| 7/7/2006 12:00:00 AM

Un eje para el desarrollo social

El alcance y contenido de una política pública en un escenario global como en el que actualmente se encuentra la actividad estatal, debe propiciar altos niveles de competitividad en las instituciones tanto gubernamentales como privadas que prestan sus servicios para el desarrollo del país.

Desde un punto de vista global, un cambio de dirección en el rumbo político, económico y social de un estado, nación o país, debe estar sustentado sobre políticas que posibiliten el incremento de los niveles de bienestar general de la población y en el consecuente desarrollo humano que resulta de aplicarlas correctamente y sobre lineamientos claros que interpreten las necesidades prioritarias del conjunto poblacional.
 
El desarrollo social, visto como el resultado de la aplicación de políticas y mecanismos que en primera instancia contribuyen al logro de un desarrollo económico, cultural y político, solo se consigue si se logra desarticular de la actuación cotidiana de las autoridades y altas representaciones públicas, la influencia nociva y mezquina de grupos, gremios o sectores que busquen o contrapongan los intereses generales con sus intereses particulares. Un estado no influenciado por el clientelismo y la excesiva burocratización, que en última instancia desbordan en corrupción, está más presto a la adopción de políticas serias y acertadas que lo constituyan en un verdadero e ideal garante de los derechos y libertades que por naturaleza le corresponden al pueblo.
 
El alcance de las políticas públicas, más allá del grado de influencia que geográficamente puede representar en una circunscripción territorial, se debe reflejar en los niveles de desarrollo y bienestar de sus habitantes en aspectos como educación, salud, empleo y seguridad social. La eficiencia de una política se determina cuando su formulación o adopción se compara a luz de los resultados reales de su aplicación. No podemos hablar de una acertada política educativa sino se consiguen los objetivos propuestos en materia de cobertura y calidad, tanto en los niveles básicos como en los niveles técnico, tecnológicos y profesionales; de igual forma sino se logra articular a la academia con la realidad nacional mediante el intercambio dinámico de conocimientos y experiencias que fortalezcan a los entes educativos y propicien un mejor nivel institucional a nivel estatal.
 
Tampoco se puede hablar de políticas públicas eficientes en el campo de la salud si los niveles de atención no son suficientes o si no se cuenta con una estructura o un sistema que responda a las necesidades que en la materia presenta la población y en especial aquella perteneciente a las clases menos favorecidas, que aún hoy sigue padeciendo por no tener un acceso total al mismo.
Es importante resaltar algunos aspectos que deben caracterizar o deben ser tomados en cuenta al momento de adoptar políticas que no vayan en detrimento de los ideales de desarrollo social a los que deben obedecer, tales como:
 
1. Determinar cuáles factores intervienen en los procesos de decisión.
Es decir, cuáles son los puntos claves que determinan la adopción de lineamientos o políticas públicas dentro de cualquier área o campo específico, y durante que lapso de tiempo determinado.
 
Cuando se habla aquí de factor o puntos claves es necesario preguntarse, ¿Qué motiva al Estado, los intereses de la colectividad o los intereses de algún grupo minoritario específico?
 
La realización de una política pública no se fundamenta en el papel, sino cuando produce el efecto para el cual se adoptó, y este debe estar ligado a la creación de una sociedad más justa y equitativa.
 
2. Determinar que contribución aporta para disminuir la desigualdad.
Este es un punto de vital importancia y el cual no se puede perder de vista ni se puede obviar a la hora de instaurar una política pública.
 
No solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, los niveles de desigualdad son aberrantes, y se reflejan en aspectos como la desigual distribución del ingreso, la mala focalización del gasto público, el poco o nulo impacto positivo que generan las políticas y acciones públicas en el bienestar de las clases más vulnerables, los elevados niveles de pobreza, el bajo nivel educativo de la clase pobre con relación a las esferas de poder, la corrupción, etc., que son piezas claves para armar el mapa social característico de esta parte del planeta.
 
Colombia, según el Banco Mundial, presenta los mimos niveles de concentración de riqueza que presentaba en 1938. Se trata de un dato que deja mucho que decir respecto a la preocupación del Estado por estrechar la brecha de desigualdad que presenta este país. Si una política publica no contribuye a frenar los desequilibrios sociales es una política a medias que no merece ser llamada publica, pues se hace semejante a las políticas de un grupo económico para satisfacer su sed de riqueza y rentabilidad.
 
3. Se debe enmarcar dentro de una concepción constitucional adecuada.
Este es un punto muy parecido al anterior, pero aquí se pretende resaltar la armonía conceptual entre la política pública y los fundamentos constitucionales, sobre todo en lo que a derechos y garantías se refiere. Políticas públicas que vayan en vía contraria a los preceptos constitucionales, aun así sean aprobadas por efectos del clientelismo y la corrupción no desbordarán en efectos positivos para un Estado que se considera pluralista y autónomo. Ir en contra de la libertad de opinión, de conciencia, en contra del derecho a la vida, de la libre asociación, de la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros muchos más, antes de ir en pro de la supresión de las desigualdades lo que genera es el efecto adverso y capacita a la sociedad para que reinen los desequilibrios sociales que en última desbordan en flagelos como elevados niveles de violencia y mendicidad como los que aquejan a nuestra sociedad actual.
 
El alcance y contenido de una política pública en un escenario global como en el que actualmente se encuentra la actividad estatal, debe propiciar altos niveles de competitividad en las instituciones tanto gubernamentales como privadas que prestan sus servicios para el desarrollo del país. Es así como se llega a cumplir con los objetivos de crecimiento económico y empleo justo, de seguridad democrática, de transparencia y eficiencia del Estado y con la creación de una sociedad más justa e igualitaria.
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