| 4/23/1999 12:00:00 AM

Para salir de la crisis financiera

En medio de una calma engañosa en los mercados, la crisis de las entidades financieras avanza velozmente. Hay salidas, pero el gobierno tiene que actuar sin más vacilaciones.

A veces podría parecer que la crisis financiera ha entrado en hibernación. Al fin y al cabo, cinco meses después de la declaratoria de la Emergencia Económica no se han tomado medidas espectaculares ni han sido intervenidos más bancos. Pero debajo de esta aparente calma, el problema sigue vivo y es más grande cada día. En septiembre de 1998, el déficit de capital de los bancos valía cerca de 5 puntos del PIB. Para febrero del 99 valía 7,3% del PIB, y para finales de año podría ubicarse entre 10% y 13% del PIB. Cada seis meses, el sector financiero está generando un hueco de capital, cuyo tamaño se acerca al del déficit fiscal de la Nación.



Esto ocurre en medio de una escena económica sorprendentemente calmada, que luce bien diferente de la que teníamos en octubre de 1998. La tasa de interés de captación baja velozmente, hay abundante liquidez y ya no se ven bancos tomando dinero en el mercado interbancario al 90% con tal de sobrevivir una semana más.



Pero si bien el impuesto del 2 x 1.000 enfrió el mercado extrabancario y la mayor liquidez entregada por el Banco de la República ha permitido la baja en la tasa de interés, la situación del sector financiero no hace sino empeorar. Las pérdidas reportadas en 1998 se elevan en cerca de 40% una vez que se incorporan las provisiones que dejaron de hacerse en el primer reporte presentado a la Superbancaria. Las pérdidas de las entidades privadas aumentaron en cerca de $300.000 millones frente al reporte inicial. Y la tendencia no mejora, pues el ritmo de acumulación de pérdidas del primer semestre de este año es bastante parecido al del segundo semestre del año anterior, que fue históricamente malo. La calidad de la cartera se deteriora, las provisiones son insuficientes y las entidades no están aplicando inyecciones de capital que necesitan con urgencia.



Mientras el sector se encuentre en esta situación, no será posible que la economía se reactive en forma sostenible y, por el contrario, la crisis financiera es un factor que profundiza la recesión. Lo que está en juego, si no se actúa rápidamente y con toda la decisión necesaria, es el potencial de crecimiento de la economía en el próximo lustro.



Está en juego el potencial de crecimiento de la economía hacia el próximo lustro.



La espiral de deterioro



Para que las entidades financieras salgan de su crisis tienen que crecer con base en créditos buenos, cuyos ingresos permitirían enjugar las pérdidas de los créditos malos concedidos atrás. Pero esto no está ocurriendo. Mientras la cartera bruta del sistema crece al 2,4% en 12 meses, la cartera vencida crece al 11%. La suma de cartera vencida, provisiones y bienes recibidos en pago se acercaba en febrero al 14% de la cartera total (en algunos estudios académicos, un nivel del 10% es suficiente para considerar que un país ha iniciado oficialmente su crisis financiera). La exposición del sistema al riesgo aumenta día a día y los activos improductivos ya se acercan al 140% del patrimonio. El peso de la deuda mala también está comprometiendo la liquidez del sistema.



La magnitud se entiende mejor al considerar que el 68% de los activos del sistema financiero están ubicados en 76 entidades que dan pérdidas. Aún más grave, el 46% de los activos totales están en 16 entidades que ni siquiera cubren sus costos de captación. Sólo el 17% de los activos están en 13 entidades que dan utilidades verdaderas.



El riesgo del sistema sigue aumentando. En la medida en que la cartera vencida crece más rápido que la cartera bruta, la estabilidad de las entidades está siendo minada. Además, si bien los bancos deberían provisionar la cartera vencida cuando crece, se han abstenido de hacerlo al ritmo que deberían. Muchas entidades incluso reversan la provisión cuando reciben un bien dado en pago, algo que no deberían hacer sin antes haberlo vendido en el mercado para ver su precio real.



