Opinión

  • | 2010/10/29 00:00

    ¿Agendas en transición?

    Más allá de las diferencias entre Santos y Uribe, hay hechos objetivos que hacen posibles y contribuyen a explicar los cambios de prioridad en la agenda doméstica y externa.

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Hay cambios notables en la agenda de reformas domésticas y de relaciones exteriores de la administración Santos en comparación con la última administración Uribe. ¿Hasta dónde esos cambios obedecen a diferencias en visión y estilo entre los dos Presidentes? ¿Hasta dónde son una consecuencia inevitable de los grandes avances logrados en materia de seguridad interna durante las administraciones Uribe? De que tan permanente y profundo resulte el cambio en prioridades y políticas que estamos observando dependerá qué está detrás de los cambios que observamos.

Para comenzar, no cabe duda de que, tanto la agenda doméstica como la externa de por lo menos los últimos cuatro gobiernos estuvieron dominadas por dos problemas: la seguridad interna y el narcotráfico. Así, por ejemplo, la administración Samper tuvo que dejar de lado su agenda de cambio social y concentrar sus esfuerzos en mantener la gobernabilidad y evitar la destitución del Presidente desde que estalló el escándalo del proceso 8000 a principios de 1996. La agenda externa, por su parte, estuvo dedicada a evitar el ostracismo internacional y a mitigar los efectos de la suspensión de la visa norteamericana al Presidente. En la elección siguiente, Serpa perdió, en parte, por su defensa cerrada de Samper pero, sobre todo, por el encuentro y las declaraciones de Pastrana y Tirofijo en cuanto a unas inminentes negociaciones de paz en vísperas de la segunda vuelta. El grueso de la agenda doméstica y externa de la administración Pastrana estuvo signada por la percepción de lo que facilitaría o dificultaría el éxito del proceso negociador y de la cooperación con Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Cuando el proceso negociador hizo agua, la opinión electoral se volcó en masa hacia un candidato, Álvaro Uribe, que ocupaba un lejano tercer lugar en las encuestas pero que había denunciado este proceso como una farsa y aseguraba que había que enfrentar y derrotar militarmente a la guerrilla. Las dos administraciones Uribe estuvieron marcadas en su agenda doméstica y externa por la política de seguridad democrática, la desmovilización de los paramilitares y las investigaciones sobre la parapolítica. La primera reelección de Uribe, y el frustrado intento de la segunda, fueron justificados por sus proponentes como la única forma de consolidar los éxitos de la política de seguridad democrática. A su turno, estas reformas constitucionales pro reelección y el escándalo de la parapolítica acabaron con el ímpetu reformista de los dos primeros años de la primera administración Uribe.

Más allá de estos vaivenes, siempre dominados por los temas de seguridad y narcotráfico, desde 1991 los últimos cinco gobiernos aumentaron los recursos a disposición de las fuerzas armadas y de la justicia para hacer frente a los retos de la insurgencia y los narcotraficantes coaligados. La propia Asamblea Constituyente de 1991 se entendió como un intento por conseguir la paz con los grupos alzados en armas que aceptaran desmovilizarse y fortalecer al Estado frente a estos y otros retos. No por casualidad, el país aceptó duplicar el tamaño del Estado y la carga tributaria en apenas una década. En materia de política exterior, nuestros Presidentes y cancilleres tuvieron que dedicarse a buscar apoyo para enfrentar estos retos, o al menos a buscar comprensión sobre la real naturaleza de nuestro conflicto interior y a defenderse de las acusaciones por violación de los derechos humanos.

El éxito de la política de seguridad cambió las prioridades de los colombianos, como se vio claramente durante el proceso electoral reciente. A pesar de la popularidad de Uribe en las encuestas, un gran número de ciudadanos bailó en las calles cuando la Corte declaró inconstitucional la reforma que hubiese permitido su segunda reelección. Y cerca de un 50% estuvo dispuesto a votar por un candidato, Mockus, que basaba su plataforma de gobierno en el respeto a la ley y a los derechos humanos, en la intolerancia con la corrupción y en un giro en materia de política exterior, frente a Santos a quien se veía como el heredero de Uribe. A mi juicio, estos fenómenos de opinión deben entenderse en función de dos hechos: de una parte, la mayoría de los ciudadanos consideraba que los éxitos logrados por la política de seguridad eran irreversibles y se consolidarían bajo cualquier nueva administración y, de otra, encontraban inaceptable la falta de respeto por la ley, por las demás instituciones y por los derechos de la oposición, así como la tolerancia con la corrupción y la ineficaz política exterior que caracterizaron los últimos años de Uribe. El Partido Liberal, Cambio Radical y la parte del Polo Democrático no comprometida con la administración distrital arreciaron progresivamente su oposición a Uribe por estas mismas razones.

A mi juicio, Santos comprende claramente el cambio que se ha operado en la opinión de los colombianos y el hecho de que los avances en seguridad permiten nuevos grados de libertad en la agenda doméstica y externa. Por ello, y seguramente por convicción, continúa efectivamente con la política de seguridad de su antecesor, pero también responde a las nuevas demandas ciudadanas. Este es el caso del mejoramiento de la relación con las Cortes y la adopción entusiasta de las propuestas liberales en material de protección a las víctimas, restitución de tierras y primer empleo. Asimismo, se enfrentan hoy reformas en materia fiscal, de salud y de justicia que se sabían urgentes desde hace tiempo, pero que fueron pospuestas por la prioridad otorgada a la reelección y por los líos de la parapolítica que ocasionaron una impresionante parálisis en la agenda legislativa en los últimos años de Uribe. El cambio de agenda es aún más notorio en el frente externo. Colombia puede hablar ahora con fuerza y tener iniciativas impensables hace unos años, cuando la política exterior era, por necesidad, esencialmente defensiva. Eso explica la viabilidad de la aspiración al Consejo de Seguridad de la ONU y a ingresar a la APEC y la OECD, así como el nuevo papel que se está jugando en la política suramericana. En otras palabras, más allá de las diferencias entre Santos y Uribe, hay hechos objetivos que hacen posibles y contribuyen a explicar los cambios de prioridad en la agenda doméstica y externa. Por eso creo que estamos viviendo una transición y que el cambio en la agenda nacional va a ser cada vez más pronunciado.

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