Opinión

  • | 2010/01/22 12:00

    ¿Cara o sello?

    Con la transacción de Wells Fargo, los mayores beneficiarios del TARP darán por saldado su compromiso con el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Son estas buenas o malas noticias?

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Ha pasado más de un año desde el día en que el Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por sus sigla en inglés) fue aprobado por ambas cámaras norteamericanas y con la firma del presidente Barack Obama. US$700 billones fueron puestos a disposición del Departamento del Tesoro para aliviar la grave crisis financiera que estábamos sufriendo.

 En ese momento no se sabían las consecuencias y la magnitud de la misma, y existía un sentimiento de urgencia para evitar un desplome económico similar al que se sufrió en los años 20 del siglo pasado. Dentro de los principales bancos receptores de estos fondos se encontraron Citigroup (US$50 billones), Bank of America (US$45 billones), JPMorgan Chase (US$25 billones), Wells Fargo (US$ 25 billones), Goldman Sachs (US$10 billones) y Morgan Stanley (US$10 billones).

 Con la reciente transacción de Wells Fargo, quien fue el último de los llamados "Grandes Bancos" en pagar su compromiso, los mayores beneficiarios del TARP darán por saldado, casi en su totalidad, su compromiso con el Tesoro de los Estados Unidos. La pregunta es ¿son estas buenas o malas noticias? Depende de la cara de la moneda que se escoja.

Desde el punto de vista de los bancos y otros receptores de la ayuda son excelentes noticias. Para ellos, esto implica mejoría sustancial en principalmente dos flancos: el económico y el empresarial. A nivel económico, estamos hablando de cerca de US$9 billones en dividendos e intereses que fueron pagados por los bancos al Tesoro en los últimos 13 meses, que ya no tendrán que salir de sus arcas el próximo año, y que además han tenido un rendimiento razonable. Para ponerlo en perspectiva, en el caso de Citigroup estamos hablando de US$2,5 billones que ya no tendrán que ser utilizados para pago al gobierno sino que permanecerán en los balances de la compañía y probablemente hacer parte del componente de utilidades del operador. En el caso de Bank of America el monto es cercano a US$2,1 billones, un poco menos de sus utilidades totales de 2008.

Ahora, visto a nivel empresarial, implica una reducción en los controles y supervisión que el gobierno ejercía sobre ellos y la libertad para desarrollarse sin depender de su aprobación para implementar decisiones empresariales. Hoy en día uno de los temas más álgidos al respecto es la controversial polémica sobre las políticas de pago a los altos ejecutivos de Wall Street.

 Bajo la permanencia dentro del TARP, las instituciones financieras estaban obligadas a cumplir con el tope de US$500.000 establecido por ley para el pago de salarios a sus empleados; después de saldar sus deudas esta ley ya no los cobija y están en libertad para volver a los antiguos esquemas de remuneración, que muchos dentro del gremio argumentan estimulan la libre competencia y permiten el acceso al mejor capital humano. Esta premisa no es compartida por todo el mundo y esa discrepancia es la que nos muestra el otro lado de la moneda; el prepago del TARP visto desde los ojos del inversionista.

Muchos analistas piensan que la falta de regulación salarial jugó un papel crucial en el desmesurado riesgo tomado por las entidades financieras, siendo una de las causas principales de la debacle de 2008. Mientras los ejecutivos recibían millonarias sumas en bonificaciones y salarios, los accionistas asumían las pérdidas generadas por la mala gestión y control de riesgo. Está claro que no fue el único de los componentes, pero sí uno de los más importantes. Tanto que dentro de la condicionalidad del TARP se estipulaba un control estricto en este sentido. Este tipo de control es el que ahora se ha perdido, y el inversionista se encuentra otra vez a merced de los directores que alguna vez los traicionaron.

 Ligado a esto, otro punto importante es la implicación económica del prepago de la deuda. La mayoría de estas transacciones se han realizado con la emisión de nuevas acciones y, por ende, la dilución del inversionista original. En palabras francas, el inversionista pierde valor sobre sus acciones para poder pagar al Tesoro. Al pagar al Tesoro, el control sobre los salarios se pierde, y al no existir reglas claras de compensación, los ejecutivos vuelven a sus antiguas prácticas. ¿Y el inversionista dónde entra en este esquema?

Recordemos que históricamente el sector financiero en Estados Unidos tenía un peso de aproximadamente el 11% de la capitalización bursátil, y llego a suponer más del 20% a finales de 2007. Hoy en día, está acercándose poco a poco a la media histórica, pero lo que está claro es que una economía basada en servicios, y con los intereses desalineados con sus clientes y sus accionistas no es lo mejor para los mercados. Esperemos que los excesos que se están pagando nos lleven a ser más sensatos en el futuro y que, sobre todo, los reguladores cumplan su papel y ejerzan un control real para que no vuelva a pasar.

Al final, si bien hay dos caras de la moneda, hasta el momento solo hay un ganador.

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