| 7/1/1993 12:00:00 AM

DE PLANEACIÓN DISTRITAL

Como usted recordará, en el nuevo sistema de construcción (Decreto 958 de 1992) el estado no revisa los planos de los proyectos, sino que se atiene a la buena fe del constructor frente a las normas. Este nuevo procedimiento, como es natural, ha causado trastornos. El primero es que el ritmo de expedición de licencias disminuyó. Esto puede llegar a constituirse en un freno al desarrollo del sector a mediano plazo, si no hay otras causas mas poderosas que lo hagan antes, como las señaladas por DINERO. De todas maneras, la lentitud en la expedición de licencias es un problema superable por la vía administrativa. El problema mayor para el sector está siendo la reticencia del sector privado a aceptar la dosis de riesgo que el nuevo sistema conlleva. El objetivo que perseguía el gobierno nacional antes de expedir el Decreto 958 era eliminar de plano las "licencias de construcción", con un argumento muy claro: existiendo normas urbanas, bastaba con que el estado, partiendo de la buena fe y profesionalismo de los constructores, se dedicara solo a sancionar a los infractores de las normas. Este enfoque, usual en otros países, se plasmó parcialmente, pues en el nuevo sistemas el estado sí expide licencias, pero sin revisar los planos arquitectónicos: sólo recibiéndolos. Pero resulta que ahora muchos constructores y entidades financieras están solicitando que el estado revise los planos y certifique la concordancia, como requisito para iniciar obras o entregar desembolsos de crédito. El Ministerio de Desarrollo se encuentra al tanto de los problemas y ha anunciado ajustes para mejorar la operatividad de los diferentes sistemas municipales, manteniendo el marco de presunción de buena fe.



ANDRÉS ESCOBAR, DIRECTOR, DAPD



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