Opinión

  • | 2010/02/05 12:00

    Bogotá se juega el futuro y la calidad de vida de sus habitantes

    Uno de los grandes retos de las megaurbes en la actualidad es poder garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. Y este es el caso de Bogotá.

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En Colombia, la Constitución Nacional reconoce la propiedad privada, pero establece que el uso y aprovechamiento de la misma debe responder a objetivos sociales de beneficio común, que prevalecen sobre los intereses particulares. Por ello adoptó una serie de principios determinantes para el desarrollo y el ordenamiento del territorio; en especial, el de la "función social" y la "función ecológica" de la propiedad.
 
Si no fuera así, probablemente este ordenamiento se resolvería exclusivamente en términos de conveniencia económica. Uno de los principales instrumentos de planificación para lograr esos objetivos son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a través de los cuales se asigna la función a la propiedad, ya sea social o ecológica, que permita garantizar un equilibrio entre la satisfacción de las demandas sociales y económicas inmediatas y la oferta de los bienes y servicios ambientales que la misma sociedad demanda o demandará en el largo plazo.

Uno de los casos más emblemáticos de las tensiones que se presentan entre los derechos e intereses colectivos y los intereses particulares se ha dado en la zona norte de la sabana de Bogotá, caracterizada por importantes valores ecológicos, paisajísticos y ambientales, pero también por el alto valor de la tierra. Allí, muchos propietarios han mantenido lotes de engorde esperando su valorización y las decisiones que permitan un cambio en el uso del suelo, de rural a urbano.

En este contexto es importante destacar que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que regula el sistema nacional ambiental, define la sabana de Bogotá como una ecorregión estratégica de carácter nacional por su valor ambiental.

En 1999, mientras yo ejercía el cargo de Ministro del Medio Ambiente, se dio un enfrentamiento entre la administración del Distrito Capital (D.C.), presidida por el Alcalde Peñalosa, y la Corporación Autónoma Regional (CAR). El POT presentado por parte del D.C. a consideración de la CAR planteaba una expansión urbana sobre las tierras más fértiles de la sabana, lugar donde además se localizan varios humedales y los últimos relictos de bosques nativos que han logrado sobrevivir. La CAR, como autoridad ambiental regional se oponía a esa expansión, exponiendo argumentos como el peligro de una conurbación de la capital con los municipios vecinos de Chía y Cota, pero también la amenaza que tal tipo de propuesta tendría sobre la salud de los ecosistemas sabaneros y la ruptura de la interconectividad entre varios de ellos. Recuerdo que, en su momento, esta posición fue ampliamente respaldada por el entonces representante a la Cámara Gustavo Petro y su partido, el Polo Democrático. Hoy la situación es diferente.

Ante la gran divergencia de opiniones y la falta de acuerdo entre ambas entidades y con el fin de dirimir el conflicto, el caso llegó al Ministerio del Medio Ambiente como última instancia administrativa.

En medio de la aguda controversia, el Ministerio estableció un panel interdisciplinario de expertos de las más altas calidades profesionales para que estudiaran el tema y dieran aquellas recomendaciones que consideraran pertinentes para la mejor toma de decisiones. El panel estuvo conformado por Rogelio Salmona, Germán Samper Gnecco, el profesor Thomas van der Hammen, Julio Carrizosa Umaña, el ex ministro Manuel Rodríguez y Eduardo Aldana, entre otros expertos. Su principal recomendación fue establecer una franja, no menor de 800 metros de ancho, bajo la figura de reserva forestal, que permitiera conectar la reserva forestal de los cerros orientales con el río Bogotá, garantizando de esta manera un corredor ambiental para asegurar el flujo y desplazamiento de especies de fauna y flora, la protección de los humedales y de los ricos suelos rurales de la Sabana. La recomendación garantizaba el mantenimiento de la estructura ecológica principal de esta importante región. Para no afectar a los propietarios de los predios dentro de la reserva, los expertos recomendaron mantener el uso institucional que para ese momento ya existía en la zona.

