| 12/1/1995 12:00:00 AM

RELACIONES COMERCIALES CON EE.UU.<BR>Guerra fría

"Si usted dice que fue la DEA (la que está detrás del atentado a Antonio José Cancino y una supuesta conspiración internacional) a mí me suena bastante". Horacio Serpa, ministro del Interior, septiembre 281995

Rechazamos categóricamente y estamos ultrajados por las acusaciones hechas por altos funcionarios del gobierno colombiano respecto a que el gobierno de Estados Unidos está involucrado en una 'conspiración internacional' para desestabilizar al gobierno colombiano. Estas afirmaciones parecen ser un intento del gobierno colombiano para distraer la atención de las actuales investigaciones sobre narcocorrupción. Esta clase de comportamiento aterrador sólo puede tener un efecto negativo en nuestras relaciones bilaterales. Comentarios oficiales de esta clase, particularmente del staff del presidente, son extremadamente peligrosos por el ambiente que pueden crear. "

Nicholas Burns, vocero del Departamento de Estado, septiembre 281995.

"...habríamos esperado que el señor Serpa pusiera su atención en las mafias de la droga... en lugar de exponer teorías estrambóticas sobre conspiraciones... no apreciamos el escandaloso comentario del señor Serpa ".

Comunicado de prensa de la DBA, septiembre 29 de 1995.

"Los cargos hechos por este individuo en particular (Serpa) son ultrajantes y los rechazamos por completo".

Nicholas Burns, vocero del Departamento de Estado, viernes, septiembre 29 de 1995

"¿Cómo están las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en este momento?

Nicholas Bums: bueno, no son excelentes realmente. Las relaciones están tensas. Y las relaciones están tensas porque algunos miembros del gobierno y Congreso colombianos han hecho declaraciones públicas muy indiscretas las dos últimas semanas, algunas acusaciones sin fundamento sobre las actividades de los Estados Unidos concernientes a Colombia... esperamos un comportamiento maduro y profesional de algunas personas del establecimiento colombiano, y ellos saben quiénes son... nos gustaría ver un mayor grado de cooperación (en la lucha antidrogas)."

Rueda de prensa Nicholas Burns jueves, octubre 5 de 1995

"¿La cooperación que están recibiendo de los colombianos está disminuyendo en los últimos meses respecto al tema de narcóticos?

Nicholas Burns yo diría que durante el verano tuvimos un alto grado de cooperación y de buena calidad; hubo un período hace apenas un mes donde la cooperación fue muy inusual y bastante escasa, y en muchos casos no fue buena de ninguna manera... queremos ver hechos positivos".

Rueda de prensa Nicholas Burras, jueves, noviembre 2 de 1995

"P. En Colombia, hace dos días, el presidente Samper sostuvo una rueda de prensa dondefue confrontado con declaraciones de Robert Gelbard ante el Congreso, donde Gelbard dijo que había que presionar al gobierno colombiano para hacerlo mover en las iniciativas en contra de las drogas. En ese punto Samper dijo, "bueno, Gelbard es simplemente un funcionario medio y yo tengo el apoyo del presidente Clinton". ¿Algún comentario sobre esto?

Nicholas Burras: cualquiera que conozca a Bob Gelbard, que lo conozca bien, no haría un comentario así. El es un funcionario muy efectivo, muy inteligente, de muy alto nivel en este gobierno. Es el líder de los esfuerzos de nuestro gobierno, que trabaja con el presidente y el secretario de Estado tratando de colaborar con el gobierno colombiano para destruir a los carteles... Gelbard tiene la confianza absoluta del presidente y del secretario de Estado y cuando Bob Gelbard testifica, el gobierno colombiano debería escucharlo cuidadosamente, porque ese testimonio representa la política de este gobierno. "

Rueda de prensa, Nicholas Burras viernes, noviembre 3 de 1995

Declaraciones de este tenor mar can el tono de la relación bilateral Colombia-Estados Unidos. Cuando el gobierno americano emite declaraciones alabando el esfuerzo de Colombia en la lucha contra las drogas no se refiere al "gobierno colombiano" sino al fiscal Valdivieso a título personal, a la Fiscalía como institución, y a Rosso José Serrano. Cuando el fiscal Valdivieso viajó a Washington a finales de septiembre lo recibió personalmente Janet Reno, la fiscal general de ese país. Cuando viajó el ministro de justicia, Néstor Humberto Martínez, lo recibieron funcionarios de segundo nivel.

