| 3/12/1999 12:00:00 AM

Todos tienen que poner

Todos tienen que poner
Fomentar acuerdos preconcursales y dar estímulos a quienes ayuden a reactivar compañías en problemas son las propuestas del Supersociedades para atajar la avalancha de concordatos que se avecina.



La persona que tendrá que hacer frente a la avalancha de concordatos en 1999 es Jorge Pinzón quien, a la cabeza de la Superintendencia de Sociedades, es el encargado de poner a funcionar las alertas para detectar compañías en dificultades y de crear las condiciones para que los conflictos se resuelvan con el salvamento de las empresas.



Pinzón, un abogado de 40 años con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, sabe que su labor no se puede concentrar en decretar concordatos y por eso, en su entrevista con Dinero, hace énfasis en la importancia de buscar mecanismos que permitan formalizar acuerdos preconcursales, que ayuden al salvamento de las empresas y tengan eficacia legal. Pero también va más allá. Propone la creación de estímulos que premien la colaboración y compromiso con el futuro de las empresas que tengan acreedores y deudores envueltos en un concordato.



¿Qué ha encontrado después de cinco meses de trabajo?



En materia concursal, la existencia de un mecanismo, diseñado hace tan sólo 3 años largos, insuficiente para afrontar la actual crisis empresarial, pero que tiene virtudes frente al sistema anterior. Este mecanismo debe ser revisado y podría formar parte de los instrumentos que el Estado y la comunidad utilicen para enfrentar la crisis.



¿Cuáles son las virtudes de este mecanismo frente a lo que había en el pasado?



Su principal virtud es el contraste con el sistema que involucraba a una autoridad administrativa y a las autoridades jurisdiccionales. Hoy por hoy, en los procesos concursales de todas las sociedades comerciales no hay necesidad de que los actos del superintendente vayan a la justicia como ocurría anteriormente, lo que implicaba un terrible desgaste de tiempo.



¿Hay evidencia contundente de su mejora frente al mecanismo anterior?



Antes de la vigencia de la Ley 222 del 95, uno encontraba procesos exageradamente largos como el de Agrozulia, que duró 120 meses en trámite hasta llegar a un acuerdo concordatario. Hoy, el plazo teórico es de 101 días hábiles, que representan entre 10 y 18 meses en promedio en términos reales. Pero en el país no ha cambiado la percepción del concordato como una muerte empresarial. Por mucho que mejore el procedimiento, la percepción de la comunidad no cambia. Además de la mejoría en los tiempos, otro adelanto fue la creación de la Delegatura de Diagnóstico Concursal, una oficina especializada en la materia, con herramientas interdisciplinarias no solamente jurídicas, sino de análisis económico.



¿Qué va a hacer la Supersociedades frente a la avalancha de concordatos que se avecina?



Tenemos un plan de contingencia. Aunque en el sistema actual se declaró inexequible la posibilidad de que la Superintendencia sirviera de mediadora entre acreedores y deudores, lo cierto es que lo estamos haciendo informalmente a solicitud de los deudores. Creemos que tenemos la responsabilidad de prevenir procesos que son más costosos para todos y que siguen siendo percibidos de manera negativa por la comunidad. La solución de la crisis está en la instancia anterior al proceso concordatario. La etapa previa es fundamental.







"Hay que buscar mecanismos que complementen la labor de la Superintendencia" ¿Cómo hacer para que ustedes jueguen un papel más activo para fortalecer estos preacuerdos?

Uno pensaría que el gran deudor tiene los medios para solucionar el problema, cuenta con acceso a los grandes acreedores, a la banca de inversión y a buenos abogados. Pero el deudor mediano y pequeño está en una situación distinta y, muchas veces, el primer contacto que tiene para buscar



una solución ocurre cuando ya está bastante cerca de la instancia procesal.

Por eso es importante pensar en mecanismos que complementen la función de la Superintendencia. La sociedad civil debe promover o provocar las instancias mediadoras o conciliadoras como las cámaras de comercio.



Si los acuerdos preconcursales son la mejor solución, ¿por qué las empresas terminan acudiendo al concordato?



