Opinión

  • | 1995/06/01 00:00

    Al toro por los cuernos

    Acabar con la narcoguerrilla debe ser la prioridad del gobierno, antes que "salto; sociales" o negociaciones de rodillas.

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La respuesta del gobierno al alevoso e irracional ataque que destruyó el mes pasado las instalaciones del Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar, Cenicaña, en el Valle del Cauca, con daños superiores a los $5.000 millones, ha sido nuevamente el reiterado, el indeclinable compromiso de dialogar por la paz.

El gobierno y el país entero tienen que aceptar una realidad incontrovertible: la guerrilla -despojada la credibilidad de su mensaje cripto-marxista y diezmado su apoyo en el mal denominado proletario rural y urbano- se dedicó de tiempo completo a la delincuencia, con especial énfasis en el concubinato diabólico con los narcotraficantes. Lo anterior no quiere decir que la subversión ha abandonado sus tradicionales fuentes de financiación como son el robo, el secuestro y la extorsión. El hecho, simple y llanamente, es que la narcoguerrilla es un gran negoció.

Ningún grupo económico colombiano creció tan rápido en dos décadas como la narcoguerrilla y los carteles de la droga, ni ganó tanto poder de participación en la definición y en la imposición de las reglas del juego. Por ello, el pretender que se puede negociar con la narcoguerrilla no deja de ser una quimera, ya que es poco o nada lo que el Estado les puede dar. Como ha dicho el ex presidente López Michelsen en reiteradas ocasiones: "A la subversión hay que vencerla antes de sentarla en la mesa de negociación".

Pero ¿a qué se debe la incomprensible obstinación de los gobiernos de buscar una paz por la vía del diálogo? No cabe duda que en parte es el producto de dos solemnes estupideces que se han abierto camino entre ciertos sectores del país, especialmente en el clero deliberante y en organizaciones político-religiosas como el CINEP: 1. que la pobreza es el caldo de cultivo de la violencia, o 2. por el contrario, que la violencia es el resultado del acelerado crecimiento económico. Ninguna tiene el mayor asidero práctico o teórico.

Por el contrario, y como lo demuestra ampliamente el estudio sobre "Crimen y crecimiento en Colombia" de Mauricio Rubio, la simple descomposición de la evolución de la economía por períodos sugiere que los más violentos se han visto acompañados por un bajo crecimiento económico, que las épocas de más rápido desarrollo han sido precisamente las de menores niveles de criminalidad, y que los aumentos en la criminalidad siempre han afectado negativamente el crecimiento. Por otra parte, los menores índices de violencia se registran precisamente en los sectores más pobres del país, que son las costas Atlántica y la Pacífica. Los costos económicos de la violencia narcoguerrillera son astronómicos. Cálculos conservadores de la Universidad de los Andes indican que el costo de las actividades delictivas en Colombia ascendió en 1993 a $6 billones, equivalentes al 15% del PIB y al 50% del total de los gastos consolidados del Estado en dicho año. Otras cifras, como las aportadas por la Misión de Estudios del Sector Agropecuario en 1990, indican que el costo anual de la criminalidad rural ocasionada por las acciones de la guerrilla y el narcotráfico pueden representar entre el 10% y el 17% del PIB agropecuario nacional. Lo que el país pierde por efecto de los crímenes de la narcoguerrilla está entre una y dos veces el monto del total de recursos que invierte el gobierno nacional. El país entero debe comprender que la estabilidad económica, política y social de la nación está en juego. Es necio pensar en grandes "saltos sociales" y cumbres de "no alineados" sin antes tomar la decisión indefectible de extirpar el cáncer de la narcoguerrilla. ero para poder derrotar a la narcoguerrilla se requiere más, mucho más, que simples advertencias a las Fuerzas Armadas. Es inaplazable el adelantar acciones en los siguientes cinco campos:

1. Reestructuración total y completa de las Fuerzas Armadas con el fin de crear cuerpos especializados, incluyendo los respectivos "Bloques de Búsqueda" para las cabecillas de la narcoguerrilla. Sobra decir que la nueva inversión en equipos debe estar dirigida a los helicópteros anillados con capacidad de vuelo nocturno, a dotar a todas las guarniciones del país con los más modernos equipos de comunicación y al equipamiento y entrenamiento de personal altamente calificado en labores antiguerrilla.

2. El desmonte total y completo del marco legal que prácticamente hace imposible la labor de las Fuerzas Armadas en cuanto a los requisitos legales para adelantar operaciones que han impuesto la Fiscalía, la Procuraduría y las entidades supuestamente encargadas de proteger los derechos humanos. Igualmente se debe modificar el sistema judicial que actualmente impera en el país, si se tiene en cuenta que la probabilidad de que un delito se castigue con cadena en Colombia es del orden del 3% y que, además, las penas que finalmente se imponen con base en el absurdo sistema de sometimiento a la justicia son particularmente leves. Como lo señala Mauricio Rubio, "para que a un colombiano le deje de parecer rentable la comisión de un delito, la condena promedio debería ser superior a los cuarenta años o, alternativamente, la posibilidad de que sea condenado debería ser cercana al 30%".

3. Castigos ejemplares a las entidades financieras que se presten a lavar dinero de la narcoguerrilla, producto no sólo del negocio del narcotráfico sino de la extorsión y el secuestro.

4. Una agresiva campaña, tanto a nivel nacional como internacional, para señalar inequívocamente los verdaderos objetivos de la narcoguerrilla, y mostrar los irreparables daños que ellos cometen contra los derechos humanos de los colombianos, contra el frágil ecosistema de nuestra nación y contra la economía. Esta campaña tiene que estar enfocada a contrarrestar los cuantiosos daños que le hacen al país organizaciones nacionales e internacionales, que sólo velan por los derechos de la narcosubversión y nunca por los de sus víctimas.

5. Frenar la permisividad que mantiene la sociedad con aquellos que mantienen contacto y cohabitan con la narcoguerrilla. Es inaudito que revistas de circulación nacional se presten a publicar artículos enalteciendo a estos asesinos, como aquel de la antropóloga de la Universidad de los Andes. Quien tenga contacto voluntario con los delincuentes, sea periodista, senador o civil, y no denuncie su paradero, debe terminar detrás de las rejas.

O el gobierno coge el toro por los cuernos, o es muy poco probable la supervivencia de nuestra democracia. La mejor inversión que puede realizar el Estado es en acabar con la narcoguerrilla.
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