Angela Montoya, ministra de Comunicaciones.

| 5/17/2002 12:00:00 AM

Una Agenda de primera

Con la Agenda de Conectividad, Colombia ha ganado reconocimiento internacional como uno de los pocos países donde hay una política nacional sobre el tema. El próximo Presidente debería continuarla.

Cuando se trata de llevar una economía hacia la conectividad, la responsabilidad de un gobierno es expandir el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones y lograr una masa crítica de población conectada. A la luz de ese criterio, la administración Pastrana se destaca en América Latina por su programa Agenda de Conectividad, que coloca a Colombia como uno de los pocos países del mundo que tiene una política nacional al respecto.



Por otro lado, también es responsabilidad del gobierno acelerar el desarrollo de la inversión en estas áreas. En este frente, el resultado es bastante menos favorable, pues en este momento la perspectiva de la inversión en telecomunicaciones en Colombia es limitada, salvo por los PCS. Las causas de este comportamiento no aparecieron en el gobierno actual, sino que vienen de atrás. Incluso, bajo esta administración se han planteado salidas que han encontrado múltiples problemas, como la Ley de Telecomunicaciones que ha presentado Angela Montoya, actual ministra de Comunicaciones. Los obstáculos que enfrenta esta ley sintetizan qué hay que corregir en las telecomunicaciones de este país. La Agenda de Conectividad será una de las herencias más positivas de este gobierno (ver recuadro). Se trata de un programa que cubre desde el aumento en el acceso para la población menos favorecida hasta la generación de programas educativos en distintos niveles, pasando por el fomento a la creación de empresas de tecnología de la información y la operación de todas las entidades del gobierno en internet, en un plan ambicioso que permitirá a los ciudadanos hacer transacciones con el gobierno por internet. Los programas de la Agenda consiguieron que algunas de las localidades más remotas del país entren en internet y que de un día para otro ocurran cosas que eran sencillamente impensables, como que un médico de Nazareth, Guajira, intercambie información para sus diagnósticos con colegas de Bogotá. El Ministerio de Comunicaciones asegura que no hay un asentamiento humano de más de 200 habitantes en Colombia sin acceso a un teléfono.



Pero las realidades políticas también muestran los límites de lo que se puede hacer. El nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones demuestra qué tan difícil será cambiar el rumbo hacia un marco regulatorio moderno y reactivar la inversión en este sector. El proyecto plantea un avance hacia la convergencia, es decir, hacia la entrega de licencias que permitan ofrecer toda clase de servicios por el espectro concedido, independientemente de la clase de aparatos que se empleen para el propósito. Dentro de la convergencia, todos los proveedores podrían suministrar todos los servicios (voz, datos, larga distancia, internet, etc.), en todos los aparatos (móvil o fijo).



El logro de este objetivo en Colombia presenta problemas obvios. En la década pasada, se concedieron varias licencias para servicios especializados, como larga distancia y celulares, lo que impide que otros operadores presten servicios similares y que los propietarios de estas licencias amplíen su campo de acción. Una ley que no intente cambiar ese estado de cosas tendría que limitarse a decir que la convergencia empezará cuando se venza el término de las licencias, es decir, nada cambiaría. El proyecto de Ley de la ministra Angela Montoya reconoce esta realidad, pero incluye un texto según el cual el gobierno puede negociar con las empresas que recibieron licencias en el pasado, para cambiar los términos. Esto tiene sentido práctico, pues las licencias que se entregaron pierden cada día más valor por cuenta de los avances de la tecnología. A los tenedores de las licencias les convendría en algún momento negociar un cambio en las condiciones.



En su paso por el Senado, sin embargo, la ley salió aumentada con varias condiciones que hacen que sea mejor archivar el proyecto. Apareció un texto que introdujo dos representantes de los usuarios en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Aunque fue creada hace apenas una década, la CRT ha demostrado que es uno de los activos más importantes del sector, por su independencia y su criterio técnico. La entrada de los dos representantes de los usuarios abriría el paso para que la CRT reprodujera los mismos vicios de la Comisión de Televisión y comenzara a manejar criterios políticos en sus decisiones.



Por otra parte, al proyecto de ley se le adicionó en el Senado una cláusula que prorrogaría por 20 años las licencias entregadas para televisión. Este es un auténtico "mico", sin relación alguna con el objeto de la ley. Finalmente, el proyecto eleva a norma legal todos los contratos previos, con lo cual haría imposible el movimiento hacia las licencias únicas. La ministra Montoya ha dicho que si estos tres textos permanecen en el proyecto, "al gobierno no le quedará más remedio que hundir el proyecto de ley".



El balance en comunicaciones que deja este gobierno es fundamentalmente positivo, por temas como el aporte de la Agenda de Conectividad, la conexión del país a cables submarinos, que reducirá el costo de las comunicaciones internacionales, y el inicio del proceso para el otorgamiento de PCS. La experiencia con la ley de telecomunicaciones, por su parte, muestra lo difícil que es generar cambios a favor de la mayoría cuando el proceso político está abierto a las influencias.
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