La reforma tributaria y la iglesia: un debate para plantear

Desde que el Ministro de Hacienda anunció hace algunas semanas que el gobierno nacional presentaría una nueva reforma tributaria a consideración del congreso, empezó el tradicional rosario de comentarios por parte de los posibles afectados. Esta discusión, valga decir, es absolutamente sana para las instituciones y la democracia colombiana, además que ayuda a complementar los posibles vacíos y “micos” que también integran este tipo de leyes.

Ahora bien, si el principal objetivo del Ministerio con este proyecto de ley es hacer una reforma integral en la que se conjuguen los elementos suficientes para consolidar el crecimiento económico y garantizar la seguridad jurídica para los inversores extranjeros, hay un asunto que es necesario traer a discusión en este momento: ¿cuál es rol que debería jugar la iglesia dentro de este nuevo sistema tributario?

El papel de la iglesia dentro del proyecto de reforma tributaria es prácticamente nulo, ó mejor, explícitamente inexistente, ya que en el Artículo 11 de la misma los exonera del tributo a la renta. Aclaro: al mencionar el término “iglesia”, no sólo me estoy refiriendo a la iglesia católica, si no a todas las demás instituciones religiosas que literalmente viven de la fe de sus feligreses, y que en no pocos casos comienzan haciendo reuniones en los garajes de las casas de sus fundadores, y terminan enriqueciéndolos particularmente (cualquiera que sea el nombre del respectivo guía espiritual). Esto último no está mal, la religión ha sido desde tiempos remotos una actividad tremendamente rentable. Pero precisamente por eso, por ser muy rentable, es que deberían pagar impuestos como lo hacemos todos los demás colombianos.

Yo creo que es necesario que el país en su conjunto considere muy seriamente el incluir a este tipo de organizaciones (todas: la católica, los protestantes en todas sus diferentes formas, los llamados grupos cristianos, musulmanes, judíos, etc.), como contribuyentes activos de dicho impuesto, ya que sus rentas son hoy día un cabo suelto en materia fiscal y en algunos casos extremos, podría prestarse para eventualmente ser una fuente para el lavado de activos.

A principios de los años noventa, en época del presidente Gaviria, se planteó esta posibilidad e inmediatamente se desató una gran polémica por el concordato celebrado entre el Vaticano y el estado Colombiano hace algunas décadas. Este tratado, que obliga a otorgarle un fuero especial a la jerarquía católica en Colombia. Sin embargo, los tiempos actuales son distintos, el déficit fiscal y las dificultades económicas hacen que el país necesite urgentemente de recursos frescos, es más que conveniente que se revise y en lo posible se plantee la anulación de esta parte del concordato con el Vaticano, además de que adicionalmente se integre a las demás comunidades religiosas al sistema tributario nacional. Sea como sea la discusión debe de proponerse de manera seria y respetuosa, para el bien del fisco y del bienestar económico del país.

FUENTE: AP