Opinión

  • | 1998/03/16 00:00

    Cesantías, tarea incompleta

    A pesar del éxito alcanzado, los fondos de cesantías se ven fuertemente afectados por la evasión. Es hora de buscar soluciones imaginativas al problema.

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La reciente consignación de $632 mil millones elevó a $1,5 billones el valor patrimonial de los fondos de cesantías, que pertenecen a 1.840.000 trabajadores colombianos.



El nuevo sistema de cesantías independiza el ahorro del trabajador del patrimonio del empleador, lo fortalece con pólizas de seguro de capital y rentabilidad, y lo protege contra defraudaciones, concordatos y quiebras.



Las empresas pueden calcular con exactitud el pasivo y están obligadas a cancelarlo anualmente. Antes era común ignorar provisiones o contabilizarlas sin respaldo. Las empresas terminaban asfixiadas y los trabajadores, arruinados. El nuevo sistema da confianza para empleos más estables.



A pesar de sus múltiples aspectos positivos y teniendo quien escribe buena parte de responsabilidad de la ley 50 de 1990, es preciso formular algunos comentarios.



Un universo de 1.840.000 trabajadores es reducido, a pesar de la informalidad. Los fondos de pensiones obligatorios cuentan con 2.525.000 afiliados, número que creció en 1997 en un porcentaje similar a la reducción que presentaron los de cesantías.



Por fuera están los trabajadores que continúan en el antiguo sistema y los servidores públicos. Para estos últimos, es necesario legislar de nuevo ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo que autorizaba su traslado paulatino. La carga de cesantías de departamentos y municipios, sumada al pasivo pensional causado hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es explosiva. Una liquidación gradual de cesantías contribuiría a despejar sus finanzas y traería seguridad a sus funcionarios. Estos no pierden con el desmonte de la retroactividad, cuyos efectos se anulan con atrasos de pagos definitivos y anticipos. Y como carecen de interés anual, la rentabilidad de los fondos compensa los beneficios del sistema anterior.



Lamentablemente, la evasión en cesantías es alta. En qué grado es dolosa, o inducida por el mal comportamiento de la economía, o derivada de la incapacidad de pago de pequeños empresarios, o asociada a la informalidad, son interrogantes que merecen un estudio conjunto de gobierno, empresarios y trabajadores.



Una reforma tributaria que introdujera alivios fiscales, lo cual sería posible con un severo programa de ahorro público, debería incluir la acreditación del pago de las cesantías como requisito para los beneficiarios. Sería necesario involucrar a los municipios, que manejan un creciente número de contribuyentes, y estudiar qué tarea podrían cumplir las Cajas de Compensación Familiar.



Para detectar la evasión, sería útil vincular los créditos y subsidios de vivienda al examen de las cuentas de cesantías, con excepción de los informales.



En medio de las dificultades, los fondos de cesantías tienen en su poder $1,5 billones de ahorro social privado, de propiedad de los trabajadores. Preparemos los proyectos de inversión para que no lleguemos a encontrarnos en medio de una amplia disponibilidad de financiación carente de destinos viables.
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