Opinión

  • | 2005/11/15 00:00

    Bosques en el aire

    El proyecto de Ley Forestal incentiva a los inversionistas a que exploten económicamente los bosques pero no a que realicen un manejo sostenible o ecológico de ellos.

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El Proyecto de Ley Forestal que será aprobado esta semana en último debate por la Cámara de Representantes, probablemente a pupitrazo, reafirma una vez más el retroceso que en materia ambiental y de reconocimiento a los derechos colectivos de los colombianos vienen promoviendo los ministerios del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Agricultura y Desarrollo Rural, autores del controvertido proyecto.

Múltiples foros, reuniones y debates se han realizado en los últimos meses para alertar sobre las consecuencias de largo plazo que tendrá para el país la aprobación de la mencionada Ley. Sin embargo, las observaciones y recomendaciones han caído en oídos sordos y son innumerables los problemas que subsisten.

Además de violar los acuerdos internacionales, el proyecto ignora la legislación ambiental vigente y el actual Plan Nacional de Desarrollo Forestal, aprobado por el documento Conpes 3125 de junio de 2001. Pero tal vez lo más grave es el desconocimiento del principio de unidad e interrelación que existe entre el suelo y el bosque por medio de la figura del "vuelo forestal", un concepto que busca hacer prevalecer los intereses económicos sobre los derechos colectivos de todos los colombianos, tal como lo denuncia la Comisión Colombiana de Juristas, al "incentivar a los inversionistas a que exploten económicamente los bosques pero no a que realicen un manejo sostenible o ecológico".

En un interesante documento, el Foro Nacional Ambiental del que hacen parte entidades tan prestigiosas como Fescol, la Universidad de los Andes, las fundaciones Alejandro Ángel Escobar, Natura y Tropenbos, así como la GTZ y Ecofondo, hace un exhaustivo análisis sobre esta figura y menciona cómo "este principio rompe la unidad del bosque con el suelo y los demás recursos asociados, al modificar la concepción del Código de Recursos Naturales Renovables que concibe el suelo y el bosque como una unidad indisoluble". Igualmente se desconoce el enfoque ecosistémico, adoptado por la Convención de Diversidad Biológica, de la cual Colombia es signataria, que define por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, que interactúan como una comunidad funcional.

Menciona el documento cómo, de esta manera, el Proyecto de Ley regresa de forma inaceptable a la concepción del Código Civil de 1887 que considera los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, entre ellos los bosques, como bienes muebles, desconociendo de esta manera la superación que ha hecho la normatividad ambiental sobre instituciones antes reguladas por la legislación civil. Se trata ni más ni menos de un retroceso de más de un siglo en la normatividad ambiental. "Hoy la naturaleza es considerada, no solo como un objeto de apropiación privada o social, sino como un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre naturaleza y sociedad se transforma".

El Proyecto de Ley incorpora otra serie de amenazas. Uno de sus artículos pretende la derogatoria de la Ley 2ª de 1959, la cual estableció un régimen general de protección para las hoyas hidrográficas mediante la declaratoria de zonas de reserva forestal de los terrenos baldíos. Con esta medida se ha logrado que aún conservemos un importante porcentaje de nuestros bosques, y con ellos la garantía del abastecimiento de agua para el consumo interno, la producción de energía eléctrica, la irrigación de cultivos y, también, se ha evitado la erosión de los suelos.

Tal vez la única esperanza que nos queda a aquellos que defendemos el interés público es que la Ley se caiga, una vez sea demandada ante la Corte Constitucional por los múltiples vicios que tiene, de tal manera que los bosques de todos los colombianos no queden en el aire.
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