Con base en estas recomendaciones, el Ministerio, en el año 2000, tomó la decisión de establecer una Reserva Forestal Regional sobre la zona norte de la sabana de Bogotá con una extensión cercana a las 1.200 hectáreas y dictó otras disposiciones encaminadas a garantizar que los futuros usos del suelo estuvieran igualmente dirigidos a la restauración ecológica de los ecosistemas de la zona. Como era previsible, la administración Distrital demandó la resolución que creaba la reserva. Luego de un largo proceso judicial, el Consejo de Estado falló a favor del Ministerio y dejó en firme la legalidad de los actos administrativos que creaban la Reserva Forestal Regional del Norte.

El acto administrativo del Ministerio definió que la reserva debía ser delimitada y el uso del suelo reglamentado mediante un plan de manejo ambiental por parte de la CAR. A la fecha, diez años después, esto no ha sucedido, en parte por la diversidad de intereses particulares que se mueven detrás de una decisión que ampara el interés colectivo. Ante el retraso, algunos ciudadanos interpusieron una acción de cumplimiento, razón por la cual la junta directiva de la CAR ha estado lista a tomar la decisión para la reglamentación de la reserva. Sin embargo, en sus últimas reuniones, el tema ha encontrando una gran resistencia por parte del Secretario del Medio Ambiente del D.C. quien, a su vez, es el delegado del alcalde Moreno ante la junta directiva de la CAR, y quien ha pedido en varias oportunidades el aplazamiento de cualquier decisión.

Llama la atención que, mientras se presenta este tipo de obstaculización, de manera simultánea la administración del D.C. anunciara la expedición del Plan Zonal del Norte -POZ- que reglamenta el uso del suelo en el borde norte de la ciudad, argumentando que no puede dar más espera a que la CAR tome las decisiones que le ordenó el Ministerio.

La situación ha llevado a que diferentes grupos de ciudadanos, entre los cuales me encuentro, hayamos iniciado una campaña para que este tema de interés colectivo se debata públicamente. A su vez, la Procuraduría General de la Nación ha intervenido convocando a una serie de audiencias públicas, donde finalmente la administración del D.C. ha presentado el contenido del POZ para su discusión y ha hecho un amplio lobby con la prensa, tratando de ambientar su expedición. Durante la última audiencia, realizada la semana pasada, fue evidente que el POZ, a pesar de que es presentado como concordante con la resolución del Ministerio que crea la reserva forestal, ignora varios aspectos de la misma. Las intervenciones realizadas durante la audiencia por parte de los funcionarios del Ministerio y la CAR así lo evidencian.
 
Todo parece indicar que el D.C. quiere imponer un uso del suelo de manera unilateral a pesar de que el diseño del POZ debe contemplar lo estipulado por el Ministerio y también las determinantes ambientales que defina la CAR. No hacerlo llevará seguramente a nuevos conflictos, demandas y a una inseguridad jurídica. La Procuraduría General de la Nación ha invitado al D.C. a que armonice el POZ con la CAR y con la resolución del Ministerio, una posición sana para la capital del país, además de ajustada a derecho.

De no ser así, Bogotá podría llegar en el futuro a niveles de insostenibilidad parecidos a los de Ciudad de México, donde el rápido crecimiento demográfico, la proliferación de industrias y de automóviles, muchos de los cuales son en la actualidad obsoletos y el desarrollo de una expansión urbana sin consideraciones ambientales, han llevado a esa megaurbe a ser una de las capitales más contaminadas del mundo, situación que se ha traducido en altos índices de enfermedades respiratorias y una baja calidad de vida de sus habitantes.

A pesar de los múltiples avances que ha tenido y que son reconocidos por todos, Bogotá muestra una serie de tendencias similares. La buena noticia es que estamos en el momento preciso para tomar las decisiones correctas y evitar que nos suceda lo mismo que a Ciudad de México.

Lo que se determine en este caso y las decisiones que tomen nuestros dirigentes tendrán un impacto inmenso sobre el futuro y la calidad de vida de los bogotanos. De esto tienen que ser concientes todos los ciudadanos. Además, por tratarse de un caso emblemático, seguramente servirá de ejemplo para otras regiones del país.

La Administración Distrital y el Alcalde Moreno tienen la palabra y una gran responsabilidad sobre sus espaldas.


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