| 9/1/1993 12:00:00 AM

EL SECRETARIO GENERAL ACLARA

He leído con suma atención el artículo Los FONDOS DE LA PRESIDENCIA publicado en la edición No. 4 de la prestigiosa revista bajo su dirección. Al respecto quisiera hacerle una serie de precisiones que considero de mucha importancia y utilidad para que la opinión pública esté debida y transparentemente informada acerca de lo que el artículo mencionado denomina los fondos de la Presidencia.

La primera anotación precisamente, consiste en que no se trata de numerosos fondos, sino de un único fondo, el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social -FSES-, creado por el artículo 46 transitorio de la Constitución Política y reglamentado por medio del Decreto 2133 de 1992. A este Fondo le fue fusionado el Fondo Especial de la Presidencia, al cual se hace alusión en el artículo publicado en DINERO.

También debe quedar claro que los orígenes del FSES se remontan a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando las organizaciones sociales del país clamaron porque se crease un mecanismo ágil (le apoyo a los colombianos que viven bajo condiciones críticas de pobreza. Como resultado, el artículo 46 transitorio (le la Constitución ordenó al Gobierno Nacional poner en "funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo (le solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República". De manera que la creación y la adscripción del FSES a la Presidencia obedece a un expreso mandato constitucional.

En desarrollo del objeto constitucional que le ha sido encomendado, el Fondo adelanta cuatro Programas Presidenciales, cuya importancia y necesidad no admiten cuestionamiento alguno. El primero de ellos es el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), una iniciativa que data del gobierno Betancur y que, aunada al Programa Presidencial para la Reinserción, ha demostrado ser, no sólo un poderoso instrumento coordinador para llevar el esfuerzo estatal a las zonas de conflicto social y violencia, sino también un importante promotor de las formas de participación comunitaria, que el artículo 103 de la Constitución Política consagra como expresión concreta del principio de democracia participativa que informa a la Carta. El segundo programa del FSES es el Programa Presidencial para Medellín y su Area Metropolitana. Acerca de la importancia que ha tenido esta iniciativa presidencial en la recuperación social de esta comarca pocas dudas pueden albergarse. En cuanto al tercer programa del FSES, el Programa Presidencial para la juventud, la Mujer y la Familia, no puede dejarse de lado que éste obedece a una novedosa visión de la política social que, siguiendo los importantes desarrollos internacionales en la materia, incorpora la llamada planeación social con perspectiva de género y edad, como una herramienta para que la estrategia social del Estado responda a las necesidades y, especificidades propias de los distintos grupos de la población. Desde la Presidencia se impulsa y promueve esta visión con el propósito de que pronto tome arraigo en todas las instituciones sociales del Estado. Ciertamente, el nombre del programa puede llevar a equívocos, como aquel señalado por el artículo, en referencia a que el programa "está mal diseñado por cuanto cubre casi el universo de la población colombiana", cuando en realidad éste localiza su acción en los sectores más vulnerables de la población colombiana y que más requieren de la acción del Estado. Finalmente, el Programa de Solidaridad y Emergencia Social atiende las necesidades más urgentes de la población más pobre del país y responde a situaciones de emergencia social como aquella, por ejemplo, que sufrieron las víctimas de la violencia narcoterrorista.

Para aclarar las preocupaciones que pueda haber en torno al manejo de los recursos del Fondo, es importante recordar al país que éste es un establecimiento público del orden nacional que, como cualquier otro, goza de personería jurídica, de autonomía administrativa y de patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE. El Fondo tiene un Consejo Directivo conformado por cuatro ministros del despacho, por el Director del DAPRE y por el Director del DNI), lo cual garantiza una objetiva y eficiente asignación de sus recursos, ajena a cualquier discrecionalidad posible. No hay, pues, razones jurídicas para pensar, como lo dice el artículo, que "las fallas y abusos que pudieran presentarse comprometerían directamente al Presidente de la República, con las graves implicaciones políticas que ello conllevaría".

Adicionalmente, el FSES está sujeto a: (i) las directrices que le fije el CONPES para la Política Social como máximo organismo rector de este sector; (ii), el control presupuestal que ejerce el Honorable Congreso (te la República; (iii) el control presupuestal que ejerce la Dirección General del Presupuesto; (iv) el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República; (v) la permanente vigilancia que ejerce la Procuraduría para Asuntos Presupuestales; (vi) los mecanismos de control interno que prevé la ley y; (vi¡) las instancias de control comunitario, como son la veedurías populares, que el mismo régimen del Fondo ha definido como piezas esenciales para su operación.

Espero sinceramente que estas dudas sirvan para aclarar suficientemente cualquier inquietud o suspicacia que acaso pueda albergar la opinión pública en torno a la labor del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social o en tomo al debido manejo de sus recursos.



-MIGUEL SILVA PINZÓN,

DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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