Opinión

  • | 2006/06/23 00:00

    ¿Colombia desertificada? Buenas y malas noticias

    Colombia avanza hacia un proceso que convierte las zonas áridas en desiertos. Se puede evitar, si se actúa pronto.

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No es un error de ortografía. No se trata tampoco de la antipática costumbre del Tío Sam que condicionaba su ayuda económica al desempeño de nuestros países en la lucha contra las drogas, o como lo continúa haciendo actualmente en relación con el tema de derechos humanos. Es un asunto mucho más serio, pues tiene qué ver con la degradación de los suelos y la pérdida de su capacidad para soportar la vida y muchas de las actividades humanas, así como sus efectos en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Naciones Unidas ha hecho un llamado para proteger las tierras áridas, un ecosistema que requiere manejo y protección especiales. En su mensaje, Kofi Annan nos recuerda que las tierras áridas cubren más del 40% de la superficie de la Tierra y que en ellas habitan cerca de 2.000 millones de personas, una tercera parte de la población mundial. También recuerda cómo la pobreza, el ordenamiento insostenible de la tierra y el cambio climático están transformando las zonas áridas en desiertos.

Según el Instituto para la Vigilancia Mundial, en los últimos 20 años se ha perdido una extensión equivalente a la superficie agrícola de Estados Unidos, en tanto que el 23% de las tierras cultivables está siendo afectado por la degradación de los suelos, reduciendo dramáticamente su productividad. América Latina ocupa el tercer lugar en degradación de suelos con un 16% del total, luego de Asia y África donde se presentan los casos más críticos.

Nuestro país no escapa a este problema y por el contrario, según el Atlas Interactivo de la Degradación de Tierras por Desertificación que acaba de publicar el IDEAM, el 21,5% del territorio nacional está caracterizado por zonas secas, en especial las regiones Caribe y de la Orinoquía, pero también algunos valles y cañones de la región Andina. Según el estudio, el "16,9% de las tierras se encuentra afectado por desertificación, coincidiendo esta afectación con los principales polos de desarrollo. Es allí donde se encuentran los distritos de riego más importantes y las actividades agrícolas intensivas. Igualmente se encuentran ubicadas las principales ciudades y los desarrollos viales, mineros y petroleros".

Lo que muestra este diagnóstico es altamente preocupante, no solo por lo que implica en cuanto a la sostenibilidad de las principales actividades productivas del país, sino también en cuanto al modelo de desarrollo vigente, que al no tener en consideración criterios ambientales podría colapsar en el futuro.

En una columna anterior había llamado la atención sobre la vulnerabilidad de nuestro país y los múltiples retos que enfrentamos ante otro fenómeno como el cambio climático. Allí mencionaba cómo las predicciones científicas muestran que el 4% de las poblaciones costeras es altamente vulnerable ante el aumento de los niveles del mar y cómo el 17% de la superficie de la isla de San Andrés desaparecería, en especial las áreas donde se concentra la actividad turística y comercial. También mencionaba cómo cerca del 50% del territorio nacional, en especial las regiones Andina y Caribe, es vulnerable a los cambios en el régimen hídrico, generando desabastecimiento de los acueductos en épocas prolongadas de sequía, y cómo el 95% de los nevados y 75% de los páramos desaparecerán y con ellos cientos de especies de fauna y flora. A esto debemos ahora sumarle las implicaciones que para nuestro desarrollo y crecimiento económico tiene la desertificación.

La buena noticia es que hoy contamos con suficiente información científica para anticiparnos en el diseño de políticas que corrijan las tendencias negativas y así poder blindarnos ante el anunciado colapso. La mala es que estos temas no son tomados en cuenta por economistas, planificadores y mucho menos por los políticos que tienen en sus manos el futuro del país. Ojalá el gobierno Uribe en su segunda etapa se haga consciente de estas realidades, corrija los desatinos y vacíos de su primera administración y tome en cuenta lo ambiental como parte fundamental del desarrollo sostenible.
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