Telecom: Colapso anunciado

| 6/28/2002 12:00:00 AM

Telecom: Colapso anunciado

La empresa no tiene viabilidad y está entrando en causal de intervención. Quienes más perderían con su liquidación, son precisamente quienes podrían salvarla.

Por primera vez se está hablando en Colombia de algo que parecía imposible: Telecom podría desaparecer. La empresa estatal de telecomunicaciones, que sirvió como vaca lechera proveedora de recursos para los gobiernos durante décadas, y que se convirtió en un tótem político al margen de cualquier discusión sobre privatización, hoy enfrenta su final. Dentro de pocos meses, no será capaz de atender las obligaciones con sus acreedores. Es probable que sea intervenida y sus activos sean vendidos a los precios que el mercado quiera pagar.



Lo primero que piensa cualquier colombiano cuando se anuncia la liquidación de Telecom es que, seguramente, algo podrá hacerse para evitarlo. Hay fórmulas y salidas pues ese desenlace no tiene que ser obligatorio. Sin embargo, después de recorrer la intrincada red de actores e intereses de los cuales dependería la supervivencia, la respuesta es que la salvación de la empresa es el escenario menos probable. Esto es paradójico, porque nadie va a ganar si Telecom es liquidada y, además, quienes tienen más para perder son los mismos que, si se pusieran de acuerdo, podrían encontrar una salida. Pero, por diversas razones, no han actuado y no parece que vayan a hacerlo a tiempo para evitar el desastre.



Para encontrar una salida para Telecom, se necesitaría que el sindicato se olvidara de décadas de victorias ininterrumpidas en convenciones colectivas en las que ha obtenido privilegios extraordinarios; que las multinacionales que participaron como asociadas en los X contratos de riesgo compartido para instalar casi dos millones de líneas telefónicas cedieran en sus pretensiones sobre el retorno de su inversión; que los políticos regionales entregaran su control sobre las empresas telefónicas locales, en las cuales Telecom tiene inversión; que la administración se decidiera a tomar las medidas necesarias para liberar a Telecom de las prácticas nefastas que la llevaron a la postración; y, finalmente, que el gobierno nacional se decidiera a correr los riesgos que implica tomar la iniciativa en este frente. Es muy difícil que esto ocurra en el tiempo que le queda a la empresa.



Crisis de administración



Por primera vez en su historia, Telecom está enfrentando una inminente crisis en su capacidad para atender las obligaciones de caja. Hernán Román, presidente de la empresa, estima que el punto crítico será alcanzado el año entrante. Otros expertos piensan que podría presentarse antes de que termine este año. De acuerdo con la ley 142 de servicios públicos, cuando una empresa de este tipo deja de prestar, o amenaza con dejar de prestar sus servicios al público, hay causal para una intervención.



Dos eventos han actuado como detonantes de la crisis financiera de la empresa. Por una parte, los contratos de riesgo compartido firmados por Telecom para instalar líneas telefónicas entran en su etapa de finalización, cuando la empresa debe atender los pagos. El flujo de caja no da para cumplir estas obligaciones. Por otra parte, el pasivo pensional, unos $6 billones, implica a partir del 2005 un flujo de caja negativo, pues el fondo que se constituyó para pagarlo se agotará.



Si bien estos dos problemas desatan la crisis, la verdad es que, incluso sin ellos, la empresa estaría en problemas muy graves. Telecom viene presentando pérdidas operacionales todos los años desde 1996. Por cada peso que vende, gasta $1,34. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, incluso si no se cuentan los gastos relacionados con pensiones, el margen operacional de la empresa es de apenas 0,6%.



La crisis financiera de Telecom empezó a manifestarse varios años antes de la apertura a la competencia en larga distancia en 1998, pues el margen operacional venía disminuyendo desde comienzos de la década de los 90. El patrimonio también cae aceleradamente y hoy está compuesto fundamentalmente por valorizaciones y otros mecanismos contables. El gasto de inversión, esencial para sobrevivir en un entorno de competencia, viene cayendo cada año desde 1995.



