Por los operadores especializados

Cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez fue Gobernador de Antioquia, tomó la decisión de liquidar la empresa departamental dueña y operadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (ACUANTIOQUIA), y diseñó una estrategia para que profesionales del sector de la ingeniería civil y sanitaria se asociaran para que participaran en las licitaciones que se iban a publicar. El doctor Uribe hizo mucho énfasis a los empleados de Acuantioquia para que conformaran empresas y participaran. Y así, ex empleados de Acuantioquia, ingenieros civiles y sanitarios y muchos otros grupos de profesionales asociados, comenzaron a desarrollar el plan estratégico del doctor Uribe, en una época dura y violenta que enfrentaba el país.

A ocho empresas que se conformaron para presentar las propuestas, se les adjudicaron 38 Municipios del Departamento, un cambio radical en el esquema de la administración del recurso hídrico para el consumo de los ciudadanos en Colombia, un cambio para los usuarios, un cambio para la administración pública al tener que adoptar y adaptarse a un contrato de operación por parte de un privado en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Un giro radical que ha tenido resultados muy satisfactorios en temas de incremento de calidad, cobertura, expansión, cultura de usuario y por ende, satisfacción del usuario.

Se reconoce por los usuarios y por las mismas administraciones municipales, la efectividad de los operadores en Antioquia, lo que debe hacer sentir muy bien al Presidente, pues su estrategia ha funcionado, y muy bien, y ha sido sostenible durante esta década y lo podría ser más si se expandiera el esquema a todos los municipios del país y brindar las oportunidades a profesionales que se asocien y presenten propuestas para administrar, operar y mantener servicios de acueducto y alcantarillado en municipios menores. También para que apoyen a la Superintendencia de Servicios Públicos para usar las herramientas jurídicas de intervención de tal forma que muchas entidades territoriales cumplan, después de 14 años de creada, la ley 142 de 1994 en sus artículos 5 y 6, donde todavía son los municipios los mismos operadores y no cumplen con las exigencias normativas. Además, cuando adelantan los procesos licitatorios para cumplir con los mandatos jurídicos, no brindan garantías en los pliegos de condiciones que publican y así cierran la opción para que un operador especializado administre el sistema.

Cuando un municipio cuenta con un operador especializado puede hacer una sinergia muy eficaz para formular proyectos de preinversión e inversión para infraestructura y presentarlos a las entidades del Gobierno que los viabilizan y aprueban, para que se inicie la gestión conjunta en la búsqueda de recursos económicos para su ejecución, actividades que adelantan los alcaldes con el operador y que han sido exitosas para el desarrollo sostenible y la modernización de los sistemas.

La lectura y operación del contrato es simple. El operador garantiza cumplir con la normatividad vigente en lo técnico, comercial, contable, jurídico, y en general, cumplir con el suministro a los usuarios de agua apta para el consumo humano, brindar 24 horas de servicio los 365 días del año, atención adecuada al usuario, generar las lecturas, facturación y recaudo ajustado a la normatividad vigente, reparar daños, conectar nuevos usuarios y transferir la utilidades obtenidas al municipio.

El municipio es el dueño de la infraestructura del sistema, el operador, hace eso, administrarle el sistema de acueducto y alcantarillado al municipio, y el operador recibe una retribución económica por el servicio.

El alcalde que cuenta con operador especializado se dedica, gracias al mayor tiempo disponible, a otras actividades más productivas para la comunidad, en vez de estar el alcalde llamando por teléfono a proveedores para preguntar por la unión universal de 8 pulgadas, ya que la del acueducto falló y la gente no tiene agua, o peor, recibiendo quejas y reclamos de los usuarios y presiones del consejo municipal y de la clase política local.

Operar eficiente y eficazmente un sistema de acueducto y alcantarillado es una labor especializada que requiere de experiencia y conocimiento para asegurar la adecuada prestación de estos servicios.

Existen en todo el país muchos municipios menores que sus sistemas pueden ser administrados por operadores especializados, y está escrito en el documento Conpes 3463 de 2007, donde se dice que hay que impulsar el ingreso y fortalecimiento de los operadores especializados, para resumir uno de sus párrafos.

En Antioquia por ejemplo, se está impulsando con ímpetu la creación de empresas regionales de servicios públicos, y se van a conformar 7 empresas de este tipo, de hecho ya hay 3 conformadas jurídicamente, y sus accionistas son: La Gobernación de Antioquia, los municipios integrantes de estas regiones, y EPM, que esta última ha incursionado gracias al pensamiento estratégico del Presidente Uribe, para que EPM sea inversionista en dichas empresas. Esto ya funciona hoy en día en Urabá y en el occidente antioqueño cercano y se hará realidad en otras cinco regiones.

Quedan muchos municipios, corregimientos y microregiones en Colombia que se adaptan financieramente al esquema de las pymes de servicios públicos, como en el caso de los operadores especializados de Antioquia.

Quiero aprovechar también para llamar la atención al tema de la cobertura de servicios públicos en las áreas rurales, pues un municipio menor tiene a su vez corregimientos y veredas que hoy en día no tienen solucionado el tema de acueducto y alcantarillado, ni en infraestructura ni en su administración, convirtiéndose en otro nicho fundamental para el ingreso del sector privado en esquemas de operación para las áreas rurales de los municipios menores.

En la configuración de estas empresas regionales en Antioquia, donde EPM ha entrado como socio mayoritario y mirando los municipios que se han escogido en este proceso, se entiende y con toda razón, que EPM intervenga como inversionista en municipios como Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa, San Jerónimo, Santa Fé de Antioquia, y muchos otros, todos municipios con gran potencial de desarrollo a mediano y largo plazo, muy interesantes para el inversionista, en este caso EPM.

Muy claro lo dijo el señor Presidente de la República en el último foro de Acodal en Cartagena, muy bien lo de EPM, pero que a Antioquia no se le olviden los operadores que nacieron hace 10 años, y yo sé de los resultados que han obtenido, que no se vuelva Antioquia un monopolio de EPM, y que se tengan en cuenta los operadores para que continúen siendo eso, operadores.

Pero la expansión de estos operadores especializados se ha visto frenada por razones políticas, donde los alcaldes consideran que no es pertinente entregarle a un privado el sistema de acueducto y alcantarillado, las razones, muchas, entre otras, son no aplicar la descentralización y no creer en el sistema. Pero el usuario es el que sufre, pues en la mayoría de los casos, donde todavía el municipio menor opera directamente el sistema, los indicadores de gestión están muy por debajo de los municipios que están siendo operados por las pymes de servicios públicos privadas, así lo dicen las estadísticas para Antioquia.

Es un esquema a multiplicar intensivamente en Colombia, y para esto se requiere la acción decidida del Estado, para poner a funcionar el lineamiento dictado en el sentido de fortalecer la operación especializada para la administración de estos servicios públicos como se lee en el Documento Conpes 3463 de 2007.

El operador especializado administra este negocio como lo exige la ley y con un carácter empresarial de eficiencia y eficacia, y que como en el caso de Antioquia, estas pymes de servicios públicos, además de mostrar excelentes resultados durante 10 años, lograron certificaciones en sistemas de gestión de la calidad, y todo con el objetivo de garantizarle a los usuarios la prestación de los servicios con todas las exigencias de ley, implementando la cultura de la calidad para garantizar la expansión y la sostenibilidad.

La administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado son financieramente interesantes tanto para el municipio menor como para el operador, siempre y cuando sea este último un buen administrador.