Opinión

  • | 2005/07/08 00:00

    Balance del Congreso

    Tres leyes -la de justicia y paz, la de pensiones y la de garantías- tienen efectos contrarios a los que pretendían generar.

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Francamente deprimente el resultado de esta legislatura. Como diría algún ex presidente, muestra hasta qué punto está descuadernado el país. Desde el comienzo, es cuestionable y sorprendente una legislación generada por un Senado que se sabe viciado en su composición y que se las ha arreglado para que en tres años esto no se corrija (no se trata de errores, sino de fraude en la elección).

Otro aspecto es la confusión a la que se ha llegado en cuanto a la función de los poderes. El Congreso es responsable de la legislación; el gobierno puede promover leyes, pero no se supone que se administra con leyes, sino guiándose por ellas. Esto es teórico e ideal, ya que inevitablemente la interrelación entre esas ramas del poder público lleva a cierta dosis de manejo y de responsabilidad conjunta y compartida. Pero en el caso presente, la autonomía e independencia del Parlamento -en su papel de regulador y contrapeso de la autoridad del gobernante- desaparecieron, ya que pasó a convertirse en su alcahuete: por imposición de la mayoría uribista se relegó a un segundo plano lo que implicaba el contenido de las leyes que se expedían, y lo determinante y concluyente de los debates fue si el Presidente contaba con un respaldo mayoritario o no (sin importar siquiera como lo conseguía).

Por estas razones fue más que malo, deplorable, el balance de lo que produjo:

A. La ley de 'justicia y paz' (de 'verdad, justicia y reparación' pasó a 'alternatividad penal'). No habrá verdad porque los delitos que oculten serán sujetos de la misma ley, en caso de que se descubran, pero sobre todo, porque no están obligados a denunciar la estructura detrás de sus actos, ni quiénes los financiaron, ni quiénes los representaban en el Congreso, ni quiénes eran sus testaferros, etc. En la práctica, no se desmonta la organización sino que se rebaja el costo de sostener un excedente de fuerza que ya no requieren. No habrá reparación porque la ley se centra en la alternatividad para los delincuentes, y no en las víctimas: ellas no participan en el juicio y la indemnización no se decide en él; no depende del daño, ni de la condición de víctima, ni quien responde es el delincuente, sino un fondo colectivo compuesto por donaciones extranjeras, apropiaciones del presupuesto y bienes expropiados cuando sean motivo del delito. Y no habrá justicia en el sentido de castigo, porque si a una pena máxima de 8 años, se restan:

1. La reducción por 'colaboración' (entre más responsables más se benefician), puesto que no todos pueden ordenar desmovilizaciones, entregar información clave, o devolver bienes que pertenecen a la 'organización'.

2. Los 18 meses que se cuentan por su permanencia en Santa Fe de Ralito.

3. El tercio por buena conducta, y

4. Los beneficios por trabajo y por estudio, y se aplica la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena ninguno deberá pasar ni un año en prisión.

Tampoco perderán sus derechos ciudadanos porque el delito se califica de político; y por lo mismo se minimiza el riesgo de extradición (y/o porque la aceptación de actos de narcotráfico vinculados a la 'sedición' formaría parte de la 'pena alternativa', encontrándose que ya habrían sido sentenciados por ese delito en Colombia).

Lo anterior a sabiendas de la inconstitucionalidad de la ley, puesto que

a. Una ley promulgada por mayoría simple no puede otorgar al Presidente facultades para otorgar indultos y amnistías cuando la Constitución dice que solo lo podrán hacer las mayorías calificadas del Congreso.

b. La ley penal es una ley estatutaria, y estas leyes solo pueden reformarse por iniciativa gubernamental (por cuestiones de imagen el gobierno la hizo presentar por su 'bancada'), y en ningún caso se pueden aprobar en sesiones extraordinarias como se está haciendo en la conciliación. Según parece, la idea es utilizarla aprovechando su vigencia mientras la Corte se pronuncia.

B. La ley de pensiones. La sustentación o argumentación para presentar el proyecto giró alrededor de tres afirmaciones:

1. Que el sistema colapsó por el costo de los pensionados.

2. Que esto se debió a que era un sistema lleno de privilegios injustos e inmorales.

3. Que con la reforma se ahorrarían $50 billones de aquí al año 2050 y se solucionaría el problema.

Las tres son falsas:

1. El Instituto de Seguros Sociales se quebró porque el Estado no realizó los aportes a los cuales estaba obligado (debe $60 billones), y porque administró casi fraudulentamente los recursos que sí entraron (financió con ellos toda la mala administración en otras empresas -verbigracia, Banco Central Hipotecario-).

2. Lo injusto es descalificar y pretender borrar de un plumazo derechos adquiridos en forma legal como si fueran el fruto de trampas y manejos indebidos; todo grupo social busca defender sus intereses y por eso siempre se dan confrontaciones; pero, eso no da categoría de antisociales a quienes las ganan y menos de defensores de la sociedad a quienes arbitrariamente desconocen los antecedentes y razones que produjeron ese resultado (además, excluir la posibilidad de convenciones colectivas viola tratados internacionales, derechos básicos de la Democracia y la Constitución colombiana).

3. La reforma pensional anterior (Ley 100) cambió el sistema creando los fondos privados y la modalidad de ahorro individual. Para 2011 probablemente casi nadie se pensionará bajo el sistema de prima media del Seguro Social (las transferencias son altas justamente porque manteniendo las pensiones vigentes no están entrando nuevos afiliados) y prácticamente todas las pensiones superiores a 3 salarios mínimos están en las entidades privadas, con lo que la mesada catorce que se evita representa para el Estado una suma insignificante; es decir, la incidencia de esta ley en el presupuesto es prácticamente inexistente.

En cambio, sin cálculo, análisis o debate sobre la rentabilidad -porque sería ello una necesidad-, las administradoras privadas conservan los recursos durante el mayor tiempo que se requiere para la jubilación sin pagar por ellos, acumulan y disponen del mayor capital que representan más semanas de cotización, y perciben como regalo los excedentes de las cotizaciones superiores a 25 salarios mínimos.

Se cumple sí formalmente el compromiso con el FMI, ya que esta es la verdadera motivación.

C. La 'Ley de garantías'. Supondría ser de garantías para la oposición pero terminó en ley de privilegios para el candidato-presidente. Se garantiza que será el único funcionario con poder dentro del Estado que podrá aspirar al cargo (no podrán hacerlo los ministros, gobernadores, alcaldes, etc., pues tendrían que renunciar un año antes); se garantiza que será el único funcionario que podrá hacer proselitismo político apoyando candidatos a las corporaciones públicas (a los demás se les mantuvo el régimen actual); siendo lo deseado que no se haga campaña -y con limitaciones- sino los 4 meses anteriores a la elección, lo que se garantiza es que, exceptuando ese período, el Presidente tendrá todo el tiempo y toda la libertad de usar todos los recursos oficiales para ello (como está sucediendo).
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