No se puede ser más claro. Las únicas instituciones o personas que le inspiran plena confianza al gobierno americano son la Fiscalía, con Alfonso Valdivieso a la cabeza, y Rosso José Serrano. Todos los comunicados de prensa se encargan de destacar la ayuda del gobierno americano en las capturas de los cayos del cartel de Cali. Porque no nos digamos mentiras: sin la cooperación de la DEA y el gobierno americano éstas no hubieran sido posibles.

EI gobierno americano fue muy sutil pero muy claro sobre la necesidad de que el fiscal Valdivieso permaneciera hasta 1998. Afortunadamente el Consejo de Estado falló a favor de los colombianos y no a favor de los narcos y los implicados en el proceso 8.000, que esta

han esperando la salida de Valdivieso en marzo para negociar después condenas mínimas. Ahora las cosas son a otro precio. Valdivieso irá hasta las últimas consecuencias con los casos de narcocorrupción que tiene entre manos. Pero ésta no es la única consecuencia fundamental de que Valdivieso se quede hasta 1998.

El hecho de que haya en el país una institución en la cual el gobierno americano ayuda a prevenir un eventual bloqueo financiero y comercial. En efecto, el país está pensando anticipadamente en los problemas que traería una eventual no certificación del país en marzo 1 de 1996.

Pero el real peligro para la actividad económica radica en una orden emitida por el presidente Clinton el 21 de octubre de este año.

La orden se llama "Blocking assets and prohibiting transactions with significant narcotics traffickers". Con poderes que datan de la guerra fría, cuando los Estados Unidos se armaron legalmente para enfrentar amenazas externas (Título 50 del United States Cede "Guerra y defensa nacional"), esta orden bloquea las actividades financieras y comerciales de cerca de 80 empresas e individuos vinculados al cartel de Cali.

El bloqueo es muy específico y selectivo en cuanto a estas compañías, pero el gobierno americano tiene facultades para extenderlo hasta sus últimas consecuencias, invocando los títulos 1601 (National Emergencies Act) y 1701 (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) y siguientes del US Code. Calificando a "significativos narcotraficantes extranjeros radicados en Colombia" como causantes de "violencia, corrupción y daño sin paralelos... a los Estados Unidos y en el exterior", el presidente Clinton procede a declarar una emergencia nacional para tratar con la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, política externa y economía de los Estados Unidos" originado en Colombia. O sea, el narcotráfico generado en Colombia es una amenaza nacional contra Estados Unidos.

Teniendo en cuenta esa amenaza, y con los poderes conferidos, el presidente Clinton procede a ordenar el bloqueo de las propiedades e intereses que tienen las SO personas y entidades anexas a la orden, en los Estados Unidos. Al mismo tiempo prohíbe a las empresas americanas tener cualquier trato comercial con esas empresas. Como lo dijo un funcionario del gobierno americano "eso significa que no se le puede vender una aspirina hecha en Estados Unidos a Drogas La Rebaja y Microsoft no puede venderle ni un paquete de software".

La lista de entidades y personas bloqueadas por la IEEPA se puede extender más adelante, y de hecho las autoridades americanas lo harán en la medida que se recoja evidencia incriminatoria hacia nuevas personas y entidades que tengan vínculos con los narcotraficantes.

En Colombia se tomó muy a la ligera la noticia, y se interpretó como que los Estados Unidos bloqueaban los activos y cuentas corrientes de empresas como Drogas La Rebaja, Laboratorios Kressfor, Inversiones Ara, etc. y de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus familias.

Pero las cosas van mucho más allá. Hasta ahora la orden de Clinton ha sido muy selectiva en bloquear a las empresas asociadas al cartel de

Cali. Sin embargo, el artículo 1702 del título 50 del US Code dice que se puede "investigar, regular o prohibir cualquier transacción en cambios internacionales, transferencias de créditos de pago entre, por, a través o hacia cualquier institución bancaria, hasta el extremo de que tales transferencias o pagos involucren intereses de países extranjeros o nacionales, y se puede también investigar, regular o prohibir la importación o exportación de moneda corriente o títulos".