Porque para evitarlo se tiene que hacer un acuerdo que genere una serie de certezas jurídicas y económicas. Y ahí es donde comienzan las dificultades, porque en la etapa preconcursal, a menos que se comprometan todos los acreedores, no se obtiene un acuerdo con suficiente fuerza legal.



¿Qué razones tendrían las partes para no aceptar este tipo de acuerdos?



En primer lugar, muchas veces, los arreglos son cosméticos y se firman para pasar provisiones de un período a otro, aplazando el problema. En segundo lugar, cuando hay un problema fiscal y laboral, automáticamente hay créditos preferentes. Esto le genera incertidumbre al acreedor financiero, en el caso de que el acuerdo involucre daciones en pago, porque si el día de mañana el acuerdo no funciona, no le pueden garantizar que no se va a interponer una acción revocatoria. Además, el sistema de prelación de créditos del Código Civil está pensado exclusivamente para las liquidaciones. Tiene un orden cuya lógica total se ve en un momento liquidatorio, y no cuando se quiere salvar una empresa.



Otro elemento que juega un papel preocupante es el cambio de interlocutores en la etapa negociadora, o su participación sin capacidad de decisión. Esto es grave y pasa mucho con entidades financieras. Hay que anotar que estos problemas también se presentan en los procesos concordatarios.



¿Qué se necesita para que estas propuestas se puedan llevar a cabo?



Darles eficacia a los acuerdos preconcursales. Que sea vinculante para los acreedores. Además, se debe tener un control exigente. Siendo sinceros, no todos los empresarios colombianos tienen una contabilidad adecuada y sin una buena contabilidad, no hay credibilidad. También hay que admitir que muchas veces los mismos acreedores conocen y aceptan esta práctica. Pero, ahora, el tema se ha vuelto crítico, porque nunca antes se había visto una disminución del valor de los activos tan seria como la que estamos viviendo.



En general, los procedimientos están hechos para favorecer a acreedores o deudores. ¿Cómo sería una legislación para favorecer a las empresas?



Hay que generar estímulos para que acreedores, e incluso terceros, participen en el proceso de recuperación. Terceros, por ejemplo, vía capitalización o compra. Acreedores, vía refinanciación o condonación. Para esto hay unos límites dados, como las deudas laborales y las de carácter fiscal.



En este orden de ideas, podría introducirse en la legislación la figura de un acuerdo preconcursal al cual se vinculen acreedores titulares de créditos en proporciones significativas, un 75% como en el concordato, por ejemplo, y que pertenezcan a todas las clases de créditos en una proporción de un 50% de cada clase, de manera que haya cierto equilibrio entre todos ellos. La ejecución de dicho acuerdo podría supeditarse a la publicación del mismo en la Cámara de Comercio, con el objeto de dar la posibilidad de que otros acreedores se opongan. Cualquier discusión sobre el cumplimiento del acuerdo o sobre su alcance podría encomendarse a la Superintendencia de Sociedades, en el caso de los deudores cuyo concurso es de su competencia; y en caso de incumplimiento o fracaso debería dárseles a los créditos otorgados o reestructurados en el acuerdo un pago preferencial, como el previsto para los pasivos posconcordatarios y permitirles a los acreedores que "han puesto" en el acuerdo la ejecución inmediata y extraconcordataria de las garantías que amparen esos créditos preconcursales, de modo que haya una ventaja tangible para aquellos que le han apostado al proceso de recuperación.



¿Y en la parte concursal?



Un elemento pro empresa es la separación de los administradores y la generación de un mecanismo de designación de administradores independientes de los acreedores y socios. Lo demás depende de la naturaleza de los acuerdos cuando no se ha logrado un acuerdo preconcursal.



Para la deuda fiscal, si lo que se busca es un esquema que saque a flote a un contribuyente, se pueden buscar estímulos tributarios para los acreedores que ayuden en el proceso. Es decir, que el acreedor que refinancie a un empresario pueda tener algún beneficio frente a la DIAN como reconocimiento a ese esfuerzo suyo.
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