Opinión

  • | 2007/09/14 00:00

    Aun estamos a tiempo para enderezar el rumbo

    Varias licencias ambientales aprobadas y el análisis que se viene realizando para viabilizar macroproyectos futuros no están tomando en cuenta los impactos ambientales y culturales de largo plazo.

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¿Cuáles son las consecuencias, para la sostenibilidad y competitividad del país, de un crecimiento económico de corto plazo sin ningún tipo de consideraciones ambientales? Luego de cuatro años (2002-2006) de una política adversa al medio ambiente, esta pregunta ha empezado a debatirse en distintos foros con la participación de empresarios, gremios, instituciones gubernamentales y multilaterales, entes de control y ONG´s, entre otros actores.

Las cifras sobre la degradación ambiental y sus impactos en la economía y la calidad de vida de los colombianos son altamente preocupantes y motivo de alarma. Tanto el DNP como el Ideam y el Igac muestran, en sus análisis, cómo los suelos transformados del país son mal utilizados dado que su vocación no corresponde a su aptitud de uso. Un buen ejemplo son los 41,7 millones de hectáreas que son utilizadas para ganadería cuando tan solo 10,2 millones son aptas para ese uso. Su efecto: la degradación de los suelos, de los ecosistemas y sus servicios ambientales.

El deterioro de la calidad del recurso hídrico está particularmente asociado a las zonas más productivas y ricas del país, lo que se manifiesta en la mala calidad de los ríos Bogotá, Medellín, Cauca y Sogamoso, entre otros. El gobierno desmontó o flexibilizó algunos instrumentos económicos que estaban en marcha para incentivar la valoración y descontaminación del valioso recurso.
 
A su vez, los índices de escasez muestran cómo el 25% de los municipios y el 60% de la población del país afrontan problemas de disponibilidad de agua para su consumo, esta situación se agudizará en 2015 cuando se vea afectada el 65% de la población en épocas secas. Un estudio de casos muestra cómo el sistema de ciénagas del río Magdalena a la entrada del Canal del Dique, la Depresión Momposina y las lagunas de Sónso y Fúquene redujeron sus espejos de agua entre un 58% y 90% en los últimos 35 años.

De otro lado, como ya lo he manifestado en otras columnas, varias licencias ambientales aprobadas y el análisis que se viene realizando para viabilizar macroproyectos futuros (construcción de represas, puertos en el Pacífico, ampliación de la frontera agrícola sobre ecosistemas estratégicos para biocombustibles, explotación minera y de hidrocarburos, etc.) no están tomando en cuenta los impactos ambientales y culturales de largo plazo que estos generan. La situación se traduce en demorados y costosos procesos judiciales por las tutelas que interponen las comunidades afectadas lo que a su vez trae posibles sanciones comerciales a las exportaciones y daño a la imagen corporativa.

En su paso por el país, el ambientalista y Profesor emérito de la Universidad de Harvard, Edward O. Wilson, una de las 20 personas mas influyentes del siglo XX según la revista Time, nos recordó que Colombia es la Arabia Saudita de la biodiversidad y que el principal cuello de botella de la humanidad en el nuevo milenio es la destrucción masiva e irreversible de los ecosistemas, lo que conduce al caos, al aumento de la pobreza y la ruina.

En su informe "Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia" el Banco Mundial estima que los efectos producidos por la degradación ambiental —contaminación atmosférica urbana, servicios deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, desastres naturales y degradación del suelo reflejados en mayores índices de mortalidad, morbilidad y la reducción de la productividad— superan el 3,7% del PIB. El informe no toma en cuenta otros costos de la salud como los impactos de metales pesados y sustancias químicas, tampoco la afectación por contaminación sobre los cuerpos de agua, los ecosistemas y la biodiversidad. El informe plantea como gran desafío la reversión de la degradación ambiental y el fortalecimiento de procesos de planificación y gestión ambiental.

La buena noticia es que ante estas evidencias muchos sectores sociales, políticos y económicos han empezado a revisar su aproximación al tema ambiental al entenderlo como una oportunidad y no como un obstáculo. También se ha abierto el debate sobre la necesidad de revertir la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Desarrollo y Vivienda. Aún estamos a tiempo para enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
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