Opinión

  • | 1997/05/01 00:00

    Al borde del abismo

    Llegó el momento de movilizar al país en contra de la guerrilla

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No soy tremendista. Pero considero tan delicados los actuales problemas de orden público del país que, después de pensarlo cuidadosamente, siento que debo calificarlos como de suma gravedad.



La guerrilla se ha crecido en tal forma que, en este momento, está en capacidad de obligarnos a todos nosotros a arrodillarnos. No pienso que esa capacidad dé para tomarse el gobierno en los próximos meses. No. Pero sí para obligarnos a una de dos alternativas: o aceptar la desmembración de la casi mitad del territorio patrio para convertirla en un nuevo Estado, por completo independiente de Colombia; o reformar la Constitución Política de 1991 para aceptar un federalismo radical, en el cual la guerrilla sería el único amo de las extensas regiones que hoy controla.



Estoy hablando de regiones como Arauca, Casanare, franjas orientales de Boyacá y Cundinamarca, sur de Cundinamarca y noroccidente del Huila (zona del Sumapaz), sur del Meta (cuenca del río Ariari), Guaviare, sur del Huila, Bota Caucana y quizás todo Nariño.



La guerrilla se quedaría, entonces, con nuestras mayores riquezas petrolíferas y de gas, riquezas tan atractivas que, estoy seguro, los inversionistas extranjeros y la guerrilla encontrarán arreglos mutuamente satisfactorios para continuar explotándolas.



El lector atento de las noticias y comentarios más recientes sobre orden público -muchos de ellos basados en informes de inteligencia- habrá notado que:



1. La guerrilla, a pesar de las bajas propinadas por nuestras Fuerzas Armadas y la Policía, no sólo mantiene su pie de fuerza sino que lo aumenta.



2. En los últimos tiempos la subversión ha adquirido armas pesadas, como lanzagranadas, lanzamorteros y cohetes antiaéreos, con capacidad de atacar objetivos militares a 10 kilómetros de distancia.



3. Las finanzas subversivas continúan siendo altamente prósperas, en tal forma que la guerrilla ha podido acumular unos ahorros que, haciendo cálculos por lo bajo, llegan mínimo a los US$1.000 millones. Qué se pueda adquirir con esos recursos podrá estimarlo el lector, si tiene en cuenta que un helicóptero para transporte y combate, dotado de la última tecnología para vuelo nocturno, vale cerca de US$12 millones. Se dice que la guerrilla ya cuenta con una pequeña flota de aviones para transporte de su gente y equipos.



4. La guerrilla está convencida de que nunca antes ha estado tan cerca de alcanzar sus máximos objetivos militares y políticos. Por cierto, las FARC y el ELN están envalentonados por igual. No me extrañaría que exista un entendimiento para lanzarse simultáneamente al ataque de fondo, a la guerra de posiciones, en el futuro inmediato y para delimitarse unas áreas propias de influencia y de reparto del botín.



Los subversivos tienen hoy en día la posibilidad de bloquear cualquier carretera, aislar por tierra y aire a Bogotá y a cualquier otra ciudad del país, dinamitar el suministro de agua o las torres de luz de cualquier ciudad o región. Recuérdese que las FARC han ubicado cerca de 20 frentes de modo que rodean a Bogotá por todos los costados, con milicias dentro de la misma ciudad.



Sabemos que cerca de la mitad de los municipios del país están corriendo el riesgo de quedar, en las próximas elecciones de octubre, en manos de alcaldes y concejales indefensos e intimidados por la guerrilla, o abiertos partidarios de ella.



Debo manifestar con claridad a mis compatriotas que, a mi juicio, es hora de golpear rudamente a la guerrilla hasta que levante la bandera de la paz. No podemos esperar al próximo gobierno porque probablemente va a ser demasiado tarde.



Una movilización general de la población, con un gran número de reservistas llamados a filas, con medidas económicas de emergencia, con restricciones a las libertades individuales, -requiere un cierto tiempo algunos meses, al menos- para producir resultados. Esperar a que la guerrilla nos propine golpes estratégicos y espectaculares, para entonces movilizar la población, sería una imperdonable imprudencia.



Creo que hoy se cumplen a cabalidad los requerimientos establecidos por la Constitución para declarar el estado de conmoción interior: «En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República. podrá declarar el estado de conmoción interior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos». (Art. 213).



Obviamente, asumir una lucha a fondo contra los subversivos tiene costos, y costos considerables. Por un lado, en vidas y económicos. Pero son inferiores a los que nos esperan si triunfa la guerrilla, y a los que año tras año venimos pagando. Por otro, es muy probable que, al menos al comienzo de esta lucha, los grupos de derechos humanos, hoy tan parcializados en sus apreciaciones, logren hacer que varios gobiernos nos cierren las puertas. Pero defender la patria y las instituciones democráticas es una causa noble, profundamente respetable.



Una de las medidas que se impone tomar de inmediato es cancelar las elecciones de octubre en todo aquel municipio en donde existan indicios de que la guerrilla ha asesinado alcaldes, concejales, y/o donde esté intimidando a los candidatos.



Yo que he sido crítico del presidente Samper y que he pedido su renuncia, hoy, en aras de impedir el naufragio de nuestra patria, desisto de mi petición y estoy dispuesto a prestar toda mi colaboración para hacer que los subversivos abandonen sus pretensiones.



Tengo que decirlo con franqueza: si el gobierno nacional no toma en corto plazo las medidas proporcionales a la gravedad del momento, pienso que las Fuerzas Militares deberán reflexionar serenamente si no les corresponde a ellas asumir el liderazgo de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional (C.N., art. 217).
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