Aplastada por su propio peso

| 5/26/2001 12:00:00 AM

Aplastada por su propio peso

Ridículo pero cierto: además de cargar el piano de la deuda externa Colombia está hoy virtualmente aplastada por el peso de lo que se debe a sí misma.

por Javier Fernández Riva

La economía colombiana apenas consigue arrastrarse bajo el peso de muchos problemas económicos. Tanto que los economistas criollos estamos perdiendo la vergüenza y ya casi no nos da pena llamar recuperación a un infeliz crecimiento de 3%, que hace unos ocho años Rudolf Hommes definía como recesión a la colombiana.



Algunos de esos problemas son reales y más o menos tan susceptibles de solución como una hepatitis B. Por ejemplo, la carga de los pagos de intereses y dividendos sobre los pasivos externos del país (créditos e inversiones), que comentábamos el otro día. Nos descuidamos, para decirlo de manera amable con las autoridades, y convivimos durante años con un enorme déficit de la cuenta corriente cuyas consecuencias hoy estamos pagando en más de un sentido. Como resultado de esa transferencia al exterior el ingreso de los nacionales viene creciendo menos que la producción y no debe extrañar que, desde que nos cortaron el chorro de financiamiento, tengamos a menudo la sensación de que los ingresos de los residentes no les alcanzan para comprar lo que el país produce.



Lo que cada año pagamos al exterior por concepto de intereses y rendimientos de inversiones extranjeras equivale a cuatro o cinco veces las transferencias que los colombianos en el exterior les hacen a sus familiares en Colombia. Pero lo único sensato que en ese frente puede hacerse a estas horas de la vida es tratar de crecer más rápido para aliviar el peso relativo de la deuda. Las soluciones tipo moratoria de la deuda a lo Alan García, que ahora Tirofijo nos sugiere reeditar, asegurarían la ruina del país y el triunfo de la subversión. Pero también sufrimos un colosal y ridículo problema de deuda interna: la montaña de plata que el país se debe a sí mismo lo está aplastando.



Entendámonos. Cuando califico de ridículo que el país se sienta aplastado por el peso de su deuda interna no supongo que la exigencia de que las deudas financieras sean pagadas, aun si ello implica grandes dificultades para los deudores, y eventualmente impide su supervivencia como empresas, sea económicamente irracional o indeseable. El buen funcionamiento del sistema económico demanda el cumplimiento de las obligaciones financieras. Y voy más allá: no solo reconozco y destaco que el cumplimiento de las obligaciones financieras es un requisito institucional clave para el funcionamiento del sistema de mercado sino que acepto que, en determinadas circunstancias, cierto número de fracasos de los deudores, que los obliguen a usar su patrimonio para poder pagarles a los acreedores, es conveniente, pues asegura que el capital escaso sea utilizado en forma eficiente.



Pero cuando el problema no se limita a unos pocos deudores ineficientes, incapaces de usar productivamente los créditos recibidos, sino que toda la economía luce aplastada por su propia deuda, cuando es notorio que los esfuerzos para pagarla agravan la recesión y el desempleo, que acaba impidiendo el pago, de manera que los acreedores se hunden con sus deudores, hay razones para hablar de tragicomedia.



La historia de cómo se gestó esa situación es bien conocida: entre 1992 y 1996 nuestros prudentes directores del Banco de la República fueron suplantados por marcianos que, por razones que solo ellos entienden, se dedicaron a imprimir billetes e impulsar el crédito, que en cinco años creció 380%. Luego los verdaderos y prudentes directores reconquistaron la Junta, en una épica lucha. Lo malo es que lo primero que se les ocurrió para hacer que la economía purgara sus excesos previos fue disparar a la estratosfera las tasas de interés, haciendo virtualmente imposible que las empresas y las personas, en exceso endeudadas, pagaran los créditos.



La Ley de Vivienda, que incluyó la reliquidación de las antiguas deudas en UPAC, fue un paso en la solución, forzado por una sentencia de la Corte Constitucional. Sin esa reliquidación el problema de la cartera hipotecaria hace rato habría explotado. Y la ley 550 o de recuperación económica fue la primera medida de fondo para evitar que el desespero por cobrar a las empresas una deuda que, en verdad, resultaba impagable en las condiciones originales, acabara arruinando a los mismos acreedores y aumentando la destrucción de valor económico. Pero para muchos deudores que no pueden acogerse a la Ley 550, precisamente por no estar en una situación extrema, las cosas empeoraron porque hoy el sector financiero trata de recuperar sus pérdidas y desquitarse de las concesiones a las empresas que se acogieron a la Ley 550 cobrando márgenes más altos que nunca y exigiendo un cubrimiento de garantías exagerado.



Me doy cuenta de que no me va a alcanzar el espacio para esbozar el tipo de solución que se requiere para corregir la obstrucción crediticia, y que en el próximo número voy a tener que volver sobre el tema, por lo que desde ahora ofrezco disculpas al lector. Pero no quiero dejar de mencionar que, aunque la solución no es fácil, y tendrá un costo, las cosas podrían agravarse más de lo manejable si en el próximo futuro se toman decisiones equivocadas. Una muy concreta es la relacionada con el desmonte de la cartera de créditos directos del IFI, cuya administración por alguna otra entidad se está negociando en este momento. No tengo nada en contra de que el IFI abandone la actividad de dar crédito directo, que al parecer servía de pretexto para mantener una burocracia exagerada. Pero si los $800.000 millones de cartera directa del IFI se pasan en administración a alguna entidad que no tenga la capacidad y disposición para renovar los créditos que hayan sido bien servidos, y se empeñe simplemente en cobrarlos, estaremos tentando al diablo, pues induciremos un deterioro innecesario de la cartera y estaremos metiendo otro palo entre las ruedas de la recuperación económica.
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