Opinión

  • | 2005/12/16 00:00

    20 años del Palacio de Justicia (posdata a 'Noche de Lobos')

    (.) Un pueblo no puede tener identidad si no conoce ni se integra con su pasado; y sin saber su historia no puede comprender ni manejar su presente (.)

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Respecto a ese holocausto no hay puntos esenciales por esclarecer para establecer responsabilidades y actuar en consecuencia. (.) el Estado ha sido condenado por acción y por omisión en prácticamente todos los procesos donde ha sido demandado como responsable por las muertes acaecidas. (.) pero nadie ha sido llamado a responder a título personal, ni penal ni civilmente.

Dos aclaraciones necesarias - La primera, que aun siendo nuestro orden social inaceptable, nunca el apelar a las armas es la vía para cambiarlo. (.) Sin embargo la organización del Estado asigna a las autoridades instituidas la función de controlar a quienes desconocen o violan el orden legal, y lo que a los ciudadanos corresponde es velar por que esas autoridades así lo hagan, tanto en el sentido de cumplir sus obligaciones, como en el de no exceder sus facultades; por eso aquí se trata la actuación oficial y no la del M-19.

- La segunda, que creo en las instituciones como fundamento del buen funcionamiento del Estado y no en la naturaleza 'providencial' de quienes las representan. (.) Por eso no creo en cuestionar las personas ni sus motivaciones, sino en que se concreten las eventuales responsabilidades que emanan, cuando, habiendo aceptado cargos de representación institucional, se produce una desviación de las obligaciones que le son inherentes.

En cuanto a la responsabilidad del presidente Belisario, dijo la Corte Suprema de Justicia: 'El Presidente no dirigió sino toleró las acciones militares'. O, según él, ordenó la toma esperando que todo saliera bien, pero la forma en que se desarrolló dependió de los mandos militares. Pero, para comenzar, 'tolerar' es ser responsable por omisión; decidir no impedir la barbarie de la toma del baño después de 27 horas de iniciado el combate, tras una suspensión de varias horas y donde se causó la muerte de cerca de 50 rehenes para acabar con 6 guerrilleros heridos, es en cierta forma ser responsable de ella pues no hay argumento válido (ni no válido) para permitir que eso sucediera cuando de él dependía evitarlo; y haber asumido el papel de único responsable para que no fuera cuestionada la acción militar, además de ser contrario a la realidad y a sus propias declaraciones posteriores, lo convierte en alguna medida en cómplice o en encubridor de las posibles actuaciones sancionables.

En cuanto a la posibilidad de un juicio (.) tanto para el Presidente Betancur como para todos los otros posibles responsables, en los eventuales delitos de lesa humanidad no hay prescripción, ni cosa juzgada, ni prevalencia del derecho interno cuando se desconocen las normas humanitarias.

Respecto a los desaparecidos, la lógica dice que no se 'autodesaparecieron' (existe el autosecuestro y, según el doctor Turbay, la autotortura, pero la autodesaparición forzada supera la imaginación); y que no los pudieron desaparecer los guerrilleros (si no pudieron salir ellos, menos sacarían doce personas clandestinamente). Pero más que eso existe la grabación con la orden ". si no aparece la manga que no aparezca el chaleco." en el momento en que capturan a una presunta guerrillera (probablemente Irma Franco); y se conoce que ese instructivo se cumplió en sus diferentes etapas: que los sospechosos eran aislados de los demás sin que quedara registro, como fue el caso de los 6 detenidos remitidos en la furgoneta (liberados al comprobarse su carácter de civiles ajenos a la guerrilla); que de ahí pasaban a un interrogatorio 'especial' clandestino (los estudiantes Matson y Santodomingo sí alcanzaron a ser torturados sin que haya rastro del procedimiento, pero fueron soltados al día siguiente); y que en caso de ser considerados guerrilleros los 'desaparecían' como sucedió con Irma Franco Pineda. (.)

Esto explica el informe que presentó ante el Senado el Ministro de Defensa al mencionar 115 muertos (los cadáveres del Palacio -95-, más el listado de los capturados que suponían guerrilleros -6 de la furgoneta, Matson y Santodomingo, Irma Franco y 11 de la cafetería-); y explica por qué posteriormente, con la información parcialmente corregida, el General Samudio (Paladín 6) hablaba de 48 guerrilleros dados de baja (34 que en efecto lo fueron -puesto que Clara Helena Enciso salió viva-, más los sospechosos que no fueron inmediatamente liberados -Matson y Santodomingo, Irma Franco y los empleados de la cafetería-).

Lo que sí es una incógnita aún es qué final tuvieron. (.)

No se sabe si la muerte de Almarales se produjo con el último asalto en el baño, o si fue devuelto ya muerto al interior después de ser sacado vivo y herido del Palacio (el video donde se ve esto parece que existe, y en las grabaciones Paladín 6 dice: "tenemos una información (.) y de que Almarales está herido y que lo llevaron a una unidad de P.M." ). El hecho es que, si en efecto su cadáver muestra disparos a quemarropa, sería una típica ejecución fuera de combate.

El tema de la alianza o no con los narcotraficantes no cambiaría nada respecto a lo actuado por las fuerzas oficiales. (.) Pero los antecedentes y raciocinios lógicos muestran lo contrario, además de que no existe indicio alguno que sugiera eso; como la inexistencia no se puede demostrar, lo concreto y lo fallado tanto por el Tribunal Especial como por los jueces penales es que no existió tal acuerdo.

En cuanto a asesinato de rehenes (.), lo establecido por los peritazgos técnicos es que de los proyectiles encontrados en los cadáveres examinados ninguno correspondía a las armas del M-19 (las fuerzas oficiales no permitieron que se hicieran pruebas con su propio armamento), y las trayectorias y ubicación de los cadáveres estudiados mostraban que fueron muertos por el fuego oficial (cosa que confirman los sobrevivientes1).

(.) Por el protagonismo dado por los medios a la frase de "defendiendo la democracia, Maestro", el Coronel Alfonso Plazas Vega ha sido identificado errada (e injustamente) como Arcano 5 -al parecer era segundo responsable de la dirección del 'operativo'-, atribuyéndole a nivel periodístico actuaciones que correspondieron al General Bernardo Ramírez. (...)

Pero el punto importante es ¿qué efectos ha producido no sancionar ni establecer responsabilidades ante semejante tragedia? Todos los precedentes sentados entonces parecen repetirse en las declaraciones o actitudes del Gobierno actual: el diálogo es un imposible; la solución buscada es la victoria militar; los efectos en la población civil (dos millones de desplazados) no cuentan; todo sospechoso puede ser tratado como culpable (van más de 8.000 detenidos liberados posteriormente pero que han sufrido prisión sin causa alguna); la suerte de los rehenes retenidos debe estar sujeta a las operaciones militares (no al acuerdo humanitario); como lo propuso entonces la Comisión de Acusaciones 'los actos de gobierno no son enjuiciables'; la 'defensa de las instituciones' prevalece sobre el orden jurídico y los principios humanitarios; ante la 'necesidad' del indulto para alcanzar la 'paz' se debe sacrificar la verdad, la justicia y la reparación; la prensa por censura o autocensura debe ocultar la realidad; etc., etc.

1. Ver 'Las dos tomas', Manuel Vicente Peña, Círculo de Lectores y Printer Colombiana S.A., 1988.
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