En resumen, esto significa que con la aplicación de la IEEPA el gobierno de Estados Unidos puede bloquear las transacciones financieras de los establecimientos bancarios colombianos con Estados Unidos. Es por ello que ni cortos ni perezosos los intermediarios financieros le cancelaron hace quince días las cuentas a Drogas La Rebaja. Estados Unidos puede considerar que el banco X, nacional o extranjero, está negociando con el enemigo (en este caso el

narcotráfico) y bloquear las operaciones financieras en ese país. Pero esto no es todo. En el mismo artículo se dice que se puede "investigar, regular, dirigir, imponer, anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición, manutención, tenencia, uso, transferencia, retiro, transporte, importación, exportación, trato, ejercicio de poder o privilegio con respecto a transacciones que involucren cualquier propiedad en cualquier país extranjero o nacional, por cualquier persona, con respecto a cualquier propiedad, sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos". En otras palabras, Estados Unidos puede ejercer un bloqueo comercial a la compañía o persona que le parezca.

Nuevamente, hasta ahora se ha sido muy selectivo. Pero el imperio tiene las armas para apretar las clavijas cuando lo considere necesario. Y si el día de mañana se descubre que de alguna forma su empresa o usted tiene, tuvo o ha podido tener un vínculo con las personas o empresas que constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo pueden bloquear. Es más. El gobierno americano ha anunciado -incluso lo dijo el presidente Clinton en su discurso ante la Asamblea de la ONU-, que esperan que los demás países cooperen y tomen medidas similares, o sea que esperan que en la práctica los proveedores y servidores financieros colombianos bloqueen también a las empresas señaladas en la orden.

La emergencia nacional puede durar el tiempo que se requiera, hasta que se considere conjurada la amenaza. Es una espada de Damocles tendida sobre las relaciones comerciales de Colombia con Estados Unidos.

Para Estados Unidos su primera responsabilidad es proteger y asegurar la seguridad de sus ciudadanos. El presidente Clinton ordenó estudiar medidas más a fondo contra el lavado de dinero y encaminadas hacia la expropiación de activos de los narcotraficantes. O sea que la posición tiende a endurecerse.

El 22 de octubre, un día después de haber dado esta orden ejecutiva, el presidente Clinton pronunció un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas con motivo de sus 50 años. El tema central fueron las amenazas internacionales contra la seguridad mundial: el tráfico de drogas, el terrorismo, el crimen organizado y la producción de armas nucleares. Mencionó con nombre propio a países como Bosnia en ese momento en plena guerra y a Colombia, como una amenaza con

ira la paz mundial. Llamó por su nombre a una empresa colombiana, el cartel de Cali, y anunció medidas para luchar contra esa amenaza mundial. Resaltó que "con las autoridades colombianas hemos (nosotros, los Estados Unidos) dado un golpe a los carteles que controlan el mercado mundial de la cocaína".

Clinton incitó al sistema bancario a imponer medidas contra el lavado de dinero. Pidió a los países no convertirse en santuarios de delincuentes y los instó a decomisar los bienes mal habidos, aplicar la extradición o juzgarlos.

Y es aquí donde está la gran piedra en el zapato. Con la prohibición de la extradición en Colombia por vía constitucional, los Estados Unidos perdieron su principal arma contra los narcotraficantes. El gobierno americano quisiera que se reinstalara la extradición, pero sabe que por lo menos en este gobierno, y con el actual Congreso, es imposible.

Igualmente Clinton hizo un llamado en su discurso a la persecución de los carteles de la droga, a la erradicación de cultivos y disminución del consumo. Propuso la creación de una cadena de centros de investigación contra el crimen alrededor del mundo. Puntualizó, como siempre, que lo primero es la seguridad de los ciudadanos americanos. En resumidas cuentas, por primera vez el discurso del presidente

de la primera potencia mundial en frente de todos los países del mundo se centró en Colombia y el narcotráfico.

Ese mismo día Clinton se cruzó en un pasillo con el presidente Samper y se saludaron. Clinton felicitó a Samper por haber capturado a los capos del narcotráfico y antes que Samper le pudiera responder Clinton le dijo: "Excuse me, voy a almorzar un sandwich". Y se fue. Ese es el apoyo que Samper menciona cuando se refiere en términos despectivos a Robert Gelbard.

