La falta de empresa en el campo

Está más que comprobado que la afrentosa desigualdad en la distribución del ingreso que caracteriza a Colombia (una de las peores en el mundo) palidece frente a lo que ocurre con la estructura de la tenencia de la tierra.

Los altos índices de pobreza y miseria que afectan a nuestra población rural son reflejo de esas desigualdades.

Es difícil controvertir que no se puede esperar desarrollo tecnológico adaptado a nuestras condiciones edafo-climáticas sin un proceso previo de investigación (así sea, por lo menos, de investigación aplicada) y que los adelantos tecnológicos obtenidos necesitan ser transferidos a los productores mediante labores de capacitación, asistencia técnica y asesoría, utilizando estrategias claramente definidas en programas de extensión rural. Tampoco es descabellado afirmar que la adopción de las nuevas tecnologías exige un oportuno y suficiente crédito bajo unas condiciones que respondan a las características del renglón o renglones a financiar.

No demanda de muchos esfuerzos comprobar que la falta de organización empresarial de los pequeños productores es una de las tantas causas de los bajos niveles de retención del valor agregado a sus productos (en promedio, el precio pagado al productor no alcanza a ser el 25% del precio final pagado por el consumidor final). Que esta falta de organización empresarial les impide disponer de información de calidad (en términos de oportunidad, veracidad y suficiencia) relacionada con los mercados, que les permita tomar las decisiones que mejor respondan a las condiciones y expectativas de esos mercados.

También está demostrado que, todavía, un alto porcentaje de los alimentos consumidos por la mayoría de la población colombiana (que también es pobre) se genera en la pequeña producción bajo las condiciones más adversas: tierras escasas y de baja fertilidad, separadas de los mercados de consumo por vías poco transitables, carencia de infraestructura productiva (riegos, drenajes, centros de acopio y manipulación de cosechas, entre otras), de infraestructura social (centros de salud, escuelas, dotaciones), ausencia de servicios de extensión, a más de las presiones a que se ven sometidos los campesinos por los diversos grupos al margen de la ley que pululan en nuestros campos.

Una política de Estado orientada al desarrollo integral de la población rural, tendría que incluir, al menos, la solución de todas y cada uno de las limitantes señaladas anteriormente. Política ésta que debería ser ejecutada por el Gobierno de turno a través de planes, programas y proyectos con sus correspondientes objetivos y metas claramente establecidos, previa asignación de los recursos presupuestales requeridos y de las estrategias y métodos diseñados para su cabal organización, ejecución, control y evaluación.

Desconocer la cruda realidad que padece este importante segmento de la población de Colombia y pensar que con unos ciertos subsidios como los anunciados en el programa "Agricultura Ingreso Seguro", anunciado por el gobierno, es soslayar la obligación del Estado de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 64, 65 y 66 de nuestra Constitución Política.

Tener suficientemente claro el problema a resolver es el primer paso para su solución. Diagnósticos equivocados conducen a soluciones también equivocadas.

La sola existencia de un mercado tan apetecido como el norteamericano no garantiza el acceso a él por la existencia de un tratado comercial, por bueno que éste sea, a menos que pensemos que somos el proveedor único.

Alcanzar la eficiencia y la eficacia en todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva demanda de esfuerzos, tiempo y recursos claramente identificados, planificados y ejecutados con la oportunidad requerida. La elevación de la productividad como condición previa para mejorar la competitividad no se alcanza con simples avisos institucionales que nos aseguren que "somos capaces".