La pregunta de fondo es, ¿cuál es el monto de capital que necesitan las entidades para asumir los costos del problema en que se encuentran? Dinero estimó esta suma, por medio de un ejercicio que toma el capital reportado por los bancos, le suma los bonos convertibles en acciones y un 50% de las valorizaciones (suponiendo que el otro 50% nunca se materializará), y le resta el 50% de los activos no recuperables representados por la cartera vencida, los bienes recibidos en pago y las valorizaciones. El resultado es que el faltante de capital del sistema, que en octubre de 1998 era del 4,5% del PIB, aumentó a 7,5% del PIB en febrero de 1999 y podría ubicarse entre 9,6% y 13,2% del PIB a finales de este año. Las necesidades de capital nuevo para el sistema financiero crecen a un ritmo de casi $700.000 millones al mes, unos US$500 millones. Si en lugar del 50% se recupera una proporción aún menor de los activos improductivos, como creen muchos, el tamaño del déficit se incrementa rápidamente.



Estos montos son lo que se necesitarían para apuntalar a las entidades financieras. Este cálculo no es el costo económico de una crisis financiera, el cual debería incluir la pérdida de crecimiento del país. Considerando la experiencia internacional, no es aventurado suponer que el costo total de la crisis para el país podría estar cerca del 15%, si no se logra corregir el rumbo.



En busca de la salida



El tiempo corre. Para hallar la salida, el punto central es encontrar qué hacer con los activos improductivos. Bajo este nombre genérico se clasifican los errores del pasado en los bancos: los préstamos que no están produciendo ingreso porque los deudores no pagan, los bienes recibidos en lugar del pago, las inversiones que no dieron fruto, las provisiones que deben dejarse en el balance para contrarrestar el impacto de lo anterior...



En febrero de 1998, eran equivalentes a casi el 17% del total de activos del sistema. Los activos improductivos son el principal obstáculo que debe ser resuelto para que el sistema vuelva a la normalidad. Aunque las tasas de captación (el DTF) han bajado, las tasas activas descienden mucho más lentamente porque los bancos necesitan usar esta ampliación del margen financiero para enjugar pérdidas. Las entidades financieras no los sacan del balance para no tener que poner las provisiones. Además, llevan a las entidades a evadir todos los riesgos posibles, porque su margen de error se ha reducido al mínimo. Así, restringen el acceso al crédito para las empresas justo cuando éstas más lo necesitan.



El gobierno tiene dos formas para sacar los activos improductivos del camino. La primera es obligar a los accionistas a capitalizar o, si esto no es posible, guiar la salida de entidades del sistema por la vía de la liquidación o mediante una "operación acordeón", en la cual el Fogafin entra como dueño y el valor de cada acción de los antiguos propietarios se reduce a un centavo.



Otra forma es dividir cada entidad financiera en un "banco malo", que acumula la carga improductiva, y un "banco bueno", que es capaz de crecer y cumplir su misión de canalizar el crédito. El banco malo es adquirido por una entidad aparte, que puede ser de propiedad de los mismos accionistas de los bancos, o también puede pertenecer a terceros. La misión de esta entidad es vender en algún momento los activos cedidos, ojalá con un beneficio.



Las opciones se ilustran en el cuadro superior. Lo que está en juego no es solamente si los activos improductivos se separan del resto. También se define, y esto es muy importante, si las pérdidas las asumen los propios accionistas y depositantes o si también van a implicar a los contribuyentes. En la operación acordeón hay un elevado potencial para la socialización de pérdidas, porque el capital de los accionistas originales se reduce a su mínima expresión y Fogafin se queda como dueño y administrador de la entidad. La gestión y las eventuales pérdidas a partir de allí se financian contra su presupuesto.



En la figura de la liquidación, entre tanto, pierden los accionistas y los depositantes, pero no los contribuyentes.



Las opciones de la primera fila del cuadro sirven, además, en épocas de problemas puntuales, pero no pueden ser la fórmula en una situación de crisis generalizada. En este caso, la separación de activos improductivos en gran escala se hace indispensable.



Cuando se separan los activos y los accionistas de la sociedad colectora son diferentes de los dueños del banco (esquema que se planteó en la Emergencia y fue rechazado por la Corte Constitucional), es necesario que el comprador reciba un subsidio.



Los bancos no están dispuestos a vender el bien a los precios del mercado, porque tendrían que registrar una pérdida frente a su valor en libros. Fogafin paga el subsidio que hay que darles a las colectoras para que compren los activos malos, con los recursos de los contribuyentes.



