Juan Manuel López Caballero

| 5/27/2003 12:00:00 AM

A propósito del Referendo

El pronunciamiento del Procurador evidencia que las actuales mayorías del Congreso han tenido una actuación atravesada y abusiva en lo normativo.

por Juan Manuel López Caballero

Gran polvareda levantó el pronunciamiento del Procurador sobre el Referendo. Valgan algunos comentarios ajenos a la inconstitucionalidad o no de los artículos.

La Procuraduría presenta no una opinión, ni una posición política, sino un análisis jurídico. Esto responde al hecho de que no se trata de un plebiscito sobre las políticas del Presidente, sino de cambios a la Constitución. No lo hace por gusto o interés personal como el de cualquier comentarista, sino como función institucional. Por eso, debe también diferenciarse de las expresiones que pueden tener otros funcionarios a quienes sus convicciones los inducen a tomar posición, pero que no tienen la trascendencia de la que asume el Ministerio Público.

En ese sentido, es deplorable la intervención del Ministro Londoño. Lo mínimo que como jurista debería respetar son las jerarquías institucionales. Al descalificar en forma personal y algo ofensiva el concepto del procurador Maya, actuó consistentemente con su talante, pero contrario a lo que debe ser el comportamiento de un Ministro del Despacho. Por lo demás quien, como en su caso, se refiere al contenido de un estudio sin haberlo siquiera leído (su declaración fue al recibir un papelito en medio de una reunión) descalifica cualquier concepto que al respecto él mismo emita, puesto que demuestra que no depende de los argumentos expuestos sino de una posición previa, ajena a cualquier razón que el documento contenga.

No menos inquietante es la reacción del Presidente, al amenazar con sabotear el proceso y crear un caos político y jurídico (como la Susanita de Mafalda, que en caso de ir perdiendo la partida de ajedrez le da una patada al tablero). Mal hace en presentar escenarios de confrontación y hasta cierto punto intentar coaccionar a la Corte Constitucional con las opciones que podría tomar en razón de su poder y su capacidad de generar crisis, en vez de argumentar sobre el tema para resolver alrededor de él. Menos aún cuando sustenta tal capacidad en presentaciones erradas, como la de que podría ser optativo escoger si se adelanta o no el referendo siendo ya ley de la República (hasta el gobierno -o, más correctamente, ante todo el gobierno- debe cumplirla), o la idea implícita en el supuesto llamado a un referendo popular, como si este no tuviera que pasar también por el Congreso para volverse ley de la República.

Para comenzar, la Procuraduría reivindica y en alguna forma recuerda a la Corte Constitucional que en varias de sus sentencias ha aclarado que cuando se habla del control únicamente sobre los procesos de formación de las leyes no es una restricción sino un marco de referencia, en el sentido de que una norma que contrariara el conjunto o integralidad de la Carta, o que desconociera normas superiores de imperativo acatamiento como los derechos fundamentales o el 'jus cogens', no puede ser validada a pesar de que no contenga vicios de trámite (no se puede plantear, por ejemplo, una norma que apruebe la esclavitud).

En forma sistemática, en un estudio juicioso y riguroso de más de 60 páginas, el Procurador recorre prácticamente todas las objeciones presentadas, las analiza y se pronuncia sobre ellas. Coincide en la inconstitucionalidad de algunas, y descarta lo controvertido sobre otras. Deliberadamente, analiza de último la postergación de fecha de las elecciones territoriales simplemente para constatar, como lo han hecho ya hasta los uribistas más furiosos (como Claudia Blum), que es inexequible por no haberse presentado a debate en las comisiones.

El Procurador es categórico y extenso en defender el principio de que la participación democrática implica el conocimiento y la claridad sobre lo que compete a la ciudadanía decidir, tal vez como respuesta a la insólita afirmación que el Ministro Londoño hizo en su momento, según la cual lo largo y confuso del texto no debía verse como un obstáculo, puesto que lo mejor sería que la gente votara en bloque sin entender el contenido de los puntos propuestos. En resumen, destaca que la confusión que en el sentido político se intenta entre Plebiscito y Referendo es justamente la que desde el punto de vista control jurídico y constitucional debe señalarse e impedirse ("Esa facultad -de pronunciarse mediante referendo- que tiene origen en el principio de la soberanía popular, según el cual el poder político es ejercido directamente por los ciudadanos, supone el conocimiento por parte de estos de los procesos que han de configurar las políticas públicas, pues, de no existir tal conocimiento, la participación sería nugatoria y, por ende, ineficaz, porque mal se puede intervenir cuando el contenido se desconoce").

En realidad, más que la inconstitucionalidad de cada punto, el pronunciamiento del Procurador evidencia (como institución y no como persona -se reitera-) que las actuales mayorías del Congreso -la llamada 'aplanadora'- ha tenido una actuación tan atravesada y abusiva en lo normativo como lo fue en lo económico la anterior 'Alianza para el Cambio' bajo Pastrana.
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