Detrás de este deterioro de las cifras, hay una crisis administrativa de enormes dimensiones. Tiene problemas en todos los frentes: cartera, estrategia comercial, generación de nuevos productos, estructura del gasto y demás. Se estima que Telecom solo factura entre el 60% y 70% del valor de los servicios que presta. Los balances están acompañados por múltiples anotaciones por parte de los auditores. Además, las cuentas por cobrar crecen y la cartera de alto riesgo supera el 51% del total.



Todos estos indicadores son síntomas de una desastrosa cultura organizacional. "La ineficiencia de este sistema queda demostrada con la quiebra de Telesantamarta, que es propiedad de Telecom en 100%", afirma un consultor. "Hay que ser muy ineficiente para quebrar una empresa que es un monopolio". Contratistas de la empresa se quejan de la desidia y del bajísimo compromiso con la empresa que reina entre los empleados. Los presidentes de la empresa duran muy poco tiempo y la falta de controles y sistemas crea un entorno favorable a la corrupción. Por su parte, el sindicato se dedicó a extraer concesiones de administraciones no comprometidas y gobiernos débiles. Los pagos a los trabajadores equivalen a más de 10 veces el salario básico y los gastos de personal y de mesadas pensionales son el 43% de los ingresos de la empresa en el 2001. Para redondear, ser una empresa del Estado le resta posibilidades de competir, porque no puede moverse a la velocidad de la empresa privada para realizar contratos y ejecutar iniciativas. Por lo demás, mientras Telecom tuvo recursos, el gobierno central le extrajo enormes transferencias. En 1996, por ejemplo, esas transferencias fueron equivalentes al 250% de las utilidades.



El efecto de esta suma de factores, en un entorno de agresiva competencia, es que la empresa está perdiendo sus fuentes de vida. Telecom no ha superado su dependencia del negocio de larga distancia, pero tanto su participación como sus ingresos por este concepto caen aceleradamente. Los ingresos de larga distancia bajaron de $1,7 billones en el año 2000 a $1,3 billones en el 2001.



Durante los años 90, Telecom no se preparó para enfrentar la apertura a la competencia, y cuando esta llegó, tampoco reaccionó en forma adecuada. Ante la repetida amenaza de realización de paros que dejarían incomunicado al país, los gobiernos cedieron a las demandas del sindicato y permitieron que la sobrecarga de los gastos laborales creciera. Y la incursión en telefonía local por medio de los contratos de riesgo compartido, que fue la gran apuesta para restaurar la competitividad, se convirtió, a la postre, en el factor que aceleró la crisis definitiva.



Los contratos



"Los contratos de riesgo compartido hicieron por Telecom en cinco años lo mismo que el sindicato hizo en 50", afirma un analista. Las cuentas por pagar a las empresas asociadas en estos contratos son el factor que precipitará la crisis de cesación de pagos en Telecom.



Ante la inminencia de la apertura en el sector, en 1993 se decidió emprender una expansión en telefonía local, sobre la idea, aún cierta hoy, de que el acceso al cliente final otorga una ventaja estratégica a la empresa que lo tiene. Sin embargo, los números que se usaron como parámetros del negocio resultaron ser bien diferentes a los que se presentaron al final de la década. Para 1993, había la percepción de una demanda casi infinita por líneas telefónicas. El costo de una línea telefónica se acercaba a US$1.000. Hoy, en cambio, la instalación de una línea telefónica le cuesta a la ETB menos de US$400.



Puesto que Telecom no tenía dinero para invertir, se creó la figura de los contratos de riesgo compartido. Telecom aportaba su infraestructura y administraba las líneas. Al final de la ejecución del contrato, la infraestructura instalada revertía a Telecom. Entre 1993 y 1997, Telecom firmó los contratos de riesgo compartido para instalar cerca de 1'800.000 líneas. La terminación de estos contratos va de diciembre de 1999 a julio del año 2005. Los asociados esperaban una rentabilidad en dólares del 12%.