Si los accionistas son los mismos dueños de los bancos no hay subsidio, siempre y cuando el préstamo para la compra de los activos tenga una excelente garantía de los dueños de los bancos, que permita asegurar la totalidad del préstamo. El gobierno está creando una fórmula en la cual Fogafin les presta a empresas de propiedad de los mismos accionistas de los bancos (la Corte prohibió prestarles los recursos del 2 x 1.000 a las sociedades colectoras de propiedad de terceros, si bien esta restricción podría eliminarse por medio de una ley). El préstamo no se hace en dinero, sino en papeles que serán descontables en el mercado, que se entregan por el mismo valor al cual los activos improductivos están registrados en libros. Como garantía, los deudores entregan sus acciones en las entidades en las que se hace la operación.



Esta idea tiene ventajas y desventajas frente a lo que se planteaba en la Emergencia. Como desventaja puede anotarse que cuando las colectoras pertenecen a terceros, Fogafin delega en ellas la valoración de los activos improductivos. En cambio, cuando son los mismos accionistas de los bancos, Fogafin asume la tarea de valorar el riesgo de pago que presenta cada entidad.



Pero también tiene ventajas. Suponiendo que Fogafin valora bien el riesgo de las entidades a las que les presta, la principal fortaleza está en que compromete mucho más a los banqueros con el éxito de la operación. Si no funciona, ellos habrán perdido sus acciones en el banco. Ahora bien, si el riesgo está mal calculado y el banco fracasa tras la operación, Fogafin se quedaría con unas acciones que no necesariamente cubrirían el valor de los activos improductivos.



Además, puesto que los recursos de Fogafin no son ilimitados, la operación no puede hacerse con todas las entidades en problemas. Fogafin tendrá que escoger dónde sus recursos rendirán los mayores rendimientos para la sociedad. No debería prestarles a aquellos dueños que tienen el dinero suficiente para limpiar los activos improductivos de sus entidades pero que, por distintas razones, se han abstenido de hacerlo. La responsabilidad de capitalizar tiene que seguir en cabeza de ellos. Por otro lado, tampoco tiene sentido prestarles a aquellas entidades en las que los activos improductivos son una proporción demasiado elevada del total de activos, porque en ese caso la garantía que pasa a manos de Fogafin sería insuficiente. Si sus dueños no tienen cómo asumir la capitalización, estas entidades deben salir del mercado por medio de algún mecanismo.



Los créditos de Fogafin deben concentrarse, entonces, en las entidades que están en un rango intermedio, en las cuales la proporción de activos improductivos no es demasiado grande y los dueños tienen capacidad de capitalizar en alguna proporción. Identificar estas firmas va a ser una tarea que exigirá toda la capacidad técnica del Fondo.



La reestructuración de cartera



La liberación de activos improductivos permite sanear la operación de las entidades. Para evitar que las operaciones crediticias que quedan en la institución renovada también se dañen, en especial si el contexto de la economía continúa siendo débil, hay que facilitar las condiciones para la reestructuración de cartera, en un esquema flexible de negociación. Los modelos de reestructuración son básicamente dos: la reprogramación y la conversión de las deudas en capital.



La reprogramación de créditos puede hacerse en unidades indexadas a inflación, haciendo pagos crecientes de intereses y conformando flujos de pago más acordes con los proyectos. Este episodio de reestructuración se podría utilizar para impulsar un modelo en el cual también sea posible financiar proyectos con papeles de largo plazo. Sería oportuno aprobar la exención de retención en la fuente para este tipo de papeles que se quedó colgada cuando se aprobó la más reciente reforma tributaria.



En cuanto a la conversión de deuda en capital, las entidades financieras terminarían vinculadas más directamente a la propiedad de las empresas viables, como postula el modelo alemán. Los pros y contras de esta posibilidad, que genera un debate muy fuerte en nuestro país, con toda seguridad estarán en el primer plano de la atención en los próximos meses.



La capitalización



El resultado de la separación de activos irá de la mano de lo que ocurra con la capitalización de entidades. Con activos improductivos liberados y deudores en capacidad de pagar, el paso final es la intervención individual sobre entidades financieras, para facilitar la consolidación de entidades viables y acelerar la desaparición de entidades no viables. Mientras en el pasado se ha creído, y la legislación vigente así lo establece, que la desaparición de entidades puede ser inconveniente para el mercado financiero, la nueva visión recomienda a las autoridades aplicar la eutanasia financiera a entidades privadas y públicas que hayan perdido su viabilidad.



