos el caso de Bogotá, el más crítico. ¿Qué ha pasado?

La ciudad no ha habilitado las tierras necesarias para que haya una verdadera oferta de vivienda social, en parte por el prurito de impedir - vana esperanza- la expansión del perímetro urbano. La realidad es que se expande todos los días, por la acción de piratas e invasores, con el nefasto resultado de que las tierras menos apropiadas, por los costos de infraestrucura, son las que finalmente se ocupan: las escarpadas laderas de los cerros, con alto riesgo de deslizamientos y los terrenos inundables. Un día de estos cualquier barrio pegado a la montaña con un temblorcito de tierra puede quedar aposentado en la mitad de la Sabana, ocurriendo de improviso y con muchos muertos lo que trataban de impedir los planificadores. Y ni hablar de los pantanos con casas en zancos, como en Ciénaga, con la diferencia de que la gente no llega en piragua sino arremangándose los calzones y que el agua no es de mar sino de alcantarilla.

Pero el problema no es sólo de tierras, es también de trámites. En nuestra capital es casi imposible sacar, en menos de los cuatro años de un gobierno, el permiso para una urbanización. Cualquier proyecto tiene que pasar por las manos de un montón de funcionarios cuya única misión es buscarle peros, y mientras más sensato y urgente sea, más se demora. Hay varios casos de trámites que llevan diez años, durante los cuales todas las tierras aledañas se urbanizaron, sin planeación ni servicios, y por supuesto sin permisos, por "empresarios" que no se molestaron en pedirlos.

Ahora nos anuncia el gobierno que en el próximo cuatrienio se construirán 900.000 viviendas y se desembolsará más de un billón de pesos en subsidios directos. (También nos anuncia unos subsidios colectivos para el "entorno", que parece serán administrados por las comunidades. ¡Dios quiera que sí lleguen al entorno!). Si resulta verdad tanta belleza y aparece toda esa plata, para que se puedan construir todas las casas, los nuevos alcaldes, y especialmente el de Bogotá, tendrán que hacer una limpieza de burocracia y de trámites como no se ha hecho jamás. Y para que se desembolse a tiempo habrá que hacer lo propio en el Inurbe; claro que eso depende del Ministerio de Desarrollo, y como después de doña Ana Milena todo lo pueden las primeras damas, que Rodrigo Marín haya instalado a Nanny en el ministerio, de golpe es garantía de que ahora sí se va a lograr la meta.
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