Opinión

  • | 2011/06/08 18:00

    ¿Cuál es el modelo Santos?

    Mientras no se cambien los modelos -es decir, los objetivos y en consecuencia los medios para alcanzarlos- los cuestionamientos tienen que subsistir. Por eso, la pertinencia de la pregunta: ¿se ha propuesto un cambio de modelos?

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Se está dando un consenso en cuanto a que 'Santos está haciendo las cosas bien'. Hasta cierto punto es tonto no compartir esta apreciación.

Sin lugar a dudas, esto sucede en cuanto a la forma de manejar los temas y los problemas.

También en el contenido de las políticas, medidas y leyes que se proponen hay una reorientación que, exceptuando a algunas recalcitrantes, se reconoce que son constructivas y positivas. Es el caso de la Ley de Víctimas, de las relaciones exteriores, del trato con los otros poderes y, todo parece apuntar que lo será también, respecto al tema de la paz.

Todo esto proyecta una imagen favorable del Gobierno y la persona del presidente Santos.

Sin embargo, si se desea profundizar un poco en el destino del país más que en el momento que vivimos, sería necesario saber si los problemas que está atacando corresponden a las prioridades de nuestra sociedad y, sobre todo, si están bien diagnosticados. Esto bajo el supuesto de que en caso contrario puede ser que 'Santos va bien pero el país mal'.

Para expresarlo con un ejemplo que no tenga que ver con él, nos sirve el caso de la movilidad en Bogotá. Se cometió el error de pensar demasiado en el arreglo de las vías y en poner a funcionar lo que existe en vez de en el cómo sustituirlo por algo diferente. Las congestiones de tráfico dependen solo muy parcial y transitoriamente del estado de la malla vial, puesto que el punto central es que la cantidad de vehículos es demasiado para las calles que tenemos; como no parece posible dedicarnos a tumbar casas para ampliar las vías, toca pensar en términos de mediano plazo (en realidad ya es menos que corto plazo) para buscar alternativas.

La respuesta obvia es que no pueden ser más el 'pico y placa' o más multas y restricciones sino el sistema de transporte masivo. La mayor parte del problema es el haber optado por ensayar el Transmilenio: este modelo fue exitoso en Curitiba, Brasil, de donde fue copiado, pero esa es una ciudad de menos de un millón de habitantes, cuyo diseño urbanístico era adaptable a ese sistema, tanto en lo físico como en las necesidades, pues permite y es suficiente el transporte de una población relativamente pequeña -de 150.000 a 200.000 habitantes- en tramos de pocos kilómetros en los que velocidades promedio -20 Km/hora- bastan. A ninguna ciudad del tamaño de Bogotá le sirven esas condiciones, por eso todas las de población equivalente que organizan transporte público masivo lo hacen con Metro.

A nivel del país el primer tema no debe ser el desarrollo económico (pensando solo en el TLC, el grado de inversión, etc.), sino cómo volver a Colombia un país vivible para todos. El inconveniente más presente es el conflicto armado. Pero este no se va acabar con una victoria militar (que, como el Transmilenio, es una solución que no es solución). La paz no se logra con más fuerzas armadas, con leyes de seguridad o de inteligencia, o más penas y nuevas categorías de delitos. Se requiere un cambio de modelo que parta de trabajar alrededor de las causas, no de los efectos. Mejor sería un eslogan de "viaje tranquilo, no se necesita Ejército en las vías", que las tanquetas y los muchachos con ametralladoras terciadas en todas las carreteras.

No es en la derrota de las Farc donde está la solución. Tampoco en el diálogo o los acuerdos con ellos (aunque peor es descartarlos). El camino para llegar a la armonía y convivencia entre los colombianos depende de lograr la garantía y universalidad de los derechos fundamentales (alimentación, techo, salud), del propósito de buscar igualdad, equidad y justicia (educación, igualdad de oportunidades), y del cambio de metas o valores (oferta de cultura, deporte, esparcimiento para que la única aspiración no sea la acumulación de dinero).

Infortunadamente, los modelos errados se repiten en casi todos los campos donde hay situaciones críticas.

La política antidrogas es el fracaso más reconocido del mundo y el que afecta especialmente a Colombia. El mismo día se informa que se capturaron 1.764 traficantes al menudeo, y que el consumo en los menores de edad ha aumentado en 10%. ¿Cuándo se procesarán estos delincuentes y dónde se encarcelarán? ¿Será que los niños colombianos tienen tendencia a esa adicción o que por ser buen negocio -por la rentabilidad que produce la ilegalidad- esos delincuentes los buscan?

Cambiar la política de 'tolerancia cero' por una reglamentación, no solo produciría mejores resultados sino costaría menos y disminuiría el fenómeno de la corrupción (donde hay lucro y delito hay corrupción). Sustituir la estrategia de represión por una más elaborada y más inteligente tiene que producir menos males.

El caso de la justicia se parece al de la movilidad, en el sentido en que son más los casos que entran a trámite judicial, que la capacidad de este de procesarlos. Por eso, poner más duras las penas o crear nuevas figuras delictivas lejos de solucionar el problema lo agrava. Y el camino de nombrar más jueces y hacer más prisiones -y, al mismo tiempo, sacar amnistías, beneficios de libertades condicionales, casa por cárcel, o delitos excarcelables- apenas llevaría a disimular ese desfase.

La solución está en buscar las condiciones que disminuyan la propensión al delito. La vía represiva algo sirve como complemento, pero no puede ser la columna vertebral de la política criminal. También en este campo, más conducente que el aumento de la fuerza pública y el mismo desarrollo económico es la inversión del Estado en la respuesta a las necesidades básicas ciudadanas -salud, educación, empleo, recreación-, disminución de las desigualdades, oferta de oportunidades relativamente equitativas para todos.

Y la historia se repite en el terreno de la salud. Todas las deficiencias y escándalos acaban girando alrededor de precios (de medicamentos o servicios) por el principio de usar los incentivos del mercado para manejar ese sector. Pero el problema justamente es que la salud no es una mercancía sino un derecho. Todos los controles y leyes que busquen reglamentar con un aliciente de mercado la atención a un derecho inalienable del ciudadano se encontrarán con la contradicción de que los operadores actúan en función de su beneficio y no del servicio a la comunidad. Para que el propósito de que todos tengamos derecho a la salud se cumpla, se requeriría cambiar la proporción de quienes contribuyen y de quienes se benefician del subsidio, aumentando el número y el nivel de vida de los primeros, lo cual no se logra por decreto; por eso debe ser el Estado quien asume esa responsabilidad directamente mediante un seguro social que responda por la universalidad, para que quienes no gozan del privilegio de poder autofinanciar su salud reciban ese apoyo.

No se trata de que uno se encuentre siempre en contra de cualquiera que llega a la Presidencia; el tema es el modelo y no las personas; vale repetir la frase de Einstein que parece fue inspirada en Perogrullo: "nada más absurdo que repitiendo las estrategias esperar resultados diferentes". Mientras no se cambien los modelos -es decir, los objetivos y, en consecuencia, los medios para alcanzarlos- los cuestionamientos tienen que subsistir. Por eso la pertinencia de la pregunta: ¿Se ha propuesto un cambio de modelos? O mejor: ¿cuál es el modelo Santos?

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