Si los colombianos creen que las amenazas a la estabilidad económica y por ende política del país están en la certificación de marzo de que el país sí colabora en la lucha antidrogas, está muy equivocado. La amenaza a la economía nacional está en que el día de mañana Estados Unidos considere que el gobierno no está colaborando en la lucha antidrogas y ejerza con plenitud los poderes de bloqueo con que cuenta en estos momentos. Hasta ahora el gobierno americano se encuentra satisfecho con algunos frentes de la lucha antinarcóticos como la erradicación de cultivos, la cual la verifican por satélite, la captura de los capos del cartel, la cual se hizo con la ayuda del gobierno americano, y con las nuevas leyes contra lavado de dinero. Ahora están esperando que las condenas a los implicados en procesos de narcotráfico sean significativas, que se les expropien los bienes (cosa en la que ya está trabajando la Fiscalía) y que el presidente Samper continúe colaborando con las autoridades americanas, a pesar de que existe el convencimiento de que hubo narcodineros en su campaña. Pero como le dijeron autoridades norteamericanas a Samper en Washington en junio de 1994, "ahora demuestre resultados en la lucha contra el narcotráfico".

P ero la procesión va por dentro. La caída de Samper es un asunto interno del país, que muchos consideran será inevitable. Puede

ser que lo desate un evento como la desertificación del país el primero de marzo de 1996. Cada vez el Congreso y el gobierno americanos son más duros en sus calificaciones respecto a la voluntad de un país en su lucha antinarcóticos, y se prevé que la certificación el año entrante será particularmente difícil, sobre todo en año electoral en Estados Unidos.

La desertificación tiene más efectos políticos que económicos. Ello significaría que se eliminan las ayudas unilaterales de Estados Unidos a Colombia, o sea que cesaría la cooperación de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, que Estados Unidos bloquearía los préstamos para Colombia en el BID y votaría negativamente los del Banco Mundial. La desertificación podría llegar a significar que el país se convierte en un paria internacional como Burma o Libia. Pero no hay que olvidar que la aplicación de la IEEPA ya es lo suficientemente grave: Estados Unidos la ha aplicado en casos como Haití, Cuba, Irak, Irán y Libia.

El presidente de los Estados Unidos o el Congreso pueden cambiar en cualquier momento la decisión sobre la certificación de un país si se dan cambios en el alto gobierno de ese país. La pregunta es qué pasará el año entrante. Hasta ahora no hay pistas sobre si a Colombia se le negará la certificación o se le dará, como este año, por interés nacional (de los Estados Unidos). La no extradición puede ser un obstáculo en la certificación.

este panorama hay que sumarle otras amenazas como la reciente baja de categoría por parte de la FAA (Federal Aviation Administration) de la operación aérea nacional de 1 a 2 que se da a principios de diciembre, calificando así a la Aérocivil como un organismo incapaz de ejercer a cabalidad su obligación de control de seguridad. Si en 120 días no se arregla la situación, la Aerocivil es degradada a categoría 3, o sea que no puede haber vuelos entre Estados Unidos y Colombia. Aunque hay que reconocer que la Aerocivil ha contratado a una firma asesora para corregir las fallas encontradas en la operación aérea, y éstas probablemente se corrijan, las aerolíneas colombianas no podrán aumentar frecuencias a Estados Unidos en época de vacaciones, no se autorizarán nuevas tripulaciones, etc., con los consiguientes perjuicios para las compañías nacionales esto no es todo. Aunque no ha

prosperado la iniciativa, y es muy posible que no lo haga, el senador Robert Dole, presidente del Senado, ha tratado varias veces, sin éxito, de colgarle un mico a alguna ley donde, argumentando que Colombia ejerce prácticas restrictivas de comercio en el acuerdo bananero con la Unión Europea, le elimina los beneficios del Atpa a Colombia y restringe las importaciones de banano colombianas a Estados Unidos. La iniciativa no ha tenido éxito porque en su país es claro que Dole fue financiado por las compañías Chiquita y Dole, comercializadoras de banano precisamente, lo que le ha valido a Roben Dole el apelativo de "Banana Republican".

M as preocupante es la investigación que está llevando a cabo el secretario de Comercio, Mickey Kantor, sobre la posible aplicación de la cláusula 301 del Trade Act, donde si se considera que un país está tomando medidas comerciales injustas y discriminatorias contra Estados Unidos, se pueden tomar represalias comerciales. Debido al caso del banano, Kantor está estudiando si se le retiren a Colombia los beneficios del Atpa. Es necesario aclarar que el Atpa es una disminución unilateral de aranceles sobre productos colombianos por parte de Estados Unidos, que beneficia particularmente a los floricultores. Si se elimina, las flores colombianas tendrían que pagar un 8% de arancel, cuando en este momento entran en forma libre.

