Opinión

  • | 1997/10/01 00:00

    Caja de sorpresas

    La reforma constitucional propuesta por el ministro Ocampo da para todo en materia de impuestos.

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El gobierno ha propuesto al Congreso una Reforma Constitucional, bajo el Proyecto de Acto Legislativo No. 5 de 1997, por la cual se crea un novedoso estado de excepción. En su artículo 7o. dispone que cuando exista un "déficit primario" entendido como "la diferencia entre los ingresos, excluidos los recursos del crédito y los rendimientos financieros, y los gastos de funcionamiento e inversión", "el gobierno solicitará y el Congreso declarará en la Ley de Presupuesto la existencia de una situación fiscal crítica y adoptará las medidas necesarias para reducirlo en una tercera parte cuando menos".



Las normas "regirán para el año fiscal para el cual se expide el presupuesto" y mediante ellas se podrán reducir las partidas de inversiones y reducir los incrementos salariales. Se pueden reducir los gastos, transferencias y beneficios tributarios, o destinarlos exclusivamente a la Nación; y si lo anterior no fuera suficiente, se podrán elevar los gravámenes de los tributos y decretar empréstitos forzosos.



La Constitución del 91 había consagrado la posibilidad de presentar un presupuesto desbalanceado, con la obligación de proponer por separado un proyecto de reforma que incremente los ingresos; ahora se eleva al rango constitucional la presentación conjunta de reformas anuales, dada la recurrente crisis fiscal.



Tributariamente, se pueden formular dos reparos:



a) La inestabilidad e incertidumbre generada por reformas periódicas que sólo tienen un año de duración.



b) Las medidas tributarias están orientadas a incrementar las tarifas de los impuestos existentes.



Tenemos la más alta de América Latina en el impuesto de renta y en el IVA los altos niveles de incumplimiento y competencia desleal no permiten mayores ajustes. Recogiendo la experiencia de la ley 75 de 1986, en esta historia cíclica, hay que volver a pensar en un sistema tributario de bajas tarifas y alto cumplimiento, con el fortalecimiento de la Administración Tributaria y el control a la evasión que, según proyecciones oficiales, supera en 1997 los $6 billones (es decir, seis millones de millones de pesos). Tema importante de estudio para los candidatos presidenciales.



Se pretende en otro aparte modificar la no retroactividad de las normas tributarias, consagrada en el artículo 338 de la actual Carta Política, según la cual las normas que rigen el impuesto sobre la renta para un año gravable son las vigentes el primer día de dicho año; cualquier modificación que se haga con posterioridad no lo afectará y sólo entrará en vigencia el año gravable siguiente.



La reforma, basándose en una diferencia técnica entre retroactividad y retrospectividad, permitiría que el gobierno, en uso de la Emergencia Económica, pueda modificar el impuesto de renta para la misma vigencia fiscal, creando una incertidumbre legislativa y la pérdida de la garantía constitucional de estabilidad y seguridad tributaria, establecidas por el constituyente de 1991.



La Reforma Constitucional, si bien respeta el principio de creación del tributo por parte del Congreso y no es la monstruosa dictadura fiscal que algunos imaginaban, es cuestionable por los problemas señalados y por pretender corregir el déficit sin adoptar seriamente un control del gasto, como hubiera sido la prohibición de efectuar gastos de competencia territorial y la eliminación de los fondos de cofinanciación. Debemos señalar finalmente que el fortalecimiento del fisco nacional puede realizarse a costa del territorial, reduciendo sus transferencias. Los contribuyentes y el proceso de descentralización, encuentran en esta iniciativa un nuevo peligro. Corresponde al Congreso decir la última palabra, en un amplio y extenso debate que apenas comienza. Soldado avisado no muere en guerra.



*Ex director de Impuestos y Aduanas. Consultor Privado
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