Opinión

  • | 2006/02/16 00:00

    Cinco tareas sociales para 2010

    Programas con resultados medibles que podrían proponerse los nuevos gobiernos latinoamericanos para responder a las demandas de justicia social.

COMPARTIR

Los candidatos tienden a prometer cosas que no pueden cumplir. Entre las promesas más comunes están elevar el crecimiento económico, crear empleos y reducir la pobreza. Pero ¿qué valor pueden tener estas promesas cuando los factores que más influyen sobre estas variables escapan al control del gobierno y cuando ni siquiera entre los académicos más consagrados a estos temas hay acuerdo sobre qué instrumentos de política son los más indicados para afectar estas variables? En materia de políticas sociales, a menudo se hacen promesas que pueden ser más creíbles, por ejemplo, aumentar el gasto social. Pero aumentar el gasto social no equivale a reducir la pobreza. Ni siquiera implica aumentar la cobertura o mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, ya que el mayor gasto social puede irse simplemente a pagar mayores salarios públicos o pensiones más altas, o desperdiciarse en ineficiencia o corrupción. De hecho, no hay ninguna correlación entre los aumentos en el gasto público en educación y los logros (o fracasos) en escolaridad que tuvieron los países latinoamericanos en la década del 90. Brasil y Nicaragua fueron los más exitosos en cobertura educativa sin aumentar el gasto, mientras que Colombia y Paraguay gastaron mucho y lograron poco.

Las acciones de política social que se propongan los gobiernos en los próximos años deberían, además de ser medibles, ser el resultado de acciones directas de los mismos gobiernos y tener efectos conocidos y duraderos sobre las condiciones de vida de los pobres. Además, deberían ser acciones que se refuercen mutuamente para romper los círculos viciosos de falta de oportunidades, marginación y pobreza que afectan a algunos grupos o regiones.

Identidad Mi propuesta consiste en que se fijen objetivos en cinco campos muy específicos de la política social. El primero es dar documentos de identidad a quienes no los tienen, empezando por los niños. Según Unicef, de los menores de cinco años en toda América Latina, el 15% no existe oficialmente. En algunas municipalidades de un país relativamente próspero como es Argentina, uno de cada seis adultos carece de identificación oficial. Se cree que la situación es mucho más grave en otros países, aunque no hay cifras precisas.

Ser indocumentado en su propio país es una condición lamentable, que impide ser beneficiario de algunos programas sociales, graduarse formalmente de la escuela, tener un empleo formal (y, por consiguiente, tener seguridad social), tener acceso a crédito o ser propietario legal de una vivienda. Con buenas razones, Evo Morales ha anunciado que esta será una de sus políticas sociales, pues en algunas áreas de Bolivia 90% de la población carece de identificación y la mayoría no está inscrita en ningún registro civil.

Transferencias condicionadas La segunda meta consistiría en otorgar subsidios a las familias más pobres bajo condición de que envíen sus niños a la escuela y se presenten regularmente a chequeos de salud. Brasil con el programa Bolsa Escola y México con Progresa (ahora llamado Oportunidades) fueron los líderes en este tipo de programas sociales, que han adoptado también Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica y Nicaragua. Aparte de elevar directamente el ingreso de los pobres, está comprobado que estos programas aumentan considerablemente la asistencia escolar y previenen la incidencia de las enfermedades más comunes.

Bancarización El tercer objetivo es lograr que toda familia pobre esté "bancarizada", es decir, que tenga una cuenta bancaria y una tarjeta débito, de tal forma que pueda recibir transferencias y hacer retiros de dinero sin pagar comisiones excesivas. Si los ingresos laborales o las remesas de familiares que reciben los pobres están protegidos en un banco, es más factible que se gasten en forma ordenada y que se destinen a atender las necesidades básicas del hogar (y en particular las de los niños, sobre todo cuando es la madre quien controla los ingresos). La bancarización es el primer paso para crear una cultura de ahorro y para ser objeto de crédito.

Títulos de propiedad Es cierto, los bancos solo prestan a quien no lo necesita. A menos que haya una garantía hipotecaria. Dos de cada tres familias latinoamericanas pobres tienen algún inmueble, pero la gran mayoría carece de títulos que lo demuestre. Esto es así porque no existen buenos sistemas catastrales y de registro para las zonas rurales, y porque cerca del 60% de los barrios en las grandes ciudades latinoamericanas empezaron siendo invasiones ilegales. Así, la cuarta tarea consistiría en regularizar los títulos de todas estas propiedades.

Los esfuerzos de titulación de propiedades en Lima y Buenos Aires han mostrado que el acceso al crédito no cambia por este solo motivo. Esto se debe, por un lado, a que la recuperación de una garantía inmobiliaria puede ser muy costosa y lenta, de forma que los bancos no se sienten animados a prestar; por otro, a que los pobres no piden crédito bancario porque no saben cómo hacerlo o porque no creen que lo puedan conseguir. Así, esta política tendría que ser complementada con reformas legales y procedimentales en el sistema judicial, y por un esfuerzo conjunto con el sector financiero y algunas organizaciones sociales para mejorar la cultura de crédito.

Pero las evaluaciones de estos programas de titulación han encontrado que, aunque no consigan crédito, las familias que tienen títulos de propiedad ahorran e invierten más y tienen viviendas en mejores condiciones, lo que redunda en sus condiciones de salud y en su productividad. Además, presumiblemente, donde hay más propietarios hay más estabilidad social y política pues hay más incentivos para respetar la ley y los contratos.

Teléfono móvil La verdadera brecha digital no es entre quienes tienen y quienes no tienen computador o acceso a internet, sino entre quienes tienen y no tienen teléfono móvil. Este artefacto es posiblemente la tecnología moderna con mayor impacto en el desarrollo: diez teléfonos más por cada 100 personas elevan la tasa de crecimiento del PIB en 0,6 puntos porcentuales, según The Economist. Aunque este tipo de cálculos siempre debe tomarse con pinzas, hay razones para creer que el teléfono móvil potencia la productividad de los pobres y los informales, pues ahorra desplazamientos inútiles, facilita los negocios y multiplica los contactos con conocidos y familiares que constituyen la red de protección de quienes están al margen de los sistemas formales de empleo y seguridad social.

Por esto, la quinta meta social que yo propondría sería una mayor difusión del teléfono móvil entre los pobres. Requeriría una regulación adecuada del sector para estimular la competencia, facilitar la adquisición inicial de los aparatos y generalizar el uso de las tarjetas prepagadas. De las cinco metas, esta sería la que más escaparía a la influencia del gobierno.

Las metas para estas cinco variables tendrían que ser definidas considerando los puntos de arranque y las posibilidades del país. Ninguna de estas políticas tendría por qué enfrentar una oposición política, y al menos un par de ellas involucraría al sector privado. Valdría la pena intentarlo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?