Opinión

  • | 1998/07/21 00:00

    Contralor y procurador por elección

    Ventajas y desventajas de llegarse a imponer una elección popular de estos dos organismos de control.

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La elección popular del procurador y del contralor más que contribuir a perfeccionar los controles los desvirtuarían por un nuevo sesgo político y atomizarían el Estado.



La existencia de controles y la libre participación de la opinión pública constituyen los elementos más importantes del Estado de Derecho.



Los controles son básicamente políticos y técnicos. El control político lo hacen el Parlamento y la comunidad por los medios de comunicación. El control técnico se divide en judicial, administrativo y fiscal, con sus respectivas interrelaciones. Estos dos últimos tienen sus órganos en la Procuraduría y en la Contraloría, cuya posibilidad técnica se cuestiona por la injerencia del Congreso y la situación judicial de varios de sus titulares.



Es claro que el país ha tenido procuradores y contralores de todas las calificaciones desde cumbres morales como Carlos Lleras y Mario Aramburo.



La elección popular estimularía la politización y no aseguraría el rigor técnico y la imparcialidad. Dichos funcionarios no podrían ser reelegidos, pero, ¿quién frenaría la intromisión de los electores tratando de alterar los fallos o buscando con puestos el pago de los votos, y cómo se garantizaría que esa tendencia no se replicara en departamentos y municipios?



Si bien las reformas de la Asamblea Constitucional fueron saludables al dar participación a los diferentes tribunales en la postulación de los candidatos, todavía queda mucho, especialmente en cuanto a la desburocratización de las contralorías nacional, departamentales y municipales.



La elección popular en estos organismos traería los problemas inherentes a una campaña y su financiación, y el riesgo de que la política se impusiera sobre las buenas intenciones técnicas de los candidatos. Es preferible avanzar en mejorar el Congreso que en atomizar el Estado. Es mejor tener cuidado en la elección de los funcionarios que incurrir en un desastre institucional. Hay que democratizar lo político pero no politizar lo técnico. Es conveniente examinar y tramitar reformas que mejoren la Procuraduría y las contralorías, pero sin aplicar un remedio político de coyuntura a un asunto técnico relacionado con la garantía de funcionamiento transparente del Estado.
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