Opinión

  • | 2011/07/06 18:00

    Algo raro en el crecimiento de 5,1% del PIB

    El tamaño de los problemas que está viviendo el país muestra algo completamente diferente al indicador en cuestión.

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No se puede decir que el Gobierno se haya vuelto mentiroso pero sí que tiene una manera particular de mirar las cosas.

El último informe sobre crecimiento del PIB y, sobre todo, el despliegue que se le ha dado, se presta a varios comentarios.

Si no son deformados los datos de las autoridades, el caso es más dramático de lo que da la imaginación. Según la actitud oficial, lo que suceda a los colombianos no afecta al país, pues no impacta la economía, y los efectos sobre la ciudadanía son irrelevantes ante la satisfacción que ofrece el desarrollo de ese indicador macroeconómico.

Pero ese a su turno merece estudiarse como resultado de un modelo y de una coyuntura.

Lo primero es que el sector petrolero y minero ha crecido tanto que arrastra y aún compensa lo que dejan de avanzar los otros sectores. Las cifras de inversión y extracción en el petróleo, en el carbón y en el oro lo dicen todo.

El área en concesión petrolera aumentó de 8 millones de hectáreas en 2005 a 38 millones en 2010. Al mismo tiempo, la producción subió de 600.000 barriles diarios a algo más de 800.000 actualmente, y las reservas estimadas que habían caído a 600 millones de barriles aumentaron a 2.000 millones. Este panorama, sin embargo, es menos rosado de lo que se presenta: es cierto que de un escenario en el que en un par de años estaríamos importando el crudo pasamos a uno con un horizonte despejado hasta el año 2020; también se menciona el incremento en las regalías -que además se convirtieron en el rubro del cual depende el futuro de Colombia-. Pero su incidencia en el PIB ha sido por el alza de precios más que por la mayor producción; y en el largo plazo pueden darse expectativas de nuevos hallazgos, pero las zonas por explorar o por adjudicar para exploración se redujeron; luego, como todo recurso no renovable, lo que crece es lo mismo que se disminuye a futuro.

Lo que se debe ver entonces es si la aceleración de esa explotación ha sido conveniente o no. Dos razones dirían lo último: la una, que para lograrlo, la forma de competir fue ofrecer a los concesionarios condiciones mejores que las del resto del mercado, con el sistema de remates que nos llevó a que en la práctica acabáramos haciendo precisamente eso, rematando o feriando nuestro patrimonio; la otra, que caímos en el modelo económico más primitivo o atrasado, en el cual los sectores que generan riqueza y son sostenibles pierden importancia ante la liquidación de recursos naturales (disminuyen como participación en el PIB los sectores industrial y agrícola).

En cuanto al carbón, ya nada le pertenece a la Nación. Es verdad que el incremento de la exportación beneficia al país en cuanto a las regalías. Pero en este caso también es conveniente estudiar las condiciones en las cuales se desarrolla la relación con las trasnacionales que lo explotan.

Un punto es que se aplicó el mismo principio de condiciones excepcionales para beneficio del inversionista; por eso se cuestiona que la regalías no tengan un factor incremental de tal manera que su negocio tenga una correspondencia con el alza en los precios; dicho más claro, el porcentaje de regalías se calculó en base a una rentabilidad normal para el inversionista, pero el incremento del precio se la multiplica desmesuradamente; así la trasnacional se beneficia como si fuera dueña y no según el costo de lo que invierte en la explotación, como si el verdadero y único dueño del recurso no fuera solo la Nación. El otro es el precio al cual se vendieron las acciones de lo que fue la inversión del Estado. Aunque esto es parte del pasado y fueron eventos bajo gobiernos anteriores, no deja de escandalizar que se venda la quinta parte (20%) de la Drummond (US$1.530 millones), que era una compañía bastante más pequeña que Carbocol, por 5 veces el precio por el cual se entregó el 50% de esta (US$320 millones).

Y respecto al oro han sido también los precios los que han generado su 'bonanza'; pero al mismo tiempo ha habido una 'bonanza de escándalos' y de cuestionamientos como el de las dragas secuestradas a los paramilitares que lo explotaban y que entregadas a los municipios vuelven a aparecer en la misma actividad y en las mismas manos, o el intento, ojalá definitivamente fracasado, de acabar con el páramo de Santurbán con maniobras o argumentos por lo menos cuestionables.

Eso por no hablar de la feria de títulos mineros que en solo nueve meses se otorgaron por tanta área como en todos los años anteriores juntos (incluso hasta en parques nacionales y páramos) y que sin siquiera obligar a su explotación multiplican su valor 5, 10 ó más veces (sin pagar siquiera impuestos en Colombia).

Por eso la cifra de crecimiento es engañosa: refleja el Producto Interno Bruto (PIB) pero no el Producto Nacional Bruto (PNB) del que sí dispone el país y no las trasnacionales; y corresponde más al alza de precios que a la producción misma -lo que sería el verdadero crecimiento-.

Lo malo es que siguen las mediciones que sostienen la 'bondad' del modelo, aunque impliquen indiferencia al modo o a las consecuencias respecto a las condiciones de la población colombiana o por lo que ella está pasando.

Solo eso explica que se muestre tanto entusiasmo por ese indicador, como si al mismo tiempo no viviéramos la peor tragedia de la historia, como si el desempleo ya crónico fuera un tema secundario, como si el subir al puesto del país con mayor desigualdad no tuviera importancia, como si las razones de la nueva racha de violencia no merecieran mayor atención, como si la corrupción que explota como un volcán no tuviera origen ni componente diferente de la maldad de los nacionales.

El tamaño de los problemas que está viviendo el país muestra algo completamente diferente al indicador en cuestión. No que, como diría la pambelesiana filosofía de mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, no sea mejor crecer que no crecer. El punto es no engañarse respecto a si es verdad tal crecimiento y de qué se acompaña.

No estamos ante la figura de vender la nevera para hacer el mercado; el caso es algo como si se incendiara la casa pero saliera uno a festejar porque vendió bien la nevera.

Es bastante probable que los 3,8 millones de damnificados con el invierno y los 4,5 millones de víctimas de la violencia se estén preguntando ese resultado que tanto se aplaude, dónde se refleja en sus vidas o por qué a ellos no les llega.

No tomar en cuenta las pérdidas en activos productivos es peor que autoengañarnos.

Se puede decir que ofende que el Ministerio de Agricultura sostenga que el producto agropecuario subió en 7,8% y que es el más alto de los últimos 11 años. Más desconcertante es que diga que "se debe a las políticas que se han venido implementando en el gobierno de Juan Manuel Santos y que refleja que el empresariado agropecuario pequeño, mediano y grande está reaccionando a las políticas públicas que hemos montado desde hace ya un par de meses". Con la pérdida de un millón de hectáreas de cosechas transitorias, el 20% de la floricultura, la afectación de producción lechera y sobre todo la desaparición del pan coger de 300.000 familias campesinas y del potencial productivo de la mano de obra desplazada de sus parcelas, lo menos que uno sospecha es que se equivocó de signo.

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