Opinión

  • | 2004/05/28 00:00

    De la crisis de la democracia y el parlamentarismo

    La democracia latinoamericana no se fortalecerá cambiando el actual régimen presidencial por uno parlamentario.

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Es reconocido que el sistema democrático está fallando en América Latina. Una de las proposiciones es que esto se debería en buena parte al sistema presidencial que tienen nuestras naciones. Personas del peso del ex presidente López Michelsen o el senador Carlos Gaviria han invitado a estudiar esta posibilidad y dentro de este propósito la Universidad Sergio Arboleda trajo al profesor Arturo Valenzuela, asesor del gobierno Clinton para América Latina, profesor de Georgetown University, y sobre todo abanderado de la tesis de que el cambio a un régimen parlamentario sería fuente de estabilidad y de progreso para los latinoamericanos.

Vale la pena comentar su conferencia, ya que desarrolló muchos de los argumentos que se esgrimen y lo propuesto por él será repetido en nuestros foros.

Ante todo, hay que aclarar que hay errores en la presentación al afirmar que Latinoamérica intentó copiar el régimen presidencial de Estados Unidos tal cual se diseñó en la Constitución de Filadelfia. Esa Carta fue inicialmente un contrato entre estados constituidos y soberanos que acordaron federarse para manejar temas comunes; contempló el control de la moneda, de las fuerzas militares, de las relaciones exteriores bajo una misma autoridad y la regulación del tráfico comercial entre esos estados. Apenas en la primera enmienda con la Carta de Derechos (Bill of Rights) se tocó el tema de los ciudadanos, y solo para definir un común denominador como garantía o protección que impediría el abuso por parte de las autoridades de esos estados. Pero las relaciones civiles, judiciales, administrativas, etc. dependen en cada estado de su propia justicia, de autoridades policivas autónomas, de sistemas de impuestos locales, de una administración pública estatal, etc. El Presidente concebido entonces no era el jefe de la nación ni de un gobierno en el sentido político, sino el administrador de esa federación; su selección no vendría de una elección popular, ni originalmente de una mayoría de sufragantes, sino de un acuerdo entre quienes fueran seleccionados por cada estado para negociar un nombramiento en el que la condición de administrador prevalecería sobre lo electoral; por eso no todos los estados tienen el mismo sistema para escoger delegados.

La función presidencial estaba alrededor del vínculo entre los estados y del conjunto de ellos frente al exterior, guardando cada uno la soberanía y la autonomía en lo que concernía a la relación con sus ciudadanos. Primero, la Guerra de Secesión y luego la Primera Guerra y la Gran Depresión abrieron paso a la ascendencia del gobierno nacional sobre los estatales, la cual solo se consolidó en la segunda mitad del siglo pasado. Basta pensar que solo en los 60 el gobierno federal decidió interferir en los problemas de los derechos civiles en los estados del Sur, donde rigió un sistema de apartheid hasta la llegada del gobierno de John F. Kennedy.

El corolario de este error de interpretación es afirmar que para obtener ese resultado exitoso se requeriría una institución fuerte de control como el que allá encarna la Corte Suprema. La realidad es que no tener claro que la constitución estadounidense tuvo como fundamento el tratado entre estados hace olvidar que la función de guardián de ella está delimitado por esa naturaleza: la Corte estadounidense se concibió para resolver controversias entre los estados miembros o entre un ciudadano de un estado y otro al cual no pertenece; por eso no existe la posibilidad de demandas ante ella, ya que solo interviene como instancia de apelación, para dirimir un conflicto o un vacío de competencias.

Con el tiempo, el espíritu y el contenido de las estructuras políticas estadounidenses han evolucionado hacia un régimen nacional en que el gobierno central ha ido asumiendo mayor importancia. Pero antes de suponer que nuestro presidencialismo se remonta al intento de copiar sus instituciones es necesario saber hasta qué punto esto era imposible por cuanto la naturaleza política de su Carta es esencialmente diferente de nuestras constituciones.

Defecto parecido (en el sentido de no ser correcto en lo fáctico) sufre el argumento de que las crisis de gobierno se convierten en crisis del sistema y son causa de la falta de estabilidad y gobernabilidad de Latinoamérica. El hecho de que Bolivia haya tenido 14 presidentes en 18 años sería la prueba que se aduce. Pero Colombia desde la última reforma al régimen presidencial en 1910 no ha padecido ninguna crisis de régimen y, por el contrario, las que hubieran podido serlo -las sufridas con el ascenso y caída del General Rojas Pinilla- fueron manejadas en la práctica como crisis de gobierno, adaptándolas al sistema vigente.

Lo cierto es que exagerar la independencia de los poderes hace que, en vez trabajar en armonía, Congreso y Presidente tiendan a competir y puedan producir situaciones de ingobernabilidad o, como ha sucedido aquí, la disyuntiva perversa de que el Mandatario no actúe como amigo del cuerpo colegiado pero sí 'compre' amigos en él para manejarlo a su antojo. Prohibir el nombramiento de congresistas como ministros o embajadores solo tiende a agravar esos riesgos.

El requisito sine qua non del sistema parlamentario es la existencia de verdaderos partidos. Se argumenta que al adoptar ese sistema se 'forzará' a que los partidos se organicen y vitalicen. Es un argumento parecido al de los defensores de la globalización cuando dicen que así se modernizarán nuestras empresas: no explican cómo ni por qué, pues lo que sería condición para el éxito lo dan por hecho ante la seguridad que se logrará; sin embargo, es más probable que cayéramos en un inmanejable parlamentarismo tipo italiano a que lográramos un orden como el inglés que deseamos (como es más probable que nuestros sectores productivos se quiebren antes que ganarles en eficiencia a los estadounidenses).

En todo caso, argumentos a favor o en contra siempre habrá, y crisis en Latinoamérica claro que hay. Pero pensar que la solución está en la sustitución del sistema presidencial por el parlamentarismo es buscar el ahogado río arriba.

Los dos elementos de estudio más importantes se olvidan:

- No existen sistemas constitucionales buenos o malos, sino adaptados o no a una determinada sociedad. Tan importante como la racionalidad de las instituciones es la historia y la idiosincrasia del pueblo al que se quieren aplicar. Es por decantación que una Constitución o el régimen que ella recoge se van volviendo los apropiados para la comunidad que cubre. Ni nuestra historia ni nuestra cultura explicarían esa reforma. Lo pertinente sería entendernos y analizarnos mejor para adelantar un proceso de identificar nuestros problemas y buscar la solución a ellos.

- Lo evidente en este sentido es que la crisis de la democracia en Latinoamérica es el fracaso del modelo económico y las consecuencias que ha producido en lo social y lo político al crear sectores marginados (los 'ineficientes'), a quienes obliga a actividades de supervivencia casi por necesidad antisociales. El que esto sea causa, consecuencia o simple coincidencia es

lo primero a estudiar.
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