Casi ninguno de los supuestos sobre los cuales estaba elaborado el modelo del negocio se cumplió. La economía del país se cayó. Solo se instalaron cerca de 1,6 milones de líneas, y de estas dejaron de venderse 313.000. El aumento de las tarifas estuvo por debajo de los cálculos. Se instalaron líneas en estratos equivocados sin capacidad de pago. La facturación fue menor a la esperada. En síntesis, los ingresos estuvieron muy por debajo de las predicciones del modelo.



Además, hay un debate sobre por qué se avanzó tanto en la instalación de líneas, a pesar de que era evidente que las condiciones previstas en los contratos no se estaban dando en la realidad. De acuerdo con los observadores, la mayor parte de la responsabilidad sobre este punto le correspondería a Telecom. La empresa no contaba con una infraestructura adecuada para supervisar la ejecución de los contratos. Y, aparte del desorden administrativo, la Fiscalía investiga la posibilidad de que haya habido irregularidades en los contratos. De hecho, la Fiscalía citó a los ex presidentes de Telecom José Blackburn y Julio Molano para rendir indagatoria sobre los contratos.



Este resultado ha llevado a un duro conflicto entre Telecom y las compañías multinacionales que instalaron las líneas, en torno a la compensación que estas deben recibir (ver recuadro). La diferencia entre lo que se proyectó y lo que sucedió en realidad ha sido tan significativa, que gran parte de la compensación deberá ser realizada con el valor final por pagar, a cargo de Telecom. De acuerdo con la interpretación de Telecom, el pago es de unos US$800 millones, es decir, US$437 por línea. Pero las multinacionales asociadas estiman el pago en US$1.600 millones, es decir, US$904 por línea.



Este es el conflicto central en los contratos de riesgo compartido, el cual tendrá que dirimirse en tribunales de arbitramento.



Una solución



¿Hay una salida para Telecom? Un documento Conpes de diciembre del año 2001 estableció los lineamientos de una solución. La estrategia tiene tres elementos que debían resolverse simultáneamente:



1. Una reorganización de la estructura administrativa, con un plan estratégico de los principales negocios y de la planta de personal hacia el futuro.



2. Una negociación con las asociadas multinacionales en los convenios de riesgo compartido.



3. Y negociar con el sindicato mayor flexibilidad laboral y la conformación de la holding, con cinco áreas de la convención que deben ser negociadas: ingreso básico de liquidación de pensiones; beneficios extralegales a pensionados, primas extralegales, coadministración y flexibilidad laboral.



El Conpes fijó un plazo a junio de este año para que las condiciones se cumplieran. A cambio, planteó que la Nación apoyaría alternativas para dar viabilidad a Telecom. La Nación otorgaría garantías para contratar créditos por US$600 millones, para cumplir los compromisos con las multinacionales asociadas. Así, al negociar con plata en el bolsillo, el presidente de Telecom tendría más posibilidades de lograr un acuerdo con ellas.



El documento Conpes plantea la creación de una matriz que poseerá las acciones de Telecom en las teleasociadas. La matriz operará bajo régimen privado. El Conpes ordenó que Telecom venda sus participaciones en negocios como Intelsat, Comcel y AT&T Colombia, y que diseñe una estrategia para evitar que las pérdidas de la televisión pública se le adicionen a Telecom. Finalmente, pidió un estudio de las actividades que la empresa realiza a pérdida a nombre del Estado, como la atención en zonas remotas y a grupos de población de escasos recursos. La idea es que el Estado subsidie estas actividades.



Esta solución asume que Telecom no será capaz de cambiar y, por tanto, hay que llevar sus activos valiosos a una matriz que sea capaz de operar bajo los rigores de la competencia en el mercado. Si el problema de gobernabilidad no se resuelve, cualquier plata que se meta en Telecom se perderá.



La idea de crear una matriz es separar lo que funciona de lo que no funciona y alinear los intereses de admnistradores y trabajadores con los de la empresa. Telecom tiene muchos negocios que no funcionan. El negocio de datos es muy malo, pues a pesar de que hay una gran infraestructura instalada, la inversión ha sido pésimamente administrada. Genera muy pocos ingresos, sobre todo por contratos con entidades del Estado, y está perdiendo clientes.



