| 10/30/2007 12:00:00 AM

La encrucijada carbonera

La mayoría de los países, por excelencia soberanos en su actuar y defensores de sus intereses, han decidido implementar una contraprestación a los terceros que en forma “planificada” exploten los recursos naturales no renovables de su territorio.


 

Colombia ha avanzado algo en la legislación que regula estas actividades debido a que constitucionalmente a través del Art. 361 de nuestra Carta Magna y de otras leyes complementarias ha definido claramente esta contraprestación, como también quienes serán beneficiarios de estas y la forma en que serán distribuidas, o al menos los que alguna vez han hablado de este relativo avance han sido los peruanos y chilenos que todavía aplican una normatividad cuyo origen se remonta a leyes españolas o al derecho romano de antaño totalmente incoherente a las exigencias de la actualidad.

La contraprestación antes mencionada, mejor conocido como Regalías o Royalty, ha transformado la estructura económica de los departamentos acreedores a ella, de tal manera que han pasado de una orientación agropecuaria, como era el caso del departamento del Cesar, a una netamente minera, caso según los versados en el tema poco favorable debido al escaso jalonamiento que ofrece la industria minera a los demás sectores económicos. Esto, acrecienta la disparidad de la relación costo/beneficio, ya que las regalías representan ingresos por un periodo determinado de tiempo, siguiendo con el Cesar como referencia se estima que habrá carbón por unos 50 años más, por lo que sería un largo periodo de tiempo dependiendo en su gran mayoría de recursos transitorios que incrementa indudablemente el PIB per capita, pero no genera el suficiente desarrollo humano que garantice un digno transcurrir en la época pos carbón.

El registro y seguimiento de las últimas noticias en los principales medios de comunicación colombianos muestra una realidad bastante diferente a la concepción que se percibe en materia minera, específicamente lo referente al carbón, en el exterior.

Los problemas de nuestro país en materia minera han sido muy diversos pasando por corrupción en el manejo de regalías por parte de departamentos y municipios, mala liquidación de las mismas por parte de las empresas extractoras, vinculación con grupos paramilitares -caso ya esclarecido-, elevados índices de accidentalidad en la vía al puerto, presencia de material particulado en las poblaciones por donde pasa el tren carbonero vía al mar y la más reciente polémica consistente en la ampliación de un tramo férreo en Santa Marta y la construcción de un puerto carbonero en la región insular de la turística ciudad de Cartagena.

Afortunadamente se dio una intervención oportuna de los medios de comunicación en el debate de estos proyectos, situación que en el gobierno central fue apersonada por altos mandos como el Ministro de Ambiente y el propio presidente de la República quien aseguró la no construcción de este puerto en Isla Barú, pero afirmó que no abandonará a las empresas carboneras, respuesta obvia ya que los ingresos por exportación de carbón reportan el segundo renglón después del petróleo.

Curiosa la consideración del Ministro Juan Lozano, quien ve la situación como una encrucijada entre una maldición o una redención, como van las cosas ojalá no se cumpla lo que se ha conocido en la literatura internacional como la maldición de los recursos naturales, es decir, abundantes ingresos con bajos índices de desarrollo humano-IDH-.

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