En el caso privado, más allá del modelo del acordeón, es recomendable que las autoridades estimulen la capitalización de entidades viables y faciliten la desaparición de las varias docenas de entidades que claramente han dejado de ser viables y que no cuentan con socios en capacidad de responder y capitalizar.



Por otro lado, el manejo de las entidades públicas tiene que separarse del resto. Estas entidades representan el 30% del hueco por financiar en este momento, aunque sólo tienen el 14% de los activos totales del sistema financiero. La Corte Constitucional permitió que los mecanismos de las colectoras se apliquen en su caso y que los recursos del impuesto del 2 x 1.000 se canalicen hacia ellos.



El cambio del modelo de intervención resulta más necesario y urgente, sin duda, para estas entidades. Más que insistir en mantener instituciones hoy bajo causal de liquidación, o en soñar con que es posible arreglar las instituciones antes de venderlas como lo ha sugerido repetidamente el ministro Juan Camilo Restrepo, las autoridades tienen que darse la pela de cerrar todos los bancos públicos, sin excepción. Puesto que el procedimiento de liquidación de entidades no resulta muy ágil en nuestro medio -aún hay entidades financieras que 15 años después no han terminado de ser liquidadas- lo más conveniente es marchitar estas instituciones sin permitirles negocios nuevos y forzando el cierre de sucursales, para vender sus activos de valor, antes de que lo pierdan del todo.



El futuro



El país se encuentra en un momento crítico en el manejo de su crisis financiera. La calma de los mercados debe aprovecharse para tomar medidas que despejen las dudas sobre el manejo de la crisis. Nada sería peor que entrar en una nueva fase de turbulencia en los mercados de dólar y dinero con los mismos problemas que hace seis meses, pero magnificados en su tamaño.

La bomba del sector financiero se constituye hoy, sin duda, en el principal reto que la política pública enfrentará para orquestar la recuperación de la economía. Reto más urgente, incluso, como lo sugería Carmen Reinhart en su entrevista para Dinero (edición 65) del año anterior, que la solución del problema cambiario.



Para recuperar la iniciativa, el gobierno debe concentrar sus decisiones en dos frentes. El primero es el fiscal. La financiación del hueco financiero desplaza inevitablemente otros posibles gastos del Estado y por ello, el gobierno debe aprovechar el período de discusión final en el Congreso para reducir más el gasto público previsto en el Plan de Desarrollo y prever recursos públicos mayores para el salvataje financiero.



También debería planear estímulos fiscales que faciliten la movilización de recursos necesaria para el saneamiento del sector. La iniciativa más importante sería la conformación de un papel de deuda pública de mediano plazo -¿a 5 años?-, que conduzca a la financiación de Fogafin para sus nuevas tareas y que resulte totalmente exento de impuestos y retención en la fuente. Sólo con estímulos al ahorro es factible financiar sanamente esta difícil operación. El Congreso podría estudiar algunos estímulos tributarios que faciliten la revalorización de activos y la reestructuración de cartera, siempre y cuando estén asociados con la menor distribución y mayor reinversión de las utilidades de empresas y entidades financieras.



El segundo campo de iniciativa pública es la legislación financiera habilitante de estas medidas. El gobierno tiene entre sus manos el Plan de Desarrollo y la ley de Reforma Financiera para incorporar en la legislación ordinaria aquellos elementos de la Emergencia Económica que la Corte Constitucional declaró inexequibles por no tener aparente conexión con la situación de poblaciones o sectores afectados por la crisis financiera.



La iniciativa más importante sería la conformación y financiación de las sociedades movilizadoras de activos, que no permitió la Corte para el caso de daciones de vivienda en pago. También resultarían muy importantes unos pocos artículos de legislación ordinaria que faciliten la salida de entidades financieras, en especial públicas, y agilicen aún más las reestructuraciones de cartera, en complemento de la iniciativa sobre acuerdos preconcursales que prevé el artículo 47 del actual proyecto de ley del Plan.



Hay poco margen para equivocarse: la discrecionalidad burocrática o la imaginación populista pueden acelerar aún más el deterioro y hacer la recuperación muy larga y costosa. La movilización de activos, la reestructuración de cartera y el cierre de entidades serán los temas dominantes del debate financiero durante los próximos meses. Pero es fundamental que esos debates se salden pronto para que podamos pasar a la acción. No queda tiempo para perder.
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