Opinión

  • | 2007/04/13 00:00

    Algo sobre el Protocolo de Kyoto

    Dicho tratado internacional se suscribió sobre la base de que existen temas que son compartidos como problema e interés de toda la humanidad.

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Poco interés ha despertado entre nosotros el tema de la implementación y entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto en 2008. Vale la pena tocar en algo el tema pues puede y debería ser motivo de bastante interés, no solo desde el punto de vista ambiental y político, sino por las oportunidades que brinda en algunos aspectos económicos.

Desde que se volvió preocupación de los Estados el fenómeno del Cambio Climático se comenzaron a desarrollar instrumentos para evitar lo que aparece como el mayor peligro para la raza humana. Por eso dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático los países desarrollados asumieron el compromiso de reducir la emisión de los gases que producen el efecto invernadero. El objetivo se fijó para el año 2000, tomando como base los niveles del año 1990.

En 1995, ante el hecho de que estos compromisos no se cumplirían, se iniciaron las negociaciones para buscar un mecanismo que permitiera darle vida y regular ese compromiso y así tras muchas dificultades se suscribió en 1997 el Protocolo de Kyoto.

Dicho tratado internacional se suscribió sobre la base de que existen temas que son compartidos como problema e interés de toda la humanidad.

Fue suscrito por prácticamente todos los países con la notable excepción de los Estados Unidos. Cabe al respecto recordar que si bien la motivación y argumentación para tal negativa pareciera ser de orden económico -porque el costo sería proporcional al nivel de gases que emiten-, lo que subyace es el principio político de que el interés de los ciudadanos americanos está por encima de cualquier solidaridad con el resto de los humanos (esto a pesar de que, como el punto de partida es la situación que ya existe y ellos representan solo el 5% del planeta pero generan más del 20% de esa polución, el Protocolo les reconocería el derecho a deteriorar más el ambiente o consumir más recursos que el resto de la humanidad).

Probablemente por eso en la órbita Americana poco se ha desarrollado o divulgado el tema, y nosotros por girar tanto alrededor de ella, no tenemos casi información sobre lo que este mecanismo puede aportarnos.

En efecto ante el camino elemental de mejorar las técnicas y aumentar las protecciones ambientales de sus industrias, los países desarrollados tienen varias alternativas que nos podrían beneficiar.

Parte del sistema es que los Estados suscribientes del tratado podrán crear certificados de emisiones excedentarios (se podría decir, de no emisión) en el caso de aquellos Estados que disminuyan más de lo requerido.
 
Estos países pueden usar el mecanismo de asignar a las empresas generadoras de gases nocivos (v. gr. sectores como cemento, cerámica, vidrio, siderurgia papel, etc.) un tope a partir del cual tendrán que compensar la producción excedente, y así aquellas que ahorren más de lo exigido a su turno recibirán estos certificados y podrán vendérselos a aquellas que generen más de lo permitido.

Las otras alternativas se basan en buscar que los esfuerzos que se hagan para cumplir el Tratado beneficien también a los países subdesarrollados, y ahí es donde deberíamos fijar nuestra atención.
 
Una opción es la de compensar sus excedentes de emisión con compras de 'bonos generadores' de oxigeno como serían las plantaciones que se podrían desarrollar en territorios como el nuestro. Dentro del Protocolo se incluye el mecanismo de crear títulos negociables representativos de la cantidad de CO2 que puede absorber y transformar una plantación.
 
De esta manera cualquier proyecto que se inicie de ahora en adelante podrá obtener como beneficio adicional este rubro. En especial para la palma africana, el caucho o en general las especies forestales que hoy gozan de especial apoyo del Estado bastaría con llenar los requisitos (que son solo de control y medición) que exige el Protocolo y serían aptos para recibir esa especie de utilidad adicional.
 
En esos casos se da la paradoja que lo que es visto hoy como la producción principal (aceite, madera o biocombustibles) es considerada como subproducto.

Una segunda opción es la de que esos países desarrollados puedan producir disminución de esas emisiones no solo en sus territorios sino también en los países subdesarrollados.
 
Mediante acuerdos contemplados entre los mecanismos del Protocolo, las compañías que no han cumplido internamente su obligación de disminuir sus emisiones pueden invertir en empresas de los países subdesarrollados, sustituyendo tecnologías obsoletas por 'tecnologías limpias' reconociéndoseles a ambos países la reducción así lograda.

Alrededor de esto se ha establecido el llamado 'Comercio de Emisiones' ya plenamente utilizable en cuanto a lo que no depende del Gobierno. Las reducciones o la capacidad de absorción de los llamados 'sumideros de Carbono' deben ser verificadas y certificadas por entidades independientes aprobadas por la Junta Ejecutiva del Protocolo y en la medida en que este mercado se desarrolle aumenta el interés de este tipo de inversiones por parte de países de Europa principalmente pero de Japón y Canadá también. Ya en este momento las administradoras de fondos colectivos (v. gr. Fondos de Pensiones o Aseguradoras) están autorizadas a invertir en y/o financiar este tipo de proyectos.

Hasta donde uno percibe y conoce el Gobierno no le ha dado a este tema la importancia que merece. Por ejemplo todos los proyectos que dentro del nuevo régimen de estímulos preferenciales han llevado a inversionistas a sembrar palma africana, caucho, maderables, u otros los proyectos que se están formando para suministrar materia prima para el biodiesel, podrían beneficiarse gratuitamente de este esquema, tanto para obtener utilidades adicionales como para vías de financiación.

Pero también y sobre todo a nivel macro y no solo del inversionista privado, parecería que dentro del propósito de traer inversión extranjera, las derivadas de estos esquemas tienen la ventaja de ser obligatoriamente para nuevas unidades -y en consecuencia aumentar la capacidad productiva y la cantidad de empleo en el país- y no solo para que cambien de dueño las que ya tenemos.
 
El caso más evidente es la industria forestal maderera, la cual a países como Uruguay o Chile, que no tienen las condiciones climáticas o las extensiones territoriales nuestras, les representan rubros de exportación superiores a los 2.000 millones de dólares pero que nosotros mismos no hemos podido desarrollar, sería objeto privilegiado de los objetivos y mecanismos del Protocolo, y solo se requeriría un programa especifico del Gobierno para aprovechar esta opción.

Por último queda pendiente el tema principal de lo que significa o debería significar la conservación del llamado 'pulmón del mundo', o sea la selva amazónica.
 
Debería ser parte principal de nuestras preocupaciones no solo impedir que el narcotráfico y las erradas políticas de persecución al mismo acaben progresivamente con esas tierras, sino que el conservarlas para beneficio de toda la humanidad nos sea reconocido bajo la forma de una subvención o apoyo por parte de esos países que mediante el Protocolo adquieren el equivalente a un derecho de uso del oxígeno que así se produce.
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