| 9/30/2005 12:00:00 AM

Los derechos laborales y la UE

José Gabriel Mesa, del ministerio de Protección Social, analiza el impacto del sistema preferencial aplicado por la Unión Europea.

El nuevo sistema, adoptado por el Consejo de la Unión el pasado 27 de junio, incorpora un régimen especial de estímulo al cumplimiento de los derechos laborales, en el cual ha sido ubicada Colombia, cuyo acceso nos implica acreditar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales internacionalmente reconocidos a que se refieren ciertos convenios de la OIT, cumplimiento que se verifica en función de los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo -OIT.



Los convenios a que nos referimos son los llamados fundamentales relativos a trabajo forzado, libertad sindical y los derechos de asociación negociación colectiva, no discriminación en materia de empleo y trabajo, y trabajo infantil.



El reglamento del nuevo sistema establece la posibilidad del retiro temporal de los regímenes, para todos o parte de los productos originarios de un país beneficiario, por cualquiera de los motivos siguientes: a) violación grave y sistemática de los principios establecidos en los convenios enumerados en la Parte A del Anexo III (convenios fundamentales de la OIT); b) exportación de productos fabricados en prisiones. (subrayado fuera de texto)



Igualmente, se otorga a la OIT un papel fundamental en el proceso, por cuanto sus pronunciamientos respecto de si hubo o no violaciones a dichos instrumentos, serán determinantes para las decisiones que adopte la Unión Europea respecto del ingreso y permanencia de un país en el mismo.



Los pronunciamientos de la OIT provienen de tres fuentes: i) la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; ii) el Comité de Libertad Sindical y, iii) la Comisión de Normas de la Conferencia. El Comité, que se reúne tres veces al año en Ginebra, Suiza, luego de analizar las respuestas del gobierno, emite recomendaciones que son adoptadas por el Consejo de Administración -Junta Directiva- de la OIT, algunas de las cuales han sido incorporadas al bloque de la constitucionalidad por nuestra Corte Constitucional. Son varias las entidades y empresas colombianas cuyas conductas están siendo sometidas a indagación por parte de dicho comité, a partir de las quejas presentadas por las organizaciones sindicales.



Finalmente, conviene recordar que de acuerdo con el nuevo reglamento, tanto la Comisión como cualquier Estado miembro de la Unión, deben informar al Comité (de la Unión) y solicitar que se realicen las consultas con el país respectivo. En tal caso, el Reglamento establece la obligación, para los demás Miembros de la Unión, de "comunicar a la Comisión toda la información pertinente que pueda justificar la suspensión de las preferencias...".



Todo ello nos permite confirmar la importancia cada vez mayor que los derechos laborales internacionalmente reconocidos tienen en el devenir económico del país y la atención cada vez mayor que debemos prestar a estos asuntos, y la necesidad que tienen las empresas y las firmas de abogados de profundizar en el conocimiento de la OIT y sus pronunciamientos.
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EDICIÓN 531

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