No sólo el ejecutivo puede eliminar los beneficios del Atpa, sino que también lo puede hacer el Congreso. De ahí la misma iniciativa de Robert Dole en el Congreso. Kantor puede considerar que los pactos bananeros de Colombia con la Unión Europea son discriminatorios contra Chiquita y Dole (firmas americanas) y, en consecuencia, aplicar represalias comerciales. Sería la primera vez que se usa la 301 en el caso de productos comercializados, no producidos, por Estados Unidos. En el pasado se utilizó contra los carros japoneses, por ejemplo, que competían con la industria americana. La verdad es que Kantor no está muy entusiasmado con la iniciativa de Robert Dole, sobre todo si se tiene en cuenta que Kantor es un político demócrata que aspira a ser el jefe de campaña de la reelección de Clinton, lo que puede tranquilizar a Colombia por el momento a este respecto.

Pero existen otros instrumentos que pueden tener repercusiones comerciales sobre Colombia, como la reforma hecha al Foreign Assistance Act en 1994, donde se dice que si comprueba corrupción en un gobierno del nivel de viceministros hacia arriba, se pueden tomar represalias comerciales y bloqueos en los créditos de la banca multilateral. En este sentido el testimonio de Guillermo Pallomari será fundamental, porque puede implicar a altos personajes del ejecutivo que formaron parte de la campaña liberal colombiana, y en caso dado, Estados Unidos podría llegar al extremo Pele utilizar represalias comerciales, financieras, de otorgamiento de visas, suspensión de ayuda militar y humanitaria, etc., contra Colombia. Sería la primera vez que se aplicaría esta enmienda. os colombianos tienen que darse cuenta de que las relaciones bilaterales comerciales están en peligro. El clima de inversión necesariamente se deteriora si pende la espada de Damocles de posibles represalias y bloqueos financieros y comerciales por parte de Estados Unidos. Colombia no es un asunto importante en Washington ahora, pero lo será, y mucho, el año entrante, en plena campaña electoral. El tema de Colombia como socio comercial con Estados Unidos es mínimo al lado del asunto de la droga. La inversión norteamericana en Colombia representa el 60% del total de la inversión extranjera. Las importaciones provenientes de Estados Unidos son el 37% del total de importaciones colombianas (sigue Venezuela con el 10%). Las exportaciones de nuestro país se destinan en un 34% a Estados Unidos (sigue Alemania con 8%). Simplemente Colombia no puede darse el lujo de pelear con Estados Unidos. Sería un suicidio.

El imperio conoce su poder y cuida el ejercicio del mismo. Estados Unidos le pide a Colombia que colabore en la lucha contra el

narcotráfico y hasta ahora el gobierno ha cumplido, asfixiado porque el presidente es consciente de las consecuencias de no hacerlo. Pero hay elementos que rodean al presidente que no parecen entender esto y les costará el puesto. Es el caso de Serpa que sale próximamente del Ministerio del Interior, premiado con una embajada.

Estados Unidos reconoce que la principal amenaza desde el punto de drogas es la cocaína y que el 80% de la coca que llega a ese país viene de Colombia. Nuestro país exporta el 75% de la cocaína a nivel

mundial. Los colombianos se quejan de la imagen del país en el exterior. Pero infortunadamente esa imagen es reflejo de la realidad. Es duro admitirlo, pero es así. Es el país más violento del mundo, debido en parte a la violencia generada por el narcotráfico, y el primer productor mundial de drogas. No se puede proyectar una imagen diferente a la verdadera.

Robert Gelbard considera que es más efectivo luchar contra el narcotráfico en su país de origen. Reafirma que la captura de los capos fue con ayuda norteamericana. Lo único que esperan de Colombia es que siga la colaboración, y una señal de ello es la permanencia del fiscal Valdivieso. Una medida como la cancelación o no renovación de visas, un bloqueo comercial o financiero, tendrían consecuencias inmediatas sobre la permanencia de Samper en el poder y él lo sabe perfectamente. Con este gobierno es claro que no habrá extradición, pero Estados Unidos es consciente de la dificultad política de restablecerla. Mientras tanto confían en que la Fiscalía y el sistema judicial colombiano apliquen penas significativas a los capos y a los implicados en el proceso 8.000.

Mientras tanto los EE.UU. están buscando autoridad adicional para sancionar a los gobiernos que cooperen con el crimen internacional organizado, con el lavado de dinero y con los países que sean permisivos con el narcotráfico. Pueden venir medidas más duras que la IEEPA. El imperio tiene todas las facultades que le otorgó la guerra fría y el triunfo en la misma. El futuro comercial de Colombia depende de las decisiones que tome Estados Unidos.
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