Javier Fernández Riva

| 3/21/2003 12:00:00 AM

¿Cuál es el afán?

No hay razones válidas para insistir en vender cuanto antes los bancos oficiales al precio que sea, y menos para destazarlos y venderlos por partes.

por Javier Fernández Riva

Cuando, hace unos días, presenté en público un contraste entre las ganancias de los bancos privados de capital doméstico y los pobres resultados de la mayoría de los bancos extranjeros, uno de los asistentes me preguntó cómo cambiarían las cosas si en los bancos locales se incluyeran las entidades públicas. En ese momento no tenía la respuesta, pero ahora sí, y creo que será de interés para muchos lectores. En los 12 meses hasta enero las utilidades después de impuestos de los cuatro bancos públicos que siguen activos en crédito (Agrario, Aliadas, Bancafé y Granahorrar) fueron 15,4% de su patrimonio, que no luce nada mal frente al del conjunto de los bancos extranjeros, -1,6%, y no está demasiado lejos del 17,1% que lograron los bancos privados nacionales. Y esos resultados de la banca pública no se explican por una cartera mala que pudiera generar pérdidas más adelante. En promedio, por cada $100 de cartera de créditos deteriorada los bancos oficiales mencionados tenían, en enero, provisiones por $72, lo que arroja una tasa de "cobertura de provisiones" que excede la media de los bancos privados.

Entiendo que una disposición transitoria de la Superintendencia Bancaria impide que los bancos oficiales transfieran cada año al Gobierno Nacional parte de sus utilidades como lo hace Ecopetrol. Lástima, porque para que las entidades públicas o privadas no bajen la guardia ayuda mucho el ojo del accionista interesado en los dividendos. De todas maneras, es claro que en este momento los bancos oficiales mencionados no le están causando costos netos al Gobierno, por lo que no habría justificación para salir de ellos "de afán", vendiéndolos por cualquier cosa. Mucho menos cuando, debido a la situación de orden público y la poco alentadora experiencia de la mayoría de los bancos extranjeros, hoy sería casi imposible conseguir compradores a precios razonables para los bancos oficiales como entidades en marcha, de manera que algunos han propuesto destazarlos para poder venderle a este interesado un muslo (la cartera comercial A y B), al de más allá el anca (la cartera de consumo ídem), y así, hasta quedarse el Estado sólo con las tripas y el costo de disponer de los desechos.

No soy un fanático de las empresas oficiales. Hace unos años, cuando todavía existía ese engendro en que acabó convirtiéndose la Caja Agraria, escribí aquí un artículo en el que mostraba que, alrededor de esa entidad, se había desarrollado una "cultura de ordeño", que la hacía irrecuperable, y concluí que la única solución era liquidarla como, por fortuna, el Gobierno hizo más adelante. Aunque siempre hay excepciones, para la mayoría de las empresas públicas tirar al déficit es tan natural como para las cabras tirar al monte. Entiendo que esa es la preocupación primordial de los funcionarios del Fogafin. Pero una cosa es estar de acuerdo con el principio general de que el Estado no tiene nada qué hacer como propietario permanente de varios bancos y otra abstenerme de señalar los riesgos contra el patrimonio nacional por la presión del FMI y el impulso de intereses particulares.

Además, debo reconocer que las excepciones al principio de que las empresas oficiales tienden al déficit son numerosas e importantes. Una de las cosas más intrigantes que se observan cuando se estudia con ojos desprevenidos el desarrollo colombiano es la cantidad de riqueza que, durante décadas, lograron acumular muchas empresas públicas, en sectores como la minería, el petróleo, la energía eléctrica y las comunicaciones. La riqueza que esas empresas acumularon, y que luego se ferió para financiar gastos de funcionamiento del Gobierno, no se financió con impuestos, puesto que en la época en que las empresas públicas estaban en auge la tasa de tributación era mucho menor que la actual. Tampoco se financió con deuda, y mucho menos con deuda externa, que fue una moda de los 90, precisamente cuando ya estábamos de salida de casi todas las empresas públicas. Ni siquiera se recurrió a la explotación monopolística del mercado local, pues las tarifas de esas empresas estuvieron casi todo el tiempo controladas. Y, desde luego, todo ese proceso de creación de riqueza pública no tuvo como contrapartida el marchitamiento de la inversión privada y el sacrificio del crecimiento. Por el contrario, el auge de las empresas públicas coincidió con tasas de crecimiento económico y de acumulación privada que ya quisiéramos para unas fiestas.

Hace unos años decidí examinar la economía local de las telecomunicaciones, porque percibía que muchas de las afirmaciones de la sabiduría convencional eran ligeras y sospechaba que el supuesto "valor casi nulo" y la falta de futuro que se le atribuía a empresas como la telefónica de Bogotá, ETB, reflejaban un montaje para desvalorizarlas y poder comprarlas baratas. Lo que encontré fue intrigante y me volvió muy desconfiado de las ventas de empresas públicas bajo presión. La mayoría de las telefónicas y, ciertamente, la ETB hacían bonitas utilidades antes y después de depreciación. Además, tenían una amplísima cobertura de servicios en niveles de ingreso medio y bajo, de manera que sus utilidades no se explicaban por una política de descreme de un mercado de alto ingreso: en las mayores ciudades colombianas hasta el gato tenía acceso al servicio telefónico. Pero lo más intrigante es que esas empresas cobraban tarifas que eran un escándalo internacional por lo bajas. Nada de eso era obstáculo para que cada cierto tiempo saliera algún "experto" a decir, me imagino que algunas veces en forma desinteresada, que las empresas colombianas de telefonía fija no tenían futuro y que debían venderse por lo que fuera.

Como analista independiente quiero decir que la obligación del FMI de que se privaticen los bancos dentro de un cronograma estrecho, o que se proceda a su desmembramiento, es un atentado contra los activos de la Nación, y que el Congreso debería pedirle cuentas al Gobierno si insiste en sacrificar la riqueza nacional. Hace pocos días el profesor de la Universidad de Columbia Dani Rodrik ridiculizó en vivo y en directo, en Bogotá, la pretensión del consenso extendido de Washington de que la privatización a ultranza es la vía seguida por los países económicamente exitosos.

Y una nota final. Cuando se sabe, como sabemos todos, que no hay apetito extranjero ni nacional por las actuales entidades oficiales ¿no será hora de que, como parte de la política de austeridad, deje de gastarse plata en estudios de banca de inversión que no van a llegar a nada a menos que se acepten precios irrisorios para poder hacer efectivas las comisiones? ¿Alguien podría informarle a la opinión cuánto se ha gastado en los últimos tres años en honorarios de la banca de inversión para la venta de los bancos oficiales?
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