Por otro lado, Telecom pierde terreno en el negocio de larga distancia y posee un negocio que podría tener alto valor, la telefonía local. Hay un espacio para incrementar ingresos, si las empresas asociadas en telefonía local ganan escala y actúan como una sola entidad. Las tesorerías de las teleasociadas manejan $150.000 millones de saldo en caja. Se ha estimado que las tesorerías de las teleasociadas producirían más de $12.000 millones al año adicionales, solo con coordinación y mejor gestión. Por otra parte, si la rotación de cartera de Telecom baja a 30 días, produciría $100.000 millones más en caja. Podría obtener también enormes ganancias, si lograra facturar una proporción más alta de los servicios que despacha. Otro ejemplo son las compras. Las teleasociadas invierten más de $150.000 millones al año. Si lograran un ahorro de 10% con licitaciones conjuntas, ahí habría otros $15.000 millones adicionales al año. Estos son tan solo unos cuantos ejemplos. Sin embargo, el plazo pasó y las condiciones no se cumplieron. El sindicato se negó a negociar en los términos previstos por el Conpes. Días antes y después de las elecciones presidenciales, el sindicato realizó dos paros cuyo costo se estima en $1.300 millones por día. Entre las condiciones que se negociaron para levantar el paro está la participación de dos miembros del sindicato en la junta directiva de la empresa, donde tendrán voz pero no voto. El sindicato también formará parte de un comité encargado de evaluar los alcances de los contratos de riesgo compartido, en particular en los temas de tribunales de arbitramento y liquidación. La convención también incluyó un estudio de las políticas de manejo de las líneas propias de Telecom, que tomará un año.



El porvenir



Aunque la administración de Telecom reconoce que los objetivos fijados por el Conpes no se cumplieron, defiende sus logros en estas negociaciones. Nada de lo que se negoció genera gastos adicionales para el Estado. El sindicato inició la negociación pidiendo un incremento salarial superior al 15%. El resultado final fue un aumento salarial de 5,4% ponderado. Por otra parte, en la mesa de negociación solo estuvo sentado el presidente de Telecom por parte del gobierno (si bien la Ministra de Comunicaciones estaba presente, no hacía parte de la mesa). Este es un cambio en los términos de la negociación frente a lo que ocurrió en el pasado, cuando el presidente Samper tuvo que estar sentado en la propia mesa de conversaciones. Por otra parte, se obtuvo del sindicato la posibilidad de transferir trabajadores sin su permiso.



Pero el resultado de la negociación está muy lejos de los objetivos que el Conpes había fijado para junio. A estas alturas, sin embargo, la entrada del sindicato en la junta y en el comité sobre contratos de riesgo compartido podría ser casi irrelevante, pues el saldo es tan malo que esto no empeora el estado de cosas. En la medida en que el sindicato no acepta la conformación de la matriz, la Nación no suscribirá la garantía que permitiría buscar un acuerdo con las multinacionales. Sin ella, todo se dirimirá en tribunales de arbitramento. Cuando los tribunales determinen las sumas que Telecom deberá pagar, la empresa entrará en cesación de pagos y la intervención por parte de la Superservicios será una obligación, si no ha ocurrido antes. El único tema que quedaría por discutir en la junta de Telecom es el de la forma exacta que tomará la desaparición de la empresa.



Lo sorprendente es la inercia que reduce día a día las posibilidades de supervivencia de Telecom. El sindicato no cede a la creación de una matriz, porque eso representaría un retroceso histórico en sus posiciones. Además, el pasivo pensional, su principal preocupación, tiene garantía de la Nación. Por su parte, a las multinacionales, que tuvieron una posición negociadora muy dura desde el comienzo, podría interesarles llegar a un acuerdo directo, como el que se registró entre Telecom y Siemens en el año 2001. Sin embargo, para cualquier administración es muy difícil firmar acuerdos, incluso si le ahorran a la empresa una suma sustancial en comparación con lo que se lograría en un tribunal de arbitramento, debido al temor a decisiones judiciales que establezcan responsabilidad personal junto con la obligación de responder con el patrimonio, como le ocurrió al ex ministro de Obras, Mauricio Cárdenas, en el caso Dragacol.



Si bien la Superintendencia de Servicios Públicos tiene la autoridad para tomar una decisión sobre la empresa en cualquier momento, y está lista para hacerlo, es prácticamente seguro que esta quedará para el próximo gobierno. La decisión puede ser una reestructuración de la empresa bajo la ley 550, o una intervención según lo manda la ley 142 de servicios públicos.



La entrada en ley 550 tiene la ventaja de que impone un plazo de 8 meses para que los acreedores lleguen a un acuerdo. Si bien la motivación de las multinacionales a participar será baja, pues las acreencias con ellas son precedidas en importancia por el pasivo pensional, esto le imprimiría un claro sentido de urgencia a la situación. Sin embargo, hay varios inconvenientes. Un requisito para entrar en ley 550 es que la empresa tenga acreencias no pagadas por más de 3 meses. En este momento, la condición no se cumple, pues Telecom ha estado pagando puntualmente sus obligaciones. Habría que esperar a que las deudas de los contratos de riesgo compartido se hicieran efectivas, y a que se vencieran durante más de 90 días. Otro requisito es que solo pueden ser admitidas a acuerdo aquellas empresas que, si bien han entrado en dificultades de pagos, son viables, es decir, pueden tener utilidades operativas. Aquí se abriría una discusión sobre la viabilidad de Telecom. Si bien puede llegar a un margen operacional positivo, cuando el pasivo pensional salga del balance para conformar un patrimonio autónomo, la obligación de cubrir el faltante del cálculo actuarial la llevaría a la insolvencia. Si este problema no se soluciona con recursos de la Nación, la empresa no podría entrar en ley 550, sino que pasaría a liquidación.



Por otra parte, la Superservicios puede intervenir una empresa con las facultades de la ley 142, si esta ha suspendido pagos, o se teme que pueda suspenderlos. Telecom cumple esta última condición. La Superservicios puede intervenir para administrar o para liquidar.



Esta opción tiene la ventaja de que le da al Superservicios una amplia potestad para decidir qué hará con la empresa. Tiene la desventaja de que a partir del momento en el cual se produce la intervención, el desgaste político corre por cuenta de la Superintendencia y del gobierno. Estas intervenciones han demostrado ser difíciles. En el caso de la EDT de Barranquilla, era tal el desorden que la Superintendencia tomó casi dos años para entender qué estaba pasando en la empresa. En el caso de Emcali, la Superintendencia intervino, pero ha sido muy difícil encontrar una solución definitiva para la empresa.



Para el gobierno, la disyuntiva es extraordinariamente difícil. Ante la amenaza de cesación de pagos, la intervención es obligatoria. Sin embargo, la liquidación de la empresa implica costos de todo tipo. La liquidación de los trabajadores costaría más de $1 billón, sin incluir el pasivo pensional.



Por otra parte, está el temor de las consecuencias de una suspensión del servicio, si el sindicato decide actuar para sabotearlo. A pesar de que ya no es un monopolio, las comunicaciones de buena parte del país aún dependen de esta empresa, tanto en los municipios donde no tiene competencia, como en el transporte de una parte de las llamadas que hacen los otros operadores de larga distancia. Sin embargo, Colombia no puede vivir bajo esta amenaza permanente. El nuevo gobierno tendrá una responsabilidad enorme, pues si los trabajadores vuelven a hacer paro, la defensa comenzaría por la declaratoria de ilegalidad del mismo.



Los colombianos, entonces, deben prepararse para esta fase final de su empresa estatal de telecomunicaciones. La gran pregunta es si se tratará de una larga agonía, que añada a los costos del pasado una pérdida creciente de competitividad de todas las ciudades y regiones que dependen de los servicios de Telecom (algo similar a lo ocurrido en el caso de Emcali), o si el gobierno de Alvaro Uribe tomará la iniciativa para hacer de este un caso emblemático del cambio en la forma como se resolverán los problemas estructurales del país bajo su Presidencia. Se necesitan